Sánchez presenta 'España 2050'.
El Gobierno ha planteado, en el seno de la negociación de la reforma laboral, limitar la contratación temporal de las empresas a un 15% de la plantilla, como máximo. Sin embargo, al mismo tiempo asume que la tasa de temporalidad en España será del 23% en 2030, como figura en el documento España 2050, fundamentos y propuestas para una estrategia nacional a largo plazo que el Ejecutivo presentó en mayo.
En su plan España 2050, el Gobierno establece sus objetivos desde este año hasta dentro de 30, y, en concreto, fija cuánto desea reducir la temporalidad en el empleo. Así, fija que para resolver las deficiencias del mercado de trabajo, la tasa de temporalidad deberá reducirse hasta el 23% en 2030, hasta el 18% en 2040 y hasta el 15% en 2050. Asimismo, recoge que la tasa media registrada entre 2015 y 2019 ha sido del 26%.
Que en la negociación de la reforma laboral que el Gobierno tiene previsto aprobar este año se exija a las empresas limitar sus trabajadores temporales a una tasa inferior a la que el equipo de Sánchez planea tener dentro de diez años ha provocado las críticas de los empresarios. Lo ha manifestado así este jueves Antonio Garamendi, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
«Cómo van a tener un 15% de temporalidad las pymes. En el documento de 2050 se habla del 23% de temporalidad, hasta en los propios papeles van en contra. Lo que queremos es seriedad», ha criticado en el XX Congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE).
«En la temporalidad habrá que ir por sectores», ha añadido Garamendi. Los empresarios vienen defendiendo que la temporalidad es inevitable en la hostelería y el turismo, así como que un empleo puede ser temporal pero no sr precario.
De la misma manera, han criticado que el Gobierno insista en poner en la diana la temporalidad en el sector privado cuando es un fenómeno más extendido en el público. «¿De verdad el problema lo general los empresarios», ha dicho Garamendi en otras ocasiones, temiendo que la reforma que prepara el Gobierno paralice la contratación de las empresas y que afecten a su actividad económica.
En el mismo marco de la reforma laboral, Trabajo busca conseguir extender el contrato fijo discontinuo, una tipo de indefinido aún muy poco utilizado en España (aunque existe desde 1980). En octubre, solo uno de cada 100 contratos firmados eran fijos discontinuos; 29.000 de los más de 1,8 millones de nuevos contratos que se formalizaron.
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