Economía | Hacienda Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

La subida de impuestos de Montero no llegará hasta 2023

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, firma un documento en Palma de Mallorca, Islas Baleares.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, firma un documento en Palma de Mallorca, Islas Baleares. Isaac Buj / Europa Press

El Gobierno ha decidido atrasar hasta el primer trimestre de 2023 la reforma fiscal planteada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, según se recoge en el componente que hace referencia a estas reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Ejecutivo ha hecho público (en su totalidad) este miércoles.

«La fecha de entrada en vigor de la reforma fiscal será el primer
trimestre de 2023″, reza el citado documento, que explica el componente 28, Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI, donde también se establece que el Gobierno evaluará en el primer trimestre de 2022 las posibles medidas y adoptará entonces decisiones sobre qué normas modifica «de acuerdo con la situación económica».

Montero presentó a principios de abril el comité de expertos que analizará la reforma fiscal que busca subir el impuesto de Sociedades, pero también modificar otros como Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, sobre todo con el objetivo de reducir las diferencias de recaudación entre España y la Unión Europea. El Ejecutivo pretende conseguir acercar la presión fiscal de España a la media europea, ya que ahora el país está por debajo entre 7 y 8 puntos del PIB.

En ese momento, la ministra anunció que el comité tendría hasta el final de febrero de 2022 para presentar sus propuestas y que el Gobierno pretendía que estas medidas pudieran incorporarse a los presupuestos de 2022, de manera que pudieran ponerse en marcha algunas subidas ya en ese año.

Así, en el documento del Plan de Recuperación, el Gobierno expone la idea de la creación de un comité de expertos para la reforma fiscal que busca la «modernización del sistema fiscal» y «su adaptación al contexto actual».

«Debe considerarse la modernización de nuestro sistema fiscal a través de la creación de nuevas figuras tributarias que alineen nuestra fiscalidad con las tendencias más recientes, entre las que cabe destacar la imposición verde y digital, y otros modos de imposición como impuestos sobre las transacciones financieras o reglas de imposición mínima, entre otros. Se considera imprescindible la inclusión en todas ellas de la perspectiva de género», añade.

Sobre todo, el Gobierno busca que el estudio de los expertos estudie las áreas de la fiscalidad medioambiental, la imposición societaria, la tributación de la economía digitalizada, la aplicación y concreción de la armonización de la tributación patrimonial y la fiscalidad de las actividades económicas emergentes.

Asimismo, el Ejecutivo incide que esta reforma de impuestos no debe frenar la recuperación económica, pero debe permitir «aproximar progresivamente los
ingresos tributarios hacia la media de los Estados miembros», para proteger el Estado de bienestar y hacer frente «al déficit estructural de nuestro país».

Busca evitar «la competencia fiscal perjudicial» entre CCAA

A la vez, el Gobierno concreta que es necesario «aplicar de forma más coordinada la fiscalidad sobre la riqueza entre los distintos territorios para garantizar un nivel de imposición mínimo y coordinado, evitando la competencia fiscal perjudicial entre las CCAA», haciendo una referencia velada al dumping fiscal de la Comunidad de Madrid que tanto ha criticado Montero.

El Ejecutivo también recalca que puesto que algunas de las reformas afectan al Sistema de Financiación Autonómica y al Sistema de Financiación de las Corporaciones Locales, «se procurará alcanzar un acuerdo con ellas».

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