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El Gobierno desoye a los organismos económicos con las rebajas del IVA

El FMI, el Banco de España y los propios expertos seleccionados por Hacienda para la reforma fiscal piden acabar con los tipos reducido y superreducido

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista, en el Congreso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista, en el Congreso. EP

El Gobierno camina en dirección opuesta a las recomendaciones de los principales organismos internacionales en materia de IVA, así como del Comité de Expertos al que encargó el libro blanco sobre la reforma fiscal. Como parte del tercer decreto de medidas frente a la crisis, el Ejecutivo ha decidido suprimir durante seis meses el IVA superreducido de los alimentos básicos, que pasará del 4 al 0%, mientras que el del aceite o la pasta bajará del 10 al 5%. La intención es que esa bajada se refleje de forma obligatoria en los precios de los productos, como forma de aliviar los bolsillos de los consumidores. Se ven afectados desde el pan a los huevos, pasando por la leche, las frutas, las verduras, las legumbres o los cereales, aunque quedan excluidas la carne y el pescado.

Sin embargo, la medida choca con las recomendaciones que vienen haciendo organismos económicos tanto nacionales como internacionales. El Banco de España abogó en el mes de mayo por acometer una revisión integral del sistema tributario español que incluyese subidas de IVA y deducciones en IRPF. La institución que preside Pablo Hernández de Cos se mostraba consciente en su informe anual de 2021 de que la actual coyuntura hace difícil acometer los cambios, pero apuntaba en la dirección contraria de la rebaja adoptada por el Ejecutivo. El supervisor veía margen para subir en hasta 10.000 millones los impuestos al consumo, con un IVA de tipo único.

El organismo es partidario de otorgar un mayor peso relativo a la imposición sobre el consumo frente a la que grava la renta. Para ello, ve adecuado elevar los tipos superreducidos y reducidos (3 y 10%) al tipo general (21%) y, por otro lado, compensar con deducciones en el IRPF a las rentas bajas que se vean afectadas. «Un IVA de tipo único, combinado con transferencias o impuestos negativos en el IRPF a los hogares con menor renta, permitiría alcanzar los mismos objetivos distributivos de manera más eficiente», destaca la entidad.

En el ámbito internacional, de Bruselas se ha llamado varias veces la atención por la abundante cantidad de bienes que están afectados por los tipos reducidos y superreducidos en lugar de por el general. También el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han puesto la lupa sobre este aspecto del sistema fiscal español y han insistido en los impuestos al consumo para elevar los ingresos y atajar el déficit.

El pasado mes de febrero, la institución que dirige Kristalina Georgieva planteaba al Gobierno una subida de impuestos para reducir el déficit a partir de 2023. Además, en junio lanzaba una serie de recomendaciones para los Estados que preparan escudos anticrisis y antiinflación. El FMI pide diseñar ayudas directas y finalistas únicamente para los hogares de rentas más bajas y evitar reducciones generales de impuestos, pues se brindaría apoyo a todos por igual y los ingresos públicos acabarían mermados. Además, considera que la recaudación adicional fruto de la elevada inflación debería emplearse en «brindar apoyo específico» solo a los «hogares vulnerables».

Por otro lado, un reciente informe de la OCDE sitúa a España en el undécimo puesto de los 38 países que componen la organización en el que los impuestos al consumo tienen menos peso respecto al total de impuestos que se recaudan. Además, la organización remarca que las rebajas fiscales generalizadas terminan por favorecer más a las familias de mayor poder adquisitivo que a los hogares vulnerables. En este sentido, abogan por limitar al máximo medidas como las rebajas del IVA en ciertos productos y apostar por iniciativas «que estén directamente dirigidas a aumentar los ingresos reales de los hogares más pobres y a mejorar los servicios públicos para esas familias».

Eliminar los tipos reducidos

Por su parte, Spending Review de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) recomendaba también una revisión paulatina y acompasada con la recuperación de la economía española de los tipos reducidos del IVA «para mejorar la eficiencia distributiva del impuesto, en relación con aquellos bienes gravados ahora a tipos reducidos que consumen fundamentalmente las rentas altas».

Es la misma visión que ofreció el comité de expertos designado por el Gobierno para estudiar la reforma fiscal prometida a Bruselas y que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantiene aparcada por la actual coyuntura económica, fruto de la pandemia y la guerra de Ucrania.

«El comité recomienda la supresión gradual de los tipos impositivos reducido y superreducido en el IVA, articulando un sistema para que los hogares con menor renta reciban una compensación adecuada por el aumento que experimenten en el IVA soportado en sus consumos de bienes y servicios esenciales», recuerdan en las páginas del Libro Blanco de la reforma tributaria.

Los citados expertos recuerdan que «aunque es cierto que los tipos reducidos abaratan el precio de determinados consumos para las personas con menos renta, también lo es que, en valores absolutos, el beneficio es mayor para las que tienen más renta, que no necesitan ese subsidio, lo que eleva significativamente el coste recaudatorio ocasionado por la reducción de los tipos». «El 55% del beneficio fiscal que representan los tipos reducidos se concentra en el 40% de los hogares más ricos», rematan.

Los expertos creen, en todo caso, que la reforma «no se puede llevar a cabo inmediatamente dado el contexto de recuperación económica en que nos encontramos». Consideran que tampoco puede aplicarse de un día para otro ya que implicará aumentos importantes de precios en bienes y servicios, cambios en el consumo y podría provocar «una fuerte contestación social».

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