El Gobierno va a anunciar este sábado la prórroga de las medidas fiscales para amortiguar el encarecimiento en los precios de la energía. Y no es que solo las vaya a extender, también va a incluir otras nuevas como, por ejemplo, la rebaja del IVA del 10% al 5%. Así lo adelantó el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, esta misma semana en el Congreso de los Diputados.

Ha pasado un año y el Gobierno no ha podido conseguir sus objetivos de rebajar los precios en la energía, dejando un agujero fiscal de más de 15.000 millones de euros en las arcas públicas y un mar de dudas sobre su gestión energética.

Fue el 24 de junio de 2021 cuando el Consejo de Ministros aprobaba un Real Decreto-ley para “adoptar medidas tributarias coyunturales e inmediatas para bajar la factura de la luz de los consumidores”.

La norma reducía, por primera vez en la historia, el IVA desde el 21% al 10% desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2021 a los consumidores con una potencia contratada inferior a 10 kW. Asimismo, se aplicó un 10% de IVA a los consumidores vulnerables severos y en riesgo de exclusión social (50% de los beneficiarios del bono social) hasta final de año

La norma también suspendía el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) y se reducía hasta el 0,5% (de forma simbólica) el impuesto especial de la electricidad.

El Gobierno de Pedro Sánchez, en este sentido, puso ciertas condiciones para volver a la fiscalidad anterior. Por ejemplo, si el precio mayorista hubiese caído hasta los 45 euros, el IVA y el resto de puntos del paquete aprobado se tumbaría. Unas cifras que, obviamente, no se registraron.

El Ministerio de Hacienda, en un primer momento, cifró en un impacto de 400 millones de euros por mes a la hora de recaudar. Bien es cierto, que las revisiones se sucedieron y el montante fue superior según avanzaron las fechas.

La realidad es que el precio del gas empezaba a dispararse ante la fuerte demanda que venía desde China. El país, en su intento de descarbonizarse, y tras salir de los confinamientos desvió numerosos buques cargueros que provocaron un alza de precios en la materia prima. Además, los derechos por emitir dióxido de carbono se dispararon por la especulación de los mercados financieros, elevando el coste del megavatio a la hora eléctrico.

En diciembre, Pedro Sánchez y su equipo tuvieron que prorrogar las medidas ante la imposibilidad de reducir una rebaja sobre los precios del mercado mayorista. Por tanto, para aliviar el recibo eléctrico volvieron a acudir a las medidas fiscales. Mientras tanto, Hacienda y Transición Ecológica intentaron diseñar hachazos fiscales a las compañías eléctricas, como es el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE).

El impuesto que ha sido pospuesto por el Gobierno ante la falta de apoyos, pretende gravar a las empresas eléctricas por la sobre retribución que tienen las empresas eléctricas y a las gasistas y petroleras por contaminar más que otras. La Moncloa pretende sacar un total de 7.000 millones de euros para abaratar casi un 11% el recibo eléctrico.

Guerra en Ucrania

Y llegó la guerra en Ucrania. Con la prórroga extendida hasta el 31 de marzo, los costes energéticos entraron en una espiral alcista sin precedentes, provocando una inflación de hasta el 9,6%. El menor flujo en el sistema mundial del gas y del petróleo ruso empujaron a que las materias primas se desbocaran.

Tras varias semanas en los que el Gobierno no movió ficha para intentar relajar los costes, el Ejecutivo decidió llevar a Bruselas la denominada excepción ibérica, que proponía un tope del gas a la hora de generar electricidad en los ciclos combinados y un descuento en las gasolineras de 20 céntimos por cada litro de combustible.

Tras muchas batallas con el sector energético por las medidas, salieron adelante tras un nuevo Real Decreto que entró en vigor el 1 de abril hasta el 30 de junio. En él, también se prorrogan las medidas fiscales en la factura de la luz.

Poner un tope al gas tiene el objetivo de reducir el precio de la electricidad en el mercado mayorista. Pero limitar la materia prima tiene un coste para todos, ya que hay que compensar a las centrales, que seguirán comprando gas en los mercados internacionales. Por tanto, esta medida es financiada por todos los consumidores según las condiciones reglamentariamente establecidas. De hecho, durante las primeras semanas, debido a las compensaciones, el megavatio a la hora solo ha tenido una bajada del 10%.

Los descuentos en los carburantes tampoco han surtido efecto ya que los precios en las estaciones de servicio han continuado subiendo desde principios de abril. De hecho, el encarecimiento de los carburantes se ha comido ya el 100% de esos 0,20 euros. La medida, según cálculos del Ministerio de Hacienda supuso un coste de 400 millones de euros.

La ministra de Asuntos Económicos y vicepresidenta primera, Nadia Calviño, dijo a principios de marzo que el coste de las medidas energéticas habían tenido un coste de 12.000 millones de euros. A ellos, hay que sumarles los de este trimestre y los de los carburantes por lo que la cifra se dispara hasta los 15.000 millones de euros.

Todo parece indicar que la medida se prorrogará hasta finales de año, si bien Moncloa no ha especificado la extensión del nuevo Real Decreto-ley. Tampoco se sabe si se añadirá un paquete adicional que aumentaría la factura de las medidas energéticas. Lo que sí es seguro es que la rebaja del IVA tendrá un impacto de unos 460 millones de euros, según los técnicos de Hacienda.