La contrarreloj del Gobierno: ERTE, pensiones y SMI antes de los presupuestos

La reforma laboral que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha comprometido a aprobar antes de que termine el año y que implicará la derogación, o, al menos, la transformación total de la de 2012. La reforma de las pensiones, cuyo marco se cerró en julio pero pospuso la creación de un nuevo sistema que garantice la sostenibilidad del sistema, ahora que la jubilación de la generación más numerosa de la historia descuadrará todas las cuentas. La prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), ahora ampliados hasta el 30 de septiembre, y que hoy día protegen del despido a más de 200.000 españoles. Y la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de aquí a 2023, que desde enero está congelado en los 950 euros al mes.

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene encima de la mesa una larga lista de reformas de largo recorrido que negociar con los sindicatos y los empresarios, tal y como le exigió Bruselas (en el caso de la laboral y la del sistema de pensiones) para la concesión de los fondos europeos y en pro de que estas sobrevivan a un posible cambio de partido político en el poder. Y detrás de todas ellas, como telón de fondo, queda la sombra de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El presidente quiere llevarlos al Consejo de Ministros entre finales de este mes y principios de octubre.

Pero parte de estas reformas no están concretadas, y, además, falta el consenso con los agentes sociales. Esta semana se retoman tras el descanso veraniego las reuniones de la mesa de pensiones (este lunes, 13 de septiembre), de la mesa de la reforma laboral (este miércoles) y la de los ERTE (el jueves), y tanto desde los sindicatos como desde las patronales conciben estos primeros encuentros como una "primera toma de contacto" de las que se sacará poco en claro hasta bastante más adelante.

A la vez, el tiempo apremia. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, apuntaba la semana pasada en un encuentro con los medios que las negociaciones de la reforma laboral deben cerrarse este mismo mes. "Todo hace prever que este mes de septiembre tal y como nos manifestó Trabajo, se pondrá fin a las negociaciones con acuerdo con los interlocutores sociales, porque luego el proceso legislativo llevará tiempo. Así que en el mes de septiembre deberíamos cerrar el proceso de negociación", afirmó.

La reforma laboral es posiblemente la más complicada de las que el Gobierno tiene por delante. Mientras que la dificultad de la subida del salario mínimo "solo" radica en intentar conseguir el visto bueno de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que no es imprescindible, como ya ha explicado este medio, y la de prorrogar los ERTE dependerá de en qué medida Trabajo busque modificar las condiciones actuales (lo que provocará o no la oposición de los empresarios), los cambios que Yolanda Díaz quiere llevar a cabo en el mercado laboral son ambiciosos.

Entre esos planes, que se explican en el componente 23 del Plan de Recuperación enviado a Bruselas (Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo) está la limitación de los contratos temporales, mediante la reducción de los tipos de contrato de los 33 actuales a 3 (indefinido, temporal y de formación, acabando así con el contrato de obra y servicio y con el fijo de obra); establecer la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa; poner coto a la subcontratación, y la creación de un mecanismo similar al de los ERTE pero permanente que sirva de alternativa a los despidos en el caso, por ejemplo, de crisis estacionales.

Son multitud de líneas de actuación en las que poner de acuerdo a empresarios y a sindicatos, que no suelen coincidir en lo que se refiere a condiciones laborales de los trabajadores. Sin embargo, no se antojan mucho más sencillas las negociaciones de la mesa de pensiones, que debe diseñar y pactar un mecanismo que garantice la sostenibilidad del sistema (una nueva versión del factor de sostenibilidad que implementó Rajoy) en un momento en el que las cuentas no salen. El compromiso del Gobierno es que este mecanismo de equidad intergeneracional pueda incorporarse al proyecto de ley antes del 15 de noviembre, pero aún no ha comenzado a negociarse.

La otra reforma pendiente: la fiscal

La reforma fiscal es la única, de las mencionadas, que el Gobierno no se ha comprometido a aprobar, siquiera una parte, en lo que queda de año. Pero igualmente los sindicatos han pedido el Ejecutivo que empiece a mover piezas ya, antes de que sea demasiado tarde.

"Ya avisamos que los PGE podían inducir a una tentación al Gobierno. Como se van a liberar 26.000 millones, hasta 70.000 millones, es factible hacer unos PGE expansivos y no llevar a cabo ningún movimiento audaz en materia de política fiscal. Esa visión sería un profundo error por parte del Gobierno", aseguró el viernes el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en otro encuentro con los medios. "Es el momento de ir tocando piezas para promover una reforma fiscal en profundidad y la aprobación de los presupuestos es un momento idóneo para empezar a tocar esas piezas", insistió. 

Por ahora, el Ministerio de Hacienda ha creado un comité de expertos para que analicen el sistema fiscal y tienen de plazo hasta finales de febrero de 2022 para entregar sus propuestas, que buscarán acortar la brecha de recaudación con la UE, hasta 2023. Aún así, la idea del Gobierno también incluía que los expertos adelantasen aspectos relativos a algunos impuestos para incorporarlos a los PGE del próximo año, pero de momento no ha revelado nada al respecto.

De su lado, Podemos sí ha anunciado que "dará la batalla" a su socio de Gobierno con su objetivo del 15% como tipo mínimo del impuesto de sociedades de cara a los próximos Presupuestos (algo que, en principio, Calviño ve con buenos ojos) y que insistirá en la subida del salario mínimo.