Economía | Hacienda Reforma fiscal

Los expertos del Gobierno proponen un fuerte castigo al gas en plena guerra en Ucrania

El comité también planea importantes impuestos al diésel

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene en el acto en el que ha recibido el Libro Blanco del comité de personas expertas para la reforma del sistema tributario

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene en el acto en el que ha recibido el Libro Blanco del comité de personas expertas para la reforma del sistema tributario

El comité de expertos designado por el Gobierno aboga por un fuerte castigo al gas natural como medida para frenar la emisión de gases nocivos al medio ambiente. La publicación coincide, casualmente, con los precios del gas natural disparados y asentados en máximos históricos. Los asesores pretenden incrementar la recaudación hasta 3.236 millones de euros de acometer dicha reforma fiscal, incrementando la factura del gas a hogares y empresas.

En concreto, remarcan que con dichas medidas se producirá “un importante impacto sobre los precios del gas natural, que ocasionará una significativa reducción de consumos y emisiones”. Para ello, en cómputo global, los expertos encargados por Moncloa quieren recaudar 1.258 millones de euros más con el impuesto de emisiones de dióxido de carbono, 1.275 millones de euros con el fondo a las renovables, 572 millones con el impuesto especial sobre hidrocarburos y unos 129 millones a través del IVA. El total de los impactos sobre los precios, consumos, emisiones y recaudación supondría un 294% más de lo que viene recaudando Hacienda hasta la fecha.

Por sectores, de acuerdo a la información extraída del Libro Blanco de la Reforma Tributaria, el uso del gas natural en hogares estaría penalizado con un 97% más puesto que se pretende recaudar hasta 952 millones de euros. Peor parte se llevará el sector empresarial que, de salir adelante su propuesta, soportaría hasta un 2.733% más de impuestos que hasta ahora. 

El comité, en la búsqueda de una armonización fiscal acorde al uso de energías verdes, recomienda al Ejecutivo destinar buena parte de la recaudación obtenida del sector industrial en ambas simulaciones para proteger la competitividad mediante el desarrollo e implantación de tecnologías más favorables desde una perspectiva medioambiental (biogás, hidrógeno verde, etc.).

Cabe recordar que el gas ha repercutido notablemente en los precios de la electricidad ya que España sigue dependiendo excesivamente de la generación eléctrica a través de esta materia prima en las plantas de ciclo combinado. Su peso en el mix del sistema peninsular se ha incrementado de forma notable debido a que las circunstancias meteorológicas no están siendo favorables a las renovables. El precio de los contratos de gas natural holandés de entrega en abril marcó un nuevo máximo intradía coqueteando con los 200 euros por megavatio a la hora. 

Los 17 catedráticos llamados a filas por el Ministerio de Hacienda explican que, para acometer las reducciones fiscales en la electricidad y otras energías, se hace indispensable cargar gravámenes a dicha materia prima. “Para reducir las disparidades fiscales observadas en España respecto a la UE-27, se produciría un aumento considerable del gravamen del gas natural en relación con la media europea”, puntualiza el libro.

Impuesto al diésel

El impuesto contra los carburantes más contaminantes era otra de las prioridades de María Jesús Montero. Los expertos han recogido el guante y prevén una subida fiscal de hasta 15.000 millones de euros con los nuevos gravámenes al diésel y otros carburantes. 

El comité incide en la necesidad de reestructurar la fiscalidad en los hidrocarburos ya que, comparativamente respecto a Europa, no se pagan los suficientes impuestos. “En términos comparativos, los datos de Eurostat muestran que la tributación española del gas natural no residencial se encontraba en 2021 por debajo de la media de la UE-27 (63,5%), mientras que el residencial se situaba en torno a dicha media (101,1%)”, explica el documento.

Con todo, los expertos consideran que se podrían recaudar un total de 6.802 millones de euros en las alzas impositivas del diésel y la gasolina. Respecto al diésel, los expertos indican que “debe prepararse una equiparación similar a la gasolina sin plomo 95 y 98”. El resto de los 15.000 millones se suplirían con nuevos impuestos a la matriculación, gravámenes a combustibles en aviación, agricultura y servicios marítimos e impuestos a billetes de avión.

Revolución en la factura de la luz

Otro de los grandes retos a los que se enfrenta el actual gobierno es el de frenar la escalada de los precios eléctricos, que repercuten en la factura de la electricidad. Desde hace varios meses, el Ejecutivo trabaja en retocar impuestos con el fin de rebajar la presión fiscal en el recibo. De hecho, en septiembre se aprobaron medidas especiales temporales y que se han extendido a junio para paliar los efectos de la guerra. Los catedráticos estiman que se dejarían de recaudar hasta 1.230 millones de euros del recibo eléctrico.

Así, el comité de expertos pide la supresión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica ya que la configuración del gravamen no diferencia según los efectos medioambientales de las distintas tecnologías de generación eléctrica y perjudica doblemente la transición ecológica al dificultar la electrificación, puesto que eleva los precios relativos de la electricidad, y al no promover el cambio tecnológico dentro de la generación eléctrica.

Además, el Libro Blanco pide rebajar el IVA de la factura de la luz. En estos momentos, por el incremento del precio de la luz, el impuesto se sitúa en el 10% y, como mínimo, se extenderá hasta junio. Los expertos recomiendan que se quede en este porcentaje. Por último, se insta a las comunidades autónomas que gravan con un impuesto a la generación que se reconsidere este gravamen “contribución a la transición ecológica, a la descarbonización (electrificación, eficiencia energética) y a la cobertura de costes medioambientales”. Dicha eliminación supondría un agujero anual de 1.486 millones de euros en las arcas de Hacienda.

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