El Gobierno aprueba un complemento a la maternidad para cerrar la brecha de género en las pensiones

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un complemento de maternidad para reducir la brecha de género que existe entre las pensiones de mujeres y hombres. Según ha explicado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y constatan diversos estudios, a partir del nacimiento del primer hijo se produce un perjuicio salarial para las madres.

En este sentido, las personas que acrediten este perjuicio, ya sea la madre o el padre, podrán reclamar esta compensación. Según ha explicado Escrivá, en el 98% de los casos, las beneficiarias serán mujeres.

Este complemento se mantendrá mientras la brecha de género de las pensiones, actualmente en el 30%, se reduzca hasta el 5%. La cuantía asciende hasta casi los 400 euros anuales por hijo. Se reconocerá a partir del primer hijo que dará acceso hasta casi 30.000 mujeres más. Hasta ahora, el complemento se reconocía a partir del segundo hijo y era únicamente para la madre, un aspecto que los tribunales han considerado discriminatorio.

Ingreso mínimo vital

Además, el Gobierno ha flexibilizado los criterios de acceso al ingreso mínimo vital, para que esta medida llegue a más colectivos vulnerables. Según ha explicado Escrivá, la definición de "unidad de convivencia" dejaba fuera a personas con residencia itinerante, por lo que se ha ampliado para dar cabida al sinhogarismo, los temporeros o personas que viven en asentamientos.

Según los cálculos de Seguridad Social, unas 60.000 peticiones del ingreso mínimo vital no han sido concedidas por incumplir la acreditación de la unidad de convivencia. Ahora, podrán acreditarse situaciones excepcionales certificadas por servicios sociales y entidades colaboradoras.

Otras medidas

El Consejo de Ministros también ha aprobado que se facilite la contratación de profesionales sanitarios retirados de la vida activa haciendo compatible la pensión de jubilación con la actividad.

Además, las prestaciones causadas por profesionales sanitarios y sociosanitarios que han contraído el virus en el ejercicio de su profesión, pasan a ser consideradas enfermedad profesional.