El tiempo fue aplacando la presión y aumentando la decepción. Comenzó a elevarse desde el primer día, cuando los socios del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos incluyeron en su acuerdo de Gobierno la derogación de la reforma laboral de Mariano Rajoy. Aquel acuerdo de 2012 que fijaba el marco por el que debían regirse las relaciones laborales en España debía ser enterrado para que floreciera uno nuevo. "No le van a quedar ni los pelos del sombrajo", llegó a afirmar el dirigente de Unidas Podemos, Pablo Echenique en julio del año pasado.

Poco antes, en mayo, el Gobierno recurrió a la carta de la reforma laboral para convencer a otro de sus socios de referencia, EH Bildu. Lo hizo para lograr su abstención en la votación de la quinta prórroga del Estado de Alarma. Aquel acuerdo rubricado casi con nocturnidad establecía que la norma del PP debía ser derogada de modo íntegro. Apenas unas horas después llegaron las matizaciones. Y las advertencias. Otegi salió con el acuerdo en la mano, como quien blande una espada, para recordarle al Ejecutivo Sánchez que el documento "dice lo que dice" y "se cumple en su integridad". Después, a las negociaciones prolongadas durante meses le siguió una guerra semántica que ocultaba el pulso interno entre PSOE y Unidas Podemos. Derogación, retoque, actualización, modernización...

El tiempo ha demostrado que la alegría contenida y escenificada del Gobierno por el acuerdo con sindicatos y patronal apurando los plazos, contrasta con la profunda decepción que el resultado ha dejado en sus socios. Ninguno de ellos la ha ocultado.

En ERC la decepción venía digiriéndose desde hace días. Gabriel Rufián ya aseguró que si no incluía aspectos clave como la recuperación de los días de indemnización por despido sólo sería un "maquillaje, no una derogación". Por el momento, el documento de medidas acordado nada propone de retornar a los 45 días por año trabajado que redujo a 33 la reforma de 2012. Todo sigue igual. Los independentistas catalanes lo consideraban un elemento "imprescindible".

Marco autonómico

En el PNV apenas se han pronunciado. En Sabin Etxea confiaban en que en esta ocasión se podría haber incluido una de sus viejas reivindicaciones, la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales. Los jeltzales insisten en la necesidad de abrir el camino hacia un "marco propio de relaciones laborales" ajustado a la realidad vasca. "Para nosotros hay un tema que es fundamental, y sin él no podemos dar por buena la reforma laboral, que es mantener que sea el marco de la Comunidad Autónoma el que prevalezca por encima de otros», aseguraba el portavoz del PNV en la Cámara Baja, Aitor Esteban. Ni sindicatos ni patronal han remado en ese sentido y por ahora, a falta de la redacción final, la novedad que ayer celebraban las partes era la prevalencia de los convenios sectoriales frente a los de empresa.

Bildu ya ha avanzado que con lo conocido ayer no cuenten con ellos. "Estamos preocupados. No sólo no se va a haber una derogación íntegra sino que no siquiera se abordan los aspectos más lesivos», aseguró Otegi horas después de conocer los detalles del acuerdo alcanzado entre Gobierno, sindicatos y CEOE para modificar el marco laboral. El líder abertzale de la coalición que forma parte de los partidos que han venido dando apoyo al Ejecutivo Sánchez, denunció ayer que lo pactado es sólo «un ajuste pequeño» que no va a satisfacer a los trabajadores «no del Estado ni de Euskal Herria». Y tras él, la presión de los sindicatos nacionalistas vascos para que tanto Bildu como el PNV voten en contra de la reforma.