Economía | Empresas Agujero de 230 millones

Casi 500 obras públicas quedan desiertas por el bajo precio que paga la Administración

Las empresas que se presentan a las licitaciones cae ante la falta de un sistema de reequilibrio del precio de los materiales que compense las subidas. Cataluña, Galicia, Andalucía y País Vacos, donde más obras quedan sin adjudicar

Trabajadores de la construcción.

Trabajadores de la construcción. EFE/ Luis Tejido

Centros sanitarios, educativos, redes de transporte o depuradoras. La brecha entre los precios de mercado de los materiales de construcción y lo que recogen los contratos públicos han dejado desiertos medio millar de licitaciones en los últimos dos meses en todos los niveles de la Administración.

Según la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), hay 500 licitaciones por todo el territorio nacional sin que ninguna empresa se haya adjudicado los trabajos que suman un volumen total de 230 millones de euros. De ellas, 35 licitaciones (el 7%) tienen un presupuesto superior al millón de euros.

«Las licitaciones salen con precios de 2017 y 2018 y no reflejan el incremento de precios que se vive a día de hoy», se queja el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén.

Según los datos de la CNC, en Cataluña han quedado desiertas 200 licitaciones que suman 50,4 millones de euros. En Galicia no se han podido adjudicar 96 concursos por valor de 20,5 millones. En Andalucía han quedado sin licitador 46 contratos por 35 millones y, en País Vasco, otros 24 proyectos por 9,4 millones. En Canarias, en cambio, no ha quedado ninguna obra desierta.

El estudio, la obra licitada de mayor cuantía que ha quedado desierta asciende a 37 millones de euros y la cuantía media por obra pública desierta es de 475.000 euros.

En Asturias ha quedado desierta una licitación de 37 millones de euros para la reforma del Hospital Universitario de Cabueñes en Gijón. Un caso similar a otro hospital en Gerona por 12 millones. Asimismo, tampoco se ha podido encontrar empresa para la puesta en marcha de una depuradora de cero emisiones en el municipio de Cisneros/Torquemada (Palencia) y, en Andalucía, ha quedado desierta una obra de casi 12 millones del Hospital de Torrecárdenas (Almería).

En Comunidad Valenciana han quedado desiertos dos contratos para nuevas conducciones del postrasvase Júcar-Vinalopó por 18 millones de euros y en Durango (País Vasco) no se ha podido encontrar empresa para instalar un ascensor y un muro de contención en la estación de Durango.

En Extremadura también ha quedado sin adjudicar las obras de mejora de la eficiencia energética y térmica en diversos colegios públicos de la región por 8 millones de euros. Este es, precisamente, uno de los objetivos prioritarios del Plan de Recuperación y Resiliencia remitido a Bruselas por el Gobierno.

Revisión de precios

Para hacer frente al problema, la patronal reclama que se haga obligatorio incluir una cláusula de revisión de precios tanto en los contratos en curso como para los futuros. Es algo en lo que trabaja desde hace meses el Gobierno con negociaciones entre el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Hacienda. Ahora, está pendiente del visto bueno del departamento de Economía que dirige la vicepresidenta Nadia Calviño.

Se trataría de establecer un sistema automático de reequilibrio de precios que permita hacer frente a ese sobrecoste y, por tanto, tenga en cuenta las alteraciones posteriores a la presentación de ofertas, tanto al alza como a la baja, a fin de dotar de estabilidad a los contratos.

Asimismo, la patronal también pide introducir en los pliegos los precios de mercado, tal y como exige la Ley de Contratos del Sector Público, actualizando los que aparecen en proyectos anteriores a 2020, ya que los proyectos son antiguos y no recogen los precios actuales.

Adif o Castilla-La Mancha

De momento, sólo algunas comunidades como Castilla-La Mancha o el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) están incluyendo estas medidas de revisión de los precios de los materiales. La preocupación de la patronal es que esta problemática está afectando tanto a la pequeña, mediana como a la gran empresa. «Necesitamos que se adapten las licitaciones del mercado a los precios que hay en el sector», exclama Fernández Alén.

Asimismo, destaca que la concurrencia de empresas a esas licitaciones es sensiblemente menor a lo habitual porque los pliegos no recogen los precios de mercado de los materiales. Según el estudio presentado en octubre pasado, el alza de precios de los materiales habría llevado a cuatro de cada diez empresas a cancelar o paralizar sus obras. Desde entonces, la situación a nivel global se ha agravado.

La patronal sostiene que este frenazo también afecta negativamente a la recuperación económica del país, tanto por la envergadura de las obras como por los miles de puestos de trabajo no creados debido al vacío empresarial. Y recuerda que entre los centenares de proyectos que han quedado desiertos aparecen obras cuya parálisis impacta en la vida de millones de personas.

A partir de ahora, además, está previsto aprobar nuevos proyectos estratégicos parte del Gobierno (PERTE) que generarán multitud de licitaciones. Y esto puede provocar un nuevo retraso en la ejecución de muchas obras. «El sistema de licitación no está adaptado a la llegada de fondos europeos«, ha rematado.

Fernández Alén mantuvo este martes una reunión con ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para trasladarle la problemática que puede suponer para el país en los próximos años ante el desembolso de los fondos de Bruselas para la reconstrucción tras la pandemia. Además, ha remarcado que «la burocracia de nuestro sistema jurídico» hace que la llegada de los fondos a las empresas «sea más lenta de los esperado».

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