España ahora mismo gasta el 10,9% del PIB en pensiones, un porcentaje muy superior al 8% que emplean de media los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). E irá a peor: el envejecimiento de la población, con la jubilación de la generación más voluminosa de la historia de España, la de los baby boomers, va a provocar un serio problema alrededor de 2050 a menos que la reforma de las pensiones que plantea el país sea efectiva.

Por eso, la OCDE piensa que deben tomarse medidas de forma urgente, más allá de las más sonadas, que incluyen acercar la edad de jubilación legal a la edad legal, aplicar el mecanismo de indexación y el factor de sostenibilidad, revisar las bases máximas de cotización o desincentivar la jubilación anticipada, entre las que estaría potenciar que los empleados trabajen desde casa.

¿Puede ser el teletrabajo parte de la solución del problema de las pensiones? En su informe Estudio Económico de España, publicado este jueves, el club de países así lo sugiere. En él, señala que la ley del teletrabajo española da flexibilidad a los empleados y que hay pruebas que demuestran que los empleados mayores que tienen acceso a esta opción de trabajo en remoto, así como a horarios flexibles, tienden a retrasar su edad de jubilación, como ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos.

En España, hoy por hoy los datos ya demuestran que los que tienen más de 55 años tienden a elegir teletrabajar más que los que tienen entre 15 y 24, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

"Por eso, la nueva ley del teletrabajo de septiembre de 2020 es bienvenida, porque crea flexibilidad alrededor de las condiciones de trabajo", recoge el estudio que presentó este jueves su secretario general, Ángel Gurría. "Las políticas para extender las vidas laborales deberían ir acompañadas de medidas para aumentar los incentivos para los trabajadores mayores y su habilidad para permanecer en el mercado de trabajo", señala también.

Teletrabajar puede animar a alargar la vida laboral

Además, los datos apuntan a que el 30% de los empleados españoles podrían teletrabajar al menos ocasionalmente, pero no lo hacen, según el Banco de España. En 2019, antes de la pandemia, solo el 8,4% teletrabajaban de forma esporádica.

Al menos, el porcentaje es mayor que en 2009, cuando era del 6%, pero demuestra que aún hay margen de mejora que permita que los asalariados españoles hagan parte de su semana laboral desde casa, algo que puede animarles a trabajar algunos años más de lo inicialmente previsto para tener mejores pensiones. La media europea supera el 15% de teletrabajadores, y hay países, como Luxemburgo, Finlandia, Países Bajos o Suecia que superan el 30%.

Esta sería una manera de conseguir la prolongación de la vida laboral una vez cumplidos los períodos de cotización correspondientes, una manera de alargar la vida laboral y de conseguir que la edad promedio de salida del mercado de trabajo, que en 2018 fue de 61,7 años, suba a niveles algo más similares a la media de 64,6 de la OCDE. Otra de las opciones que contempla es vincular formalmente la edad legal de jubilación a la esperanza de vida, como es el caso de Dinamarca, Finlandia y Portugal. 

El problema es que la tasa de dependencia de la tercera edad va a duplicarse de aquí a 2050, lo que aumentará las presiones sobre la sostenibilidad fiscal del país. En concreto, si España no aplica el mecanismo de indexación y el factor de sostenibilidad, que se contemplaron en la reforma de las pensiones de 2013, pero cuya implementación se suspendió en 2018, eso llevaría a un aumento del gasto del PIB del 11,9% al 15,1% en 2050.

En su informe, la institución también ha actualizado sus previsiones de crecimiento para España: en 2020, estima que el PIB español alcanzará el 5,9% (frente al 5,7% que esperaba en marzo) y en 2022, el 6,4% (frente al 4,8%). En cuanto al paro, lo sitúa en el 15,4% en 2020, descendiendo el próximo año hasta el 14,7%, dato que sigue estando por encima del 14,1% que se registró en 2019. El déficit, según la OCDE, cerrará este año en el 8,6% del PIB, frente al 11% de 2020, para reducirse al 5,4% en 2022, mientras que la ratio de deuda pública, que alcanzó el 120% del PIB en 2020, apenas bajará este año al 119,7% y hasta el 117,4% un año después.

Por otro lado, la OCDE también ha pedido al gobierno que priorice la construcción de vivienda social por encima de otras medidas como el control de los precios del alquiler, asegurando que España tiene una de las regulaciones para alquiler de vivienda más estrictas de todo el organismo. También cree que un mayor control de alquileres podría afectar a la movilidad de inquilinos, rebajar la oferta de vivienda en alquiler y todo ello "sin beneficiar necesariamente a aquellos hogares de mayor necesidad".