Economía

El Gobierno no descarta el recorte a la pensión de los nacidos entre finales de los 50 y los 70

La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. A. Pérez Meca / Europa Press

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley que supone la primera pata de la reforma de pensiones, y que busca ligarlas a la inflación, así como aumentar la edad media de jubilación sin subir la edad legal.

La norma parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo y es fruto del acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT y con las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme.

Asimismo, supone empezar a cumplir con lo prometido a la Comisión Europea en el componente 30 del Plan de Recuperación y Resiliencia para «desbloquear» los miles de millones que Bruselas concederá a España para la salida de la crisis del coronavirus, pero no sin acometer ciertas reformas.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, no ha descartado que el Ejecutivo reduzca la pensión a los integrantes de la generación del baby boom, nacidos aproximadamente entre 1957 y 1977, como deslizó la pasada semana el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, declaraciones de las que después, en parte, se desdijo.

«No hay que anticipar ninguna cuestión en el futuro», ha contestado Montero, insistiendo en que «sería precipitado ni decantarse ni anticipar ni descartar ni no descartar» ninguna de las diferentes alternativas que podrían ponerse encima de la mesa. Los periodistas han preguntado específicamente a la portavoz sobre este tema, recalcando que se ha generado cierta intranquilidad entre los pensionistas y futuros pensionistas ante las palabras de Escrivá.

«Hay muchos mecanismos y los queremos discutir todos», ha asegurado la ministra, pidiendo tiempo para que sindicatos, organizaciones empresariales y el Ministerio de Seguridad Social puedan negociar esta segunda parte de la reforma de las pensiones, que se debatirá en la segunda mitad de este año. «Hay que dejarlos trabajar», ha alegado.

A la vez, Montero ha defendido a Escrivá calificando sus palabras de la semana pasada de «reflexiones» que hizo sobre una cuestión que aún no está decidida. El titular de Seguridad Social apuntó el jueves en una entrevista en TVE que la generación del baby boom deberá asumir «algo del esfuerzo que hay que hacer de moderación del gasto en pensiones durante un periodo concreto de tiempo» y planteó que podrán «elegir entre varias opciones: una puede ser un pequeño ajuste en su pensión, que sería muy moderado, o alternativamente podrían trabajar un poco más».

El día siguiente, en la presentación de las cifras del paro, el ministro dio, en parte, marcha atrás: «No fue mi mejor día», explicó. «No transmití adecuadamente esa certidumbre», que siempre intenta transmitir, insistió. Terminó admitiendo que habló «de algo que aún está por definir», porque ese mecanismo intergeneracional está por discutirse, pero no rechazó, de la misma manera que Montero lo ha hecho hoy, ese posible recorte.

La reforma de las pensiones firmada el jueves de la pasada semana entre el Gobierno y los agentes sociales incluye la revalorización de estas prestaciones con la subida de precios (IPC), la revisión del modelo de jubilaciones anticipadas y la introducción de mayores incentivos para retrasar el retiro del mercado laboral. La reforma, que se prevé que entre en vigor en 2022 tras su paso por las Cortes, suprimirá los aspectos más polémicos de la reforma de 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad, que será reemplazado por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.

Sin embargo, la decisión de qué otra fórmula se aplicará queda pendiente para la segunda mitad de este año. Ahora mismo, los agentes sociales y el Gobierno se han dado de plazo hasta el 15 de noviembre para decidirlo, pero en cualquier caso operará a partir de 2027. En el texto también se establece una evaluación periódica cada cinco años en el marco del diálogo social del nuevo mecanismo de revalorización.

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