Escrivá y Podemos pactan que el pensionista pueda elegir entre 25 o 29 años quitando los dos peores

Se acabó. Después de meses de negociaciones a tres bandas para evitar que repetir el mal trago de la reforma laboral, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá ha conseguido llegar a un acuerdo en el seno del Gobierno que hoy presentará a los sindicatos y a las organizaciones empresariales, una parte del proceso que prevé rápida e indolora.

Fuentes de la negociación confirman a El Independiente que Escrivá consiguió situar ayer en la misma página a lado socialista de la coalición y al de Podemos, después de una reunión conjunta con la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y con la secretaria general de Unidas Podemos y también ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

La propia Belarra ha destacado en Twitter que se trata de una propuesta "muy trabajada" que demuestra que "lo que siempre ha dicho Podemos es posible". "Ampliamos derechos a los y las pensionistas garantizando la sostenibilidad del sistema gracias al aumento de ingresos", ha resaltado la líder de UP. El ministro de Seguridad Social llevaba semanas tratando de cerrar una propuesta con Podemos que también convenciese a los socios parlamentarios del Gobierno y a Bruselas.

Si perjudica, no se amplía el periodo de cálculo de la pensión

Según el acuerdo en el seno del Gobierno, ahora Escrivá propondrá a los agentes sociales cambios sustanciales en la propuesta que había encima de la mesa. La nueva propuesta incluirá que los pensionistas puedan elegir entre el periodo de cómputo actual, de 25 años, o ampliarlo a 29 años pudiendo quitar los dos de peor cotización. El planteamiento anterior pretendía ampliar el periodo de cómputo hasta los 30 años, pudiendo descartar el pensionista los dos peores, algo que reducía considerablemente las prestaciones de aquellos con carreras profesionales más largas y constantes.

Por otro lado, la reforma buscará aumentar los ingresos del sistema incrementando las cotizaciones que deben abonar a la Seguridad Social los trabajadores con sueldos más altos, y además crear una "cuota de solidaridad" que subirá algo más las cotizaciones. Por eso, desde el Ministerio esperan sacar adelante la reforma con el visto bueno de los sindicatos pero no con el de la patronal, que desde el principio se ha opuesto a que las empresas tengan que pagar mayores cuotas.

De su lado, los sindicatos no rechazaban de plano cualquier aumento del periodo de cómputo de las pensiones, pero en primer lugar pedían que estuviese ya acordado en el seno del Gobierno y con los socios parlamentarios. No querían que se repitiese la situación de la reforma laboral, que estuvo a punto de no salir adelante y solo lo hizo gracias a la equivocación al votar de un diputado del Partido Popular. Ahora, deberán evaluar la nueva propuesta, pero las conversaciones se prevén sencillas al no plantearse ningún aumento generalizado del periodo de cálculo de la pensión, con lo que no se verán reducidas las prestaciones de los jubilados, como sí sucedía con el anterior planteamiento.

Además, y según sugirió el ministro Escrivá este jueves, esta propuesta ya está pactada con la Comisión Europea, de manera que los fondos europeos de recuperación que van aparejados a esta reforma -dentro del cuarto desembolso- estarían asegurados. Bruselas, sin embargo, no confirma este extremo, tan solo que en las últimas semanas ha mantenido intensas conversaciones con el ministro al respecto.

La reforma lleva meses de retraso, porque según el calendario pactado con Bruselas estaba previsto aprobarla antes de que terminase 2022. Sin embargo, la complejidad de las negociaciones con Bruselas, los socios de Gobierno y sindicatos y patronal al mismo tiempo ha dilatado los plazos. Esto no debería suponer un problema para la recepción de fondos en tiempo y forma, ya que España es quien decide cuándo notifica a la Comisión el cumplimiento de los hitos que ha planteado cumplir y por tanto cuándo recibe el dinero, pero es algo que el Ejecutivo comunitario evaluará a final de año.

Con este acuerdo, el Gobierno retorna a un clima de encuentro y concordia después de una semana muy tensa por la reforma de la ley del sí es sí, la iniciativa legislativa que ha provocado la mayor crisis en el seno del Ejecutivo de toda la legislatura. Ahora se trata de demostrar que la coalición, aunque muy agrietada, tiene aún vida, y lo harán tratando de desbloquear tan pronto como sea posible iniciativas como la ley de vivienda, con el acuerdo ya muy próximo, o con el fin de la ley mordaza, que deberá superar su prueba de fuego el próximo martes en comisión.