Iba a estar lista en enero, pero finalmente se retrasó. El Instituto Nacional de Estadística (INE) lo pospusieron “unas semanas”, pero tampoco se implantó. Fue a finales de marzo cuando la institución pública aplazó “sine die” la nueva fórmula para medir el precio de la luz en el IPC, tal y como adelantó El Confidencial. Y no parece que, en un futuro cercano, se instaure.

El INE se había puesto como objetivo que a partir de 2022 se incluyeran todos los contratos de hogares de las tarifas acogidas al mercado libre, ya que en la actualidad hay más usuarios dentro de esta tarifa que la regulada o PVPC. Además, como ya avanzó este periódico, el organismo sopesa incluir o no a las pymes que tienen potencia contratada inferior a los 10 kilovatios y que, si se incluyeran, “podría alterar el nuevo sistema”.

Con esta nueva base de datos el organismo se asegura darle un mordisco al porcentaje que representa el recibo eléctrico dentro del cómputo de la cesta general ya que, en estos momentos, los usuarios que negocian directamente con las comercializadoras pagan el kilovatio a la hora más barato que los del mercado mayorista. Con una inflación disparada que ya roza el 10%, esta nueva metodología “supondría un recorte significativo”, relatan fuentes del sector.

Las empresas eléctricas, en este sentido, también trabajan a destajo ya que desde que se iniciara el año ha de enviar una serie de documentación al INE para que el organismo pueda establecer la subida o la bajada del precio de la luz en la cesta de la compra. La información que han de remitir las compañías es la recaudación mensual en los clientes hasta el día 20 antes del día 25, "algo que genera dificultades para nuestros departamentos", remarcan fuentes de las compañías eléctricas.

A su vez, el Instituto Nacional de Estadística se encuentra con otro problema: las empresas no tienen desgranados los ingresos generados entre los contratos por mercado libre y mercado regulado, algo indispensable para la nueva propuesta en la que trabaja INE y Ejecutivo.

Con esta incertidumbre, las empresas eléctricas arrojan muchas dudas al plan de Calviño para intentar frenar la inflación en la cesta de la compra. Fuentes del sector explican a este periódico que “a pesar de que se sigue trabajando con el INE” para calcular la nueva fórmula en la que se trabaja, “aún no se sabe la fecha exacta” en la que se va a poner en marcha. De hecho, las mismas voces remarcan que “ni tan siquiera” se tiene claro que “finalmente se vaya a consumar”.

“Hay problemas en los mecanismos de contabilidad de contratos y dificultades metodológicas y hasta que esto no se subsane no podrá salir adelante”, narran fuentes de una de las compañías más importantes de España. “Nosotros estamos colaborando en todo lo que se nos dice, pero no podemos poner una fecha exacta para el nuevo modelo”, remarcan.

Un peso cada vez mayor en la cesta

La preocupación del Gobierno es mayúscula respecto a la escalada en los precios de la electricidad, que derivan, finalmente, en un incremento del IPC. Durante el pasado marzo, el IPC se ha incrementado en tres puntos por una "subida generalizada" del coste de la cesta de la compra, según reconoce el INE. De hecho, más del 95% de los productos que conforman la cesta de la compra a efectos de calcular el IPC es a día de hoy más caro que hace un año.

La situación en los precios de la energía es extremadamente delicada. Según los últimos datos ofrecidos por el INE la pasada semana, el recibo de la factura de la luz ha subido un 107,8%. Este porcentaje podría haber sido una cifra aún mayor de no ser porque desde el pasado verano, el Gobierno aplicó una serie de medidas fiscales para abaratar la factura de la luz.

Los carburantes tampoco se quedan atrás y, según las propias cifras del Instituto Nacional de Estadística, el gasóleo es en marzo un 45% más caro que hace un año y el precio de la gasolina ha subido un 33%.