Es la piedra de los aliados, la de los socios. Son ellos los que debía despejar el camino pero sus dosis de paciencia para hacerlo empiezan a agotarse. PNV y EH Bildu han funcionado como un apoyo esencial del Ejecutivo durante la primera mitad de la legislatura. En la segunda parte, el cansancio, el desgaste y el malestar por incumplimientos y promesas diluidas comienza a hacer mella. La tramitación de la reforma laboral como proyecto de ley es la última prueba de lealtad que el Gobierno Sánchez les ha puesto. Y son, sus socios vascos, los que podrían terminar siendo la piedra en el camino parlamentario de la reforma laboral.

En ambas formaciones la resistencia a avalar el acuerdo que el pasado día 28 anunciaron sindicatos, patronal y Gobierno es importante. Más en la izquierda abertzale que en Sabin Etxea. En la coalición de Arnaldo Otegi ya han asegurado que mucho debe cambiar el documento -del que empresarios y Gobierno no quieren modificar “ni una coma”- o no la respaldarán. En el partido de Andoni Ortuzar también insisten en que parte de su contenido debe modificarse si aspiran a contar con su apoyo.

En ambos casos, el punto de encuentro de la ‘reforma de la reforma’ que reclaman, es el reconocimiento de la singularidad vasca en el ámbito laboral. PNV y Bildu quieren que el texto que la ministra Díaz enarbola como un acuerdo histórico incorpore la prevalencia del ámbito vasco sobre el estatal.

Lo defienden por las particularidades de las relaciones laborales, el distinto mapa sindical y las características del modelo productivo propio. Los dos partidos insisten en que el “marco laboral vasco” debe ser reconocido y protegido normativamente. Insisten en que la realidad sindical, las mayorías, nada tienen que ver con las que se dan en el conjunto del Estado. En Euskadi la mayoría de la representación laboral la ostentan las centrales nacionalistas, ELA y LAB.

Blindar el acuerdo de 2017

Recuerdan que ya en 2017 el diálogo social en Euskadi permitió que patronal (Confebask) y todos los sindicatos alcanzaran un acuerdo por el que se daría prioridad a los convenios colectivos y acuerdos interprofesionales alcanzados en Euskadi. Ahora Bildu quiere que ese pacto goce de “garantías jurídicas suficientes” para su aplicación y no entre en colisión ante una posible prevalencia de los convenios estatales. También el PNV reclama que el marco vasco tenga prioridad y ello quede reconocido en el documento que el Gobierno quiere tramitar para su aprobación en la Cámara Baja.

En el caso de los jeltzales, el malestar viene alimentado además por la demora en el traspaso de la competencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV). El acuerdo para su gestión íntegra por parte de la administración vasca acumula ya retrasos que empiezan a enfriar la comprensión del PNV. Ayer el responsable de política institucional del partido, Koldo Mediavilla, llegó a asegurar que esta cuestión puede convertirse en un "casus belli" y terminar por romper la relación y apoyo al Gobierno si el traspaso de esta competencia no se completa en los términos acordados, "el apoyo quedaría roto absolutamente", aseguró.

El partido ha recordado estos días que si el Gobierno Sánchez quiere considerarle como “socio preferente” debe tratarle como tal y para ello, “el respeto es esencial”. La diputada nacionalista, Josune Gorospe, llegó a asegurar que el Ejecutivo se comporta con una actitud de cierto “chantaje” hacia sus socios, convencido de que la abstención la tendrá sin nada a cambio.

Mientras el PNV intentó ayer matizar un poco su crítica y asegurar que es factible incluir la prevalencia del marco vasco de relaciones laborales, en EH Bildu el órdago es mucho más caro. El último documento remitido por la coalición habla de hasta cinco puntos necesarios para desactivar su no a la reforma laboral pactada. Además de la prevalencia vasca, la coalición abertzale asegura que es imprescindible recuperar la indemnización de 45 días por año trabajado que derogó el PP.

Rechazo sindical vasco

También que se acote la flexibilidad ante situaciones negativas imprevistas que se prevé en la reforma para no facilitar incumplimientos de convenios. Reclama que sólo quepan esas modificaciones previo acuerdo entre trabajadores y empresa. Bildu reclama asimismo al Gobierno que se imponga un control público sobre los ERE y que la flexibilidad de los despidos por causas económicas sólo se permitan en casos extremos en los que esté en juego la viabilidad de las empresas.

La izquierda abertzale se ha encontrado no sólo con la necesidad de defender el acuerdo de derogación de la reforma de 2012 que acordó con el Gobierno para sacar adelante la prórroga del cuarto Estado de Alarma, sino también para frenar el hondo rechazo de las centrales sindicales vasca.

Tanto ELA como LAB se han posicionado en contra de la aprobación de la reforma laboral acordad entre UGT y CCOO con patronal y Gobierno. Consideran que no responde en ningún caso a una derogación de la ahora en vigor y ni siquiera de los aspectos más lesivos de la misma. Ambas centrales ya anuncian movilizaciones conjuntas para dar una “respuesta contundente” a la misma.