El Gobierno espera que la tasa de temporalidad del mercado laboral español, esto es, el porcentaje de trabajadores que tienen un contrato temporal frente a los que tienen uno indefinido, se equipare con la media europea en el año 2026. En el Programa de Estabilidad 2023-2026, que el Ejecutivo ha enviado este viernes a la Comisión Europea con sus nuevas previsiones económicas y reformas que planea implementar los próximos cuatro años, también incluye que espera reducir la temporalidad hasta el 14,1% en cuatro años.

De cumplirse, supondría un gran hito puesto que este era el principal objetivo de la reforma laboral, después de años en los que España ha marcado tasas de temporalidad alarmantes. En 2005 y 2006 los trabajadores temporales representaban el 35% del total de empleados, y desde entonces la tasa solo ha conseguido bajar del 22% -hito histórico marcado en 2013- tras la aprobación de la reforma laboral de Yolanda Díaz, que vio la luz el año pasado.

El problema venía de lejos, puesto que desde mediados de los años 80 apenas había que justificar por qué se utilizaban contratos temporales. Hasta entonces apenas se usaban esos contratos, pero a partir de esa fecha las empresas empezaron a encontrar en ellos un buen modo de hacer frente a los malos momentos: su despido resultaba más barato. A partir de entonces la brecha con la Unión Europea ha sido enorme, con una temporalidad media del 14%, y muy por debajo en países como Alemania, con un 12%, y en Bélgica, con un 9%. En Francia es del 16% y en Italia roza el 18%, por encima del 11% de Grecia.

Ahora, la nueva legislación laboral prohíbe los contratos temporales salvo que concurran dos motivos que hay que explicar. Así, el contrato de trabajo ordinario es el indefinido y sólo podrán hacerse dos tipos de contratos temporales: uno formativo y uno estructural, por sustitución de otro trabajador o por circunstancias de la producción, es decir, solo por incrementos ocasionales imprevisibles de la producción u oscilaciones de la demanda.

Este primer trimestre descendió al 17%

Para justificar esa previsión, el Gobierno se apoya en que en 2022 la actividad y la reforma laboral "hicieron posible el mayor crecimiento del empleo en 15 años". La ocupación creció un 3,1% (y 1,5 millones de personas consiguieron un contrato indefinido), su ritmo más elevado desde 2008, y el desempleo retrocedió hasta el 12,9% (en 47.000 personas en el conjunto del año). A la vez la temporalidad alcanzó su mínimo histórico. Este primer trimestre, además, ha descendido hasta el 17,3%.

El Gobierno no recoge en el mencionado programa tasas de temporalidad que espera conseguir en los próximos años, sino que se limita a situar la de 2026 en el 14,1%. "El mercado laboral mantendrá su dinamismo, alcanzándose una tasa de paro inferior al 10% al final del horizonte de previsión. La creación del empleo se mantendrá durante todo el periodo, sumando 1,1 millones de puestos de trabajo equivalente a tiempo completo hasta 2026. Gracias a la reforma laboral, se prevé una reducción de la tasa del paro hasta situarla en un nivel inferior al 10% en 2026".

También remarca que es gracias a las reformas adoptadas en general y a la reforma laboral en particular que el crecimiento del PIB está siendo más intenso, de manera que los efectos sobre productividad llegarán entre 2030 y 2050, cuando esta se convertirá "en el principal motor de crecimiento del PIB". En 2022 el PIB creció un 5,5% del PIB, lo mismo que en el ejercicio anterior, aunque las previsiones apuntaban a una cifra inferior.

Los ingresos por cotizaciones sociales aumentan un 9%

Por otro lado, el mismo documento recoge el aumento de las cotizaciones sociales que se produce por la reforma de las pensiones. El Gobierno espera ingresar un 9% más por esta vía en 2023, hasta llegar al 13,9% del PIB, debido a que el pasado enero entró en vigor la primera parte del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que trata de garantizar la sostenibilidad del sistema aumentando lo que deben aportar trabajadores y empresas al Estado mes a mes para financiar las pensiones.

El programa contempla que el resto de años del horizonte, hasta 2026, los ingresos por cotizaciones sociales representarán un 14% del PIB. También hay que tener en cuenta que aquí juega un papel la subida del salario mínimo, ahora en 1.080 euros al mes en 14 pagas (15.120 euros brutos anuales), y la reforma del sistema de autónomos, aprobada el año pasado y que se implementará progresivamente a lo largo de los próximos nueve ejercicios.