Economía

Los sindicatos confían en que Yolanda Díaz apruebe otra subida del salario mínimo antes de 2022

El Gobierno aumentó el SMI 15 euros al mes en septiembre pero postergó la decisión de subirlo en 2022

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, en una imagen de archivo.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, en una imagen de archivo. Óscar J.Barroso / Europa Press

El Gobierno decidió en septiembre subir el salario mínimo interprofesional (SMI) 15 euros al mes, hasta los 965 euros mensuales en 14 pagas, durante los cuatro meses que quedaban de año. Lo acordó solo con los sindicatos, ante la oposición de los empresarios a cualquier incremento. A la vez, se comprometió a volver a reunirse con las organizaciones sindicales y con las empresariales para volver a aumentarlo de cara al 1 de enero de 2022.

Pero a solo un mes de que termine el año, el Ministerio de Trabajo no ha convocado a los agentes sociales para empezar esta ronda de reuniones. El departamento que dirige Yolanda Díaz está inmerso en la negociación de la reforma laboral con las mismas partes -incluso, con las mismas personas en representación de cada parte- con las que habría de hablar de subir los sueldos más bajos del país.

Además, han incrementado el ritmo de las reuniones, con tres sesiones esta semana. Hasta hace unas semanas, solo se celebraba una semanal, luego pasaron a dos, y esta tendrá lugar una más. Aún no está claro si esta será la frecuencia habitual a partir de ahora. Lo que sí es oficial es que el Gobierno celebrará dos consejos de ministros, en lugar de uno, cada semana, para -según la versión oficial- conseguir aprobar todas las medidas que tiene pendientes antes de que termine el año.

La reforma laboral es lo único encima de la mesa

La nueva legislación que rija el mercado de trabajo español debe aprobarse antes de que termine el año, por lo que todos los focos están puestos en este primer objetivo. Y no en el SMI. No será fácil por la complejidad de la ley y por la pretensión del Gobierno de conseguir un texto que contente tanto a sindicatos como a empresarios, opuestos en sus posturas. No obstante, el consenso sería el final ideal de este camino, de manera que la reforma laboral perdure lo máximo posible en el tiempo.

Aun así, el visto bueno de los empresarios, representados a través de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), no es obligatorio, y el Ejecutivo podría aprobar una reforma laboral sin su apoyo. De ser así, se trataría de la tercera ocasión consecutiva en que este año el Gobierno aprueba una medida sin los empresarios después de haber intentado convencerlos.

Primero, no estuvieron de acuerdo con la subida del SMI de septiembre, y más recientemente, en noviembre, rechazaron al mecanismo de equidad intergeneracional de Escrivá, la nueva fórmula que sostendrá el sistema de pensiones y que implica una subida de las cotizaciones entre 2023 y 2032. En cambio, el Gobierno sí ha conseguido poner de acuerdo a sindicatos y empresarios en las diferentes prórrogas de los ERTE y en la reforma de las pensiones, entre otros.

Un incremento del SMI in extremis a fin de año y sin la patronal

En esta línea, desde Trabajo apuntan que el último Consejo de Ministros del año tendrá lugar el 28 de diciembre, así que, y aunque todas las partes desean terminar lo antes posible, la negociación sobre la reforma laboral podría alargarse hasta esta fecha. Eso dejaría muy poco margen para discutir después la subida del SMI antes de que termine el año, para que entre en vigor el 1 de enero.

Sin embargo, los sindicatos no creen que el Gobierno haya olvidado su compromiso, ni que esté pensando en posponer el aumento del salario mínimo a principios del próximo año para después aplicar la subida con carácter retroactivo. Así se hizo en septiembre: el incremento se acordó el día 16, pero era efectivo desde principios de mes.

En principio, las organizaciones sindicales descartan que se repita ese movimiento, sobre todo, por la complejidad que lleva consigo aprobar una medida así con retroactividad, sobre todo para las empresas que pagan las nóminas, pero también para otra serie de ayudas e indicadores que toman como referencia el salario mínimo.

Por eso, quedaría la opción de subir el SMI in extremis los últimos días del año, si es que el Gobierno no está dispuesto a arrancar esta negociación sin haber terminado la de la reforma laboral, como los agentes sociales suponen. En cualquier caso, estos estiman que se tratará de una «gestión sencilla», un trámite que no llevará más de una o dos reuniones, insisten fuentes sindicales a este medio.

«Con una reunión o dos se puede dejar resuelto», apuntan. Al mismo tiempo, recuerdan que el Ejecutivo no tiene la obligación de negociar esta medida con ambas partes, sino a, simplemente, llevar a cabo un trámite de consulta, algo similar a una ronda de contactos para ver qué opinan las partes.

Además, después del rechazo de los empresarios a la última subida del salario mínimo, que el Gobierno y los sindicatos consideraron irrisoria (15 euros al mes durante cuatro meses, no compensó la subida del precio de la luz), Trabajo podría partir de la idea de que la CEOE no se va a sumar, lo que facilitaría aún más la subida.

La CEOE, al ser consultada por este medio, señala que no se opone hoy por hoy a un posible aumento e insiste en que evaluará la propuesta cuando esté sobre la mesa, en base a cuál sea la situación de la economía y las empresas, que, recuerda, aún están afectadas por la pandemia.

En septiembre, el Gobierno se comprometió a que el salario mínimo llegue al 60% del salario medio en 2023, como exige la Carta Social Europea, mediante su revisión en esos dos años, sin entrar en más detalles. Los sindicatos pedían que se concretase cuánto aumentaría en 2022 y en 2023, y que, como mínimo, en enero del 2022 el SMI se situase en los 1.000 euros al mes, es decir, 35 euros por encima del actual.

El año pasado, sin embargo, la subida del SMI decidió posponerse de diciembre a enero y finalmente se postergó hasta septiembre, con la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, insistiendo en que las cifras económicas no permitían implementar ese alza.

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