Economía | Empresas

El Gobierno ultima una nueva revisión de precios de las obras públicas

El decreto aprobado por el Gobierno para un mecanismo extraordinario decayó en marzo

Un operario conduce una excavadora.

Un operario conduce una excavadora. EP

El Gobierno está analizando de la mano de las constructoras un sistema de revisión de precio de las obras públicas que permita asegurar la buena ejecución de los fondos europeos. El sistema extraordinario aprobado por el Ejecutivo decayó el 1 de marzo sin solución de continuidad. Pero el sector ha seguido insistiendo en que es imprescindible para que las obras no queden desiertas.

Fuentes del Gobierno confirman que hay varias opciones sobre la mesa, que deben ser analizadas por los departamentos de Economía y Hacienda. El sector de la construcción siempre ha puesto de manifiesto que el departamento de Transportes que dirige Raquel Sánchez era perfectamente consciente del problema que ha representado para las compañías el fuerte alza de costes de las materias primas y la energía, pero señalaba reticencias de los departamentos de Nadia Calviño y María Jesús Montero por el coste de la medida para las arcas públicas.

El Ejecutivo dio un paso adelante con varios decretos para implementar un sistema de revisión de precios extraordinario del que fueron pioneros en su día tanto el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) como la dirección general de Carreteras. Ahora, se estudia cómo mejorar el sistema y hacerlo más flexible, añaden las citadas fuentes.

Desde el sector aseguran que las conversaciones están muy avanzadas y dan por hecho que la nueva propuesta podría estar lista en apenas unas semanas. Desde el Gobierno se limitan a reconocer estar trabajando en el asunto, sin dar más detalles sobre la forma de implementación. Según adelantó este lunes El Economista, el grupo de trabajo interministerial contempla soluciones transitorias ante la coyuntura actual.

Julián Núñez, presidente de Seopan -la patronal de las concesionarias que aglutina a las cotizadas ACS, Acciona, Ferrovial, FCC, Sacyr y OHLA aseguró este miércoles la necesidad imperiosa de implementar un nuevo sistema. En este sentido, abogó durante un encuentro en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos por elevar del 20 al 30% el límite respecto al precio de adjudicación del contrato que se prevé en el anterior decreto del Gobierno. "Esto nos va a condicionar este año y el que viene", aseguró.

"Vamos a modificar la ley para reducir permanentemente o transitoriamente, si es posible, esa carencia absurda que tenemos de 2015 de dos años de ejecución y vincularlo preferentemente a la fecha de presentación de ofertas", añadió.

Además, respecto al Real Decreto 36/2020, puso en valor la concesión automática de anticipos financieros de hasta el 50% de todas aquellas obras que tengan subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). En este sentido, recordó que hay un informe de la Abogacía General del Estado del pasado mes de enero que dice que basta con que solicite y que no hacen falta trámites o documentos justificativos adicionales.

Su principal queja es que "todas las obras licitadas por las Comunidades Autónomas y entidades locales, no tienen ni fórmulas de revisión. Y las que se acogieran, lo harían con el período de carencia de dos años, lo que supone un riesgo enorme". Una de las principales reivindicaciones del sector de la construcción es reinstaurar la obligatoriedad de que los contratos incluyan fórmulas de revisión de precios, algo que quedó como residual con la aprobación de la ley de desindexación de la economía de 2015.

En este sentido, desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) llevan tiempo quejándose de que el 90% de las empresas del sector no se estaba viendo beneficiado del mecanismo puesto en marcha por el Gobierno y que se estaba aplicando a una tipología de obra grande y centrado principalmente en ferrocarril y carreteras.

Hace apenas dos meses, el propio Núñez se encargó de recordar que aunque el acero, el cobre y el aluminio están reduciendo sus precios entre un 6% y un 12%, siguen un 51%, 38% y 33% por encima, respectivamente, al nivel de 2020. El gas y la electricidad también habían bajado hasta febrero un 12% y 62%, pero seguían un 556% y 121% más caros que en ese año 2020. Entre los cambios que reclamaban de cara una eventual revisión del sistema, estaba el incluir la variable energética en la revisión del precio de los contratos.

La ejecución es ahora la prioridad

El secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Xavier Flores, reconoció durante el encuentro que ahora mismo, la principal tarea por delante es ejecutar todo lo que se ha licitado. "Estamos todos empeñados y comprometidos para que esto sea un éxito", expresó. "Toca el esfuerzo y no bajar la guardia para ejecutar todo lo puesto en marcha", añadió también las presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, tras reconocer que "hay falta de mano de obra a todos los niveles".

Por su parte, el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, lamentó que los encargos realizados por empresas públicas casi se duplicaron el año pasado. En este sentido, expuso que compañías públicas como Tragsa (Agricultura) o Ineco (Transporte) recibieron 1.888 encargos en 2021, pasando en 2022 a más de 3.120 proyectos.

"Proponemos que solo se permita utilizar un porcentaje del presupuesto a través de encargos a medios propios y que se establezca un procedimiento ágil para encomendar remanentes, porque muchas veces se les otorga a medios propios para que los hagan rápidamente, ya que de lo contrario esos fondos se perderían", concluyó.

Todas las claves de la actualidad y últimas horas, en el canal de WhatsApp de El Independiente. Únete aquí

Te puede interesar