Economía

Uber, Bolt, Cabify: las VTC tiemblan ante el fin del 'decreto Ábalos'

La mayoría de Comunidades autónomas no ha dictado normativa sobre el sector de vehículos con conductor que rija a partir de octubre, cuando decae el período compensatorio otorgado en 2018 por el exministro de Transportes

Un coche de Uber en Sevilla. EP

El sector de los vehículos de transporte con conductor ve con temor cómo se acerca octubre sin que la mayoría de las Comunidades Autónomas hayan dictado regulación propia sobre el sector. Para frenar la guerra del taxi desatada en 2018, el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos dictó un decreto que daba cuatro años de compensación a los propietarios de licencia, pues prohibía a las licencias VTC realizar trayectos urbanos más allá de octubre de 2022.

En caso de que los gobiernos regionales no hayan dictado una regulación específica para entonces, las VTC únicamente podrán ofrecer sus servicios en trayectos interurbanos, cuando la práctica totalidad de los viajes se hacen dentro de las propias ciudades.

En total hay unas 17.000 licencias otorgadas, pero de momento, sólo la Comunidad de Madrid y Cataluña han establecido sus propias reglas, aunque con términos muy distintos. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha puesto en marcha una normativa que favorece la continuidad de este tipo de servicios, aunque sin que puedan acceder a condiciones reservadas al taxi, como la recogida en plena calle o en las paradas establecidas al efecto.

Y esta misma semana, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña dictaba un decreto ley con apoyo del PSC que restringe bastante la operación de las VTC, reduciendo el número de autorizaciones y obligando a cambiar muchas de las flotas existentes debido a los nuevos requisitos sobre los vehículos (etiqueta ECO o CERO y un mayor tamaño del habitual). «No han cumplido ninguna de las recomendaciones de la Comisión Europea», se quejan fuentes del sector. Se calculan que la medida podría llegar a afectar a más de 3.000 empleos en el sector de la VTC en la región. «Las restricciones impuestas en este Decreto Ley aprobado hoy provocarán que miles de profesionales pierdan sus puestos de trabajo en los próximos meses», auguran desde Cabify en un comunicado.

Precisamente, desde la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor (Feneval) y Unauto han dirigido esta semana una carta a la actual ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para que amplíe en dos años más el período transitorio otorgado en 2018 por su antecesor en el cargo, alegando que la caída de actividad y la merma de ingresos por la pandemia ha tenido un fuerte impacto en la teórica compensación prevista. «Pedimos más tiempo porque se nos dio cuatro años para compensarnos con unos ingresos y hemos pasado dos con Covid», explica Ignacio Manzano, vicepresidente de Feneval.

Desde el Ejecutivo, no parecen muy proclives a ello pese a la amenaza de tener que aplicar despidos en el sector. «El Gobierno está plenamente convencido de que son las administraciones territoriales quienes son las conocedoras de las necesidades concretas de cada territorio, de modo que son las que pueden tomar las decisiones más adecuadas para su población, como ya ha ocurrido en la Comunidad de Madrid y en Cataluña, teniendo en cuenta toda una serie de elementos que van desde la estrategia de movilidad, la lucha contra el cambio climático, la despoblación, las particularidades del taxi en ese territorio o la falta de servicios de transporte», responden fuentes del departamento que dirige Raquel Sánchez a preguntas de El Independiente.

Las compañías como Uber, Cabify o Bolt están muy pendientes ahora de los pasos que vayan a dar regiones claves para su negocio como Andalucía (3.196 autorizaciones de VTC, un 18,5% del total nacional, y genera más de
3.600 empleos) o la Comunidad Valenciana (858 autorizaciones, un 5% del total nacional).

De momento, Galicia ha dicho que no piensa emitir su propia legislación. En muchas regiones, una parte del sector del taxi -la que no trabaja también con las aplicaciones- sigue presionando fuerte a las administraciones para evitar que las VTC puedan seguir operando como hasta ahora.

Desde las VTC alegan que la desaparición de estos servicios en algunas Comunidades que decidan no regular generaría una reducción de las alternativas de transporte para los usuarios, con un posible incremento del
uso de vehículo privado, elevando el tráfico y la contaminación.

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