El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, en una de sus últimas visitas a España.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha valorado este jueves que España no debería anunciar una reforma fiscal hasta que la recuperación económica no esté "bien encarrilada", pero, a la vez, remarca la necesidad de abordar ese plan y de que este incluya a todos los niveles de la administración.
El club de países lo recoge así en su último estudio económico sobre España, publicado este jueves, en el que expresa que España debe "mantener una política fiscal expansionista hasta que la recuperación esté encarrilada, prolongando las medidas de apoyo pero también haciéndolas más focalizadas". Al mismo tiempo, valora que "cuando la recuperación esté bien encarrilada" es necesario "anunciar un plan plurianual de consolidación fiscal que incluya a todos los niveles de la administración".
En el mismo texto, advierte de que sin tener en cuenta los efectos del envejecimiento de la población, la deuda pública española bajaría al 116% del PIB en 2050, pero contando con ellos, la deuda subirá al 171% del PIB si no se toman medidas. Asimismo, la institución mejora la previsión de crecimiento al 5,9% este año (frente al 5,7% que esperaba en marzo) y al 6,4% en 2022 (frente al 4,8%).
El estudio proyecta que el PIB español se recuperará a partir de la segunda mitad de 2021, gracias al despliegue gradual de las vacunas que permitirá liberar el gasto acumulado al tiempo que el turismo se recupera gradualmente, aunque subraya la elevada incertidumbre que rodea estas perspectivas. En cuanto al paro, lo sitúa en el 15,4% en 2020, descendiendo el próximo año hasta el 14,7%, dato que sigue estando por encima del 14,1% que se registró en 2019.
El déficit cerrará este año en el 8,6% del PIB, según la OCDE, frente al 11% de 2020, para reducirse al 5,4% en 2022, mientras que la ratio de deuda pública, que alcanzó el 120% del PIB en 2020, apenas bajará este año al 119,7% y hasta el 117,4% un año después.
Contener los retos fiscales
"Para que la recuperación sea duradera es preciso impulsar el empleo y, al mismo tiempo, contener los retos fiscales a medio plazo", establece, en una clara referencia (sin nombrarla) a la reforma fiscal anunciada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La también portavoz del Gobierno aseguró en un primer momento que algunas figuras tributarias podrían modificarse ya de cara a los presupuestos de 2022, aunque después suavizó esos plazos, como recogió en el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea, que dará acceso a los 140.000 millones de fondos europeos para salir de la crisis del Covid.
La reforma fiscal busca conseguir acercar la presión fiscal de España a la media europea, inferior entre 7 y 8 puntos del PIB. Para ello, pretende subir el impuesto de Sociedades y dos que están cedidos a las comunidades autónomas: el de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones, pero todo dependerá de las conclusiones a las que llegue el comité de expertos que ha convocado Hacienda para esta tarea.
El organismo que preside Ángel Gurría valora que la política fiscal respondió de una forma "rápida y eficaz" a la crisis pero advierte de que sigue existiendo "mucha incertidumbre" sobre el ritmo de la recuperación, así como que los efectos de la crisis varían entre sectores, empresas y trabajadores.
"Sin una estrategia creíble de consolidación a medio plazo que permita encauzar la deuda pública en una trayectoria descendente y sostenible una vez consolidada la recuperación, podrían aumentar los riesgos para la sostenibilidad fiscal", alerta.
ERTE, temporalidad, pensiones
Sobre el empleo, valora que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) limitaron el acceso al paro, por lo que "es posible" que sea necesario reasignar a algunos de esos trabajadores a otras empresas y sectores. También cree que son "positivas" las ayudas directas recientemente aprobadas a empresas que están en dificultades por la pandemia (y que estas aún no han recibido, algo que está en mano de las comunidades autónomas). En ese sentido, remarca la necesidad de "garantizar el pronto desembolso" de esas ayudas e incrementar los fondos "si fuera necesario".
A la vez, opina que la rápida reestructuración de empresas viables pero con problemas temporales podría evitar su liquidación, pero advierte de que la "saturación de los juzgados" puede "dilatar este procedimiento".
Asimismo, alerta de otros problemas: que el envejecimiento de la población va a continuar presionando el sistema de pensiones (por lo que hay que garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema, subraya) y que la brecha entre la edad media de salida del mercado laboral y la edad de jubilación es grande (por lo que hay que vincular la edad de jubilación con la esperanza de vida al jubilarse y desincentivar la jubilación); que el uso de contratos temporales es elevado, y que las subidas del salario mínimo podrían perjudicar a grupos vulnerables porque no se han aplicado de forma gradual.
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