El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante una reunión del sindicato.
El Gobierno de España está estudiando cuánto subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a través de un comité de expertos al que encargó un informe al respecto y que dará a conocer sus conclusiones esta semana, según ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este martes.
El Ejecutivo se comprometió a subir el SMI hasta el 60% del sueldo medio del país a lo largo de la legislatura, como exige la Carta Social Europea, pero para hacerlo debe determinar cuál es exactamente ese salario medio, cálculo para el que existen diferentes fórmulas. Es en lo que están trabajando esos expertos, además de en determinar cuál debería ser la subida. Después, el Gobierno deberá decidir si aumenta el SMI este año y en qué medida.
Según ha publicado El País, que ha conseguido una versión de este informe (aún no es público ni definitivo), los expertos estarían recomendando una subida a entre 1.012 y 1.047 euros durante 14 pagas de aquí a 2023, es decir, una aumento de entre el 6,5% y el 10,2% (sumaría entre 62 y 97 euros al mes) frente al salario mínimo actual, de 950 euros al mes.
Pero lo que no está claro es cómo abordará este asunto el Gobierno en el corto plazo, cuando el país no se ha recuperado de la pandemia (el Banco de España prevé que este verano el turismo sea el 50% del anterior a la Covid), el paro sigue en el 16%, muchas empresas continúan al límite y hay medio millón de empleados siguen en ERTE.
Así, mientras que desde el Ministerio de Trabajo instan a esperar al informe e insisten en que no hay nada previsto, ni en términos de fechas ni de cuantías, desde los sindicatos alertan que la subida de este año de los salarios más bajos del país podría ser meramente simbólica, cumpliendo su promesa y contentando a quienes se le prometió la medida, pero limitándola por el contexto de crisis económica.
En concreto, desde CCOO ven adecuado un aumento del SMI de alrededor de la subida salarial pactada en convenio, que sumó en abril, de media, un 1,55%, por debajo del IPC pero por encima de lo registrado a principios de año. En el sindicato creen que una cifra alrededor de este dato sería "razonable", pero también recalcan que han eludido dar números concretos a la espera del Gobierno y porque por encima de todo ven necesario una subida.
"Debería haber subido en enero, por eso, cuanto antes, mejor. Lo que creemos es que no debe quedarse congelado", indican. Es un argumento que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recalcado en los últimos días, insistiendo en que los más desfavorecidos están saliendo perjudicados: "No es demasiado justo que dejemos a los que más lo necesitan, no congelados, sino con una pérdida de poder adquisitivo", dijo en Canarias.
De su lado, la ministra María Jesús Montero ha recalcado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que el incremento deberá ser "compatible" con la creación de empleo y "no a costa" de perder puestos de trabajo. El Banco de España publicó la semana pasada un extenso informe sobre el SMI en el que apuntó que la subida de 2019 llevó a la pérdida de más de 100.000 puestos de trabajo, entre empleos destruidos y puestos que no se crearon.
En esa línea ha indicado que el Gobierno tratará de acordar con los agentes sociales cómo distribuir "el peso" de la mejora del SMI en 2022 y 2023 "y si se incorpora el año 2021". "Para el Gobierno es importante llegar a ese compromiso pero también que sea compatible con la generación de empleo para llegar a cifras prepandemia y, si es posible, recuperar la expectativas de ocupación que teníamos antes de la pandemia", ha apuntado.
En Trabajo también deberán lidiar, previsiblemente, con la posible oposición de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que junto a la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) han alertado en diferentes ocasiones del impacto que tienen estas medidas en las empresas. Sin embargo, desde CEOE han recalcado a este medio que no se han opuesto, por ahora, a una subida del SMI, sino que dependerá de cuándo y en qué medida, y que no pueden opinar hasta que no tengan el informe.
El Ministerio de Trabajo por ahora no está negociando la medida con el diálogo social (sindicatos y organizaciones empresariales), como se hizo el año pasado, pero fuentes de dicho departamento apuntan que hasta ahora se ha planteado de esa manera, aunque aún no haya nada previsto al respecto. Asimismo, sobre si la subida será retroactiva (desde el 1 de enero de este año) o si no, señalan que deberá decidirse.
"Instamos al Gobierno de España a reabrir la mesa para negociar la subida del SMI, empezando por la subida para este año 2021", ha pedido Unai Sordo, secretario general de CCOO. "En un momento en que la economía va a subir por encima del 6% del PIB no se puede tolerar una congelación del salario mínimo en los 950 euros".
En la misma línea se ha manifestado Mariano Hoya, vicesecretario general de Política Sindical de UGT: "Instamos al Gobierno a reabrir de inmediato la mesa para la subida del SMI de este año sin demorar más la decisión, ahora que las previsiones económicas son favorables y empieza a crecer el empleo".
Los mismos agentes sociales están negociando la reforma de las pensiones y la reforma laboral, en paralelo, con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y con el de Trabajo y Economía Social, respectivamente, estas mismas semanas.
Varios miembros del grupo de expertos han rechazado comentar el asunto ante las preguntas de este medio, explicando que el Gobierno les ha pedido "discreción" hasta que se publique el informe.
Los 12 integrantes de la Comisión de Expertos del Ministerio de Trabajo son los siguientes:
- Antón Costas Comesaña, catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona
- Olga Cantó Sánchez, catedrática del Departamento de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH)
- Manuel Lago Peñas, asesor del Gabinete de la Ministra de Trabajo y Economía Social
- Gemma Galdón Clavell, del Departamento de Sociología de la Universidad de Barcelona
- José Ignacio Pérez Infante, profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid
- Rafael Muñoz de Bustillo, catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca
- Inmaculada Cebrián López, profesora titular del Departamento de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH)
- Sara de la Rica Goiricelaya, catedrática de Economía en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
- María Jesús Cedrún Gutierrez, secretaria general de la Comisión Ejecutiva Regional de UGT-Cantabria
- Carlos Martín Urriza, director del Gabinete Económico de CCOO
- César Veloso Palma, vocal asesor del Gabinete de la Ministra de Hacienda.
- Carlos Cuerpo Caballero, director general de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
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