Después de meses de parón, las organizaciones empresariales y sindicales están retomando de nuevo la negociación sobre salarios y otras mejoras laborales, que se encontraban en punto muerto sobre todo por la fuerte inflación y la incertidumbre económica. Según ha podido saber este periódico, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han recuperado los contactos para intentar alcanzar un acuerdo.

Los agentes sociales rompieron en primavera las negociaciones que buscaban llegar a un punto en común para renovar lo que se conoce como el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), un marco que sirve como recomendación a los representantes de las empresas y los trabajadores en las negociaciones de los distintos convenios colectivos. El último lleva caducado desde 2021.

El desencuentro era, en apariencia, insalvable, puesto que los sindicatos exigían recuperar todo el poder adquisitivo perdido por la inflación y los empresarios se negaban. Es decir, que CCOO y UGT pedían que en los convenios debían incluirse aumentos de sueldo en línea con el incremento del índice de precios al consumo (IPC). O, como mínimo, que considerasen incrementos salariales más moderados pero con la promesa de recuperar ese poder adquisitivo al cabo de un tiempo, por ejemplo, a final de año, lo que se introduciría en los convenios a través de las llamadas cláusulas de revisión salarial.

Pero los empresarios de CEOE siempre han mantenido que subir los sueldos en la misma medida que la inflación supone un esfuerzo demasiado grande para las compañías, así como que podría provocar más inflación. Por esos motivos, en mayo anunciaron la ruptura de las negociaciones. Ahora, la intención es suavizar posturas para llegar a un acuerdo, aunque sigue sin antojarse fácil. Especialmente en un momento en el que el Gobierno está a punto de anunciar cuándo buscar subir el salario mínimo.

Hay que recordar que, de media, los precios este año habrán subido un 8,5% en España con respecto a los del año pasado, y que se han alcanzado picos no vistos en casi 40 años (9,8% en marzo, después, 10,8% en julio). La reivindicación de los sindicatos es que las empresas están ganando más gracias a la inflación, algo que corroboró el Banco de España la semana pasada, por lo que -sobre todo las grandes- podrían permitirse mejorar los sueldos de sus plantillas.

La subida del salario mínimo

Ahora, la "negociación" -o contactos previos a retomar las reuniones oficiales o formales- está pendiente de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que el Gobierno ponga sobre la mesa. Para las empresas sería especialmente importante, puesto que, como siempre han mantenido, este alza obligatoria del SMI afecta de manera desigual a las compañías dependiendo del sector y territorio al que pertenezcan.

En ese sentido, los agentes sociales aguardan a que el Ministerio de Trabajo presente las conclusiones a las que ha llegado el comité de expertos que designó para calcular cuánto debería subir el SMI en enero. Este grupo ya ha terminado su trabajo, y ahora planteará en qué horquilla habrían de incrementarse los salarios más bajos del país para llegar el próximo año al 60% del salario medio en España, como exige la Carta Social Europea.

Después, el departamento de Yolanda Díaz convocará a organizaciones empresariales y sindicales para negociar con ellos este alza. El Gobierno tratará de alcanzar un acuerdo con ambas partes, como está obligado a hacer por ley, aunque sea complicado por el lado de las empresas. La última vez, los empresarios no estuvieron de acuerdo con la subida del salario mínimo hasta los 1.000 euros, pero la vez anterior sí la aceptaron.

Pacto de rentas 'de facto'

Mientras no se llega a un punto en común, los sindicatos denuncian que se está frenando el desarrollo de la negociación colectiva, ya que quienes se sientan a intentar renovar los convenios de sector y de empresa caducados no tienen una hoja de ruta. Es algo especialmente dañino para los trabajadores, denuncian, en un año en que la inflación está haciendo fuerte mella en los bolsillos de los españoles.

Para las instituciones económicas, este parón está provocando un pacto de rentas 'de facto', es decir, una situación en la que tanto empresas como trabajadores están perdiendo poder adquisitivo a nivel general para contener la inflación. Pero los datos apuntan a que los trabajadores de media están perdiendo seis puntos de poder adquisitivo -la diferencia entre una subida de los precios del 8,5% y un aumento de los sueldos del 2,5%, como se recoge en la estadística de convenios del Ministerio de Trabajo-, mientras que un buen puñado de grandes empresas están viendo dispararse sus márgenes de beneficio.

Intentando compensar la situación, el Gobierno ha planteado algo que ya ha aprobado el Congreso: un impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca y de las energéticas, con el que pretende recaudar 10.000 millones de euros durante los próximos dos años, en un discurso que apunta a las empresas del Ibex como aquellas que se están beneficiando del sufrimiento de los ciudadanos. Además, se ha aprobado un impuesto a las grandes fortunas cuya recaudación irá dirigida a combatir el efecto de la inflación en los bolsillos de los más desfavorecidos, según ha proclamado el Ejecutivo.