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La SEPI contrata asesores para analizar las ayudas a eDreams y cuatro empresas más

El organismo que depende de Hacienda busca acelerar la resolución de los expedientes de auxilio financiero remitidos por decenas de compañías

Imagen de la sede de SEPI.

Imagen de la sede de SEPI. SEPI

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha iniciado el proceso para contratar los servicios de diez asesores independientes que se encargarán de analizar cinco operaciones del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas puesto en marcha por el Gobierno a raíz de la pandemia.

El holding público que dirige Belén Gualda inicia así el trámite para encontrar los asesores jurídicos y financieros que estudien caso por caso las solicitudes de las compañías antes de que el Consejo Gestor otorgue el visto bueno o deniegue la concesión de los diferentes préstamos cuya cuantía no ha trascendido.

Entre las firmas incluidas está eDreams, la agencia de viajes online más grande de Europa y número dos en venta de vuelos a nivel mundial, entre cuyos accionistas están Permira y Ardian. Fuentes de la compañía consultadas por El Independiente defienden el «carácter estratégico» de la empresa para el conjunto de la economía española por su «apuesta doble por la transición digital y la innovación aplicadas al sector de los viajes».

En este sentido, explican que dirigieron su solicitud a la SEPI «para disponer de una línea adicional de financiación«, como una más de las medidas adoptadas en respuesta a la crisis sanitaria. Aunque no especifican el importe del préstamo, su objetivo es «afianzar todavía más un modelo de negocio clave para España» tras haber empleado el tiempo de la pandemia «en mejorar su posicionamiento estratégico, consiguiendo ampliar su cuota de mercado y superar los niveles de reservas previos» al coronavirus.

Por otro lado, también se examinará la petición de auxilio de la compañía Pacadar, especialista en la fabricación y montaje de estructuras de hormigón, que fue transferida hace meses por el grupo Villar Mir a OHL (ahora OHLA) para saldar una deuda.

También se analizará el rescate solicitado por Vicinay Marine, empresa líder en la fabricación de líneas de fondeo y primer productor a nivel mundial de ingenios flotantes.

Asimismo, entre las firmas peticionarias del respaldo público están dos compañías de ingeniería –Imasa Ingeniería y Proyectos S.A., e Isastur (Ingeniería y Suministros Asturias S.A)-. La primera se ha visto afectada por la paralización de proyectos e impagos en varios de los mercados internacionales donde está presente y necesita la inyección de dinero pública para desarrollar su plan de negocio.

La SEPI escoge a los asesores entre el ‘pool’ de despachos de primer nivel que fueron seleccionados en base al Acuerdo Marco elaborado con la creación del fondo. Los asesores reciben los expedientes y proceden a su examen. Según remarca el hólding público, esto «asegura un proceso de análisis de las solicitudes de apoyo recibidas exhaustivo, profesional y transparente que garantiza el máximo rigor en la resolución que pone fin a cada expediente».

De hecho, la concesión de algunos rescates como el de la compañía aérea Plus Ultra (53 millones) ha levantado una tormenta política por las condiciones establecidas para su aprobación. A partir del citado caso, los procesos se han ido ralentizado y mantienen en vilo a un buen número de compañías relacionadas sobre todo con el sector turístico y la industria en general.

Según una repuesta parlamentaria del pasado mes de julio, se acumulan hasta 66 peticiones por más de 4.000 millones. En los últimos meses, la SEPI sólo ha concedido tres rescates: Tubos Reunidos (112 millones), la acerera Rugui Steel (25 millones) y el grupo hotelero Hotusa (241 millones). Y hasta ahora, el Consejo de Ministros sólo ha dado luz verde al rescate de la aerolínea Air Europa (475 millones); el grupo Ávoris (320); y Duro Felguera (120 millones). En total, menos de 1.400 millones de los 10.000 con los que se dotó al fondo hace más de un año.

Análisis técnico

Una vez que son seleccionados, los asesores externos deben verificar que se cumplen todos los requisitos para acceder al Fondo. El estudio de cada operación incluye el análisis de la situación en la que las empresas se encontraban con carácter previo a la pandemia, el impacto de la misma y la suficiencia de las medidas planteadas en el plan de viabilidad.

No se trata de un procedimiento sencillo, pues requiere estudiar la situación general en la que se encuentra el sector en el que se enmarca la compañía, su posible evolución, así como las claves de competitividad para evaluar el alcance de la recuperación. Se trata, en definitiva, de determinar la proporcionalidad del apoyo financiero solicitado y su capacidad de devolución de los fondos públicos otorgados.

Por su parte, el asesor jurídico se encarga de realizar el proceso de due diligence que incluye la emisión de informe sobre las condiciones para ser beneficiario, contingencias legales, laborales, y fiscales, así como la revisión de la situación laboral y en materia de recursos humanos de la compañía que solicita el apoyo público.

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