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Endesa e Iberdrola desentierran el hacha de guerra con el Gobierno por la financiación del bono social

El Gobierno sostiene que las comercializadoras no quieren ofertar la tarifa regulada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), saluda al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán (i)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), saluda al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán (i) EP

Las empresas eléctricas han vuelto a levantar la voz contra el Gobierno. Tras varios meses con las aguas calmadas entre el sector y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la renovación de la tarifa PVPC ha servido a la patronal de Endesa e Iberdrola para reivindicar una petición respecto a la financiación del bono social.

Desde febrero del año pasado, los diversos actores energéticos son los que tienen que repartirse el coste de aquellas ayudas a las personas con menos recursos económicos y que viven en riesgo de exclusión eléctrica. Una sentencia del Tribunal Supremo declaró que no se puede aplicar el modelo de financiación vigente desde 2016, que hacía recaer el coste del bono social sobre las compañías comercializadoras de energía.

Las grandes corporaciones como Iberdrola, Endesa, Naturgy o EDP -cada una por separado- pedían a la Justicia que el reparto fuera más equitativo y que no solo tuvieran que hacer frente a este bono social las comercializadoras. Según datos oficiales, el 88% de los recibos los emiten estas empresas por lo que casi todo el total tenían que soportarlo estas compañías.

Desde abril del año pasado, todas las empresas del sector (distribuidoras, comercializadoras, empresas generadoras…) contribuyen a su financiación. El importe de esa financiación lo fija la CNMC y, provisionalmente, se ha establecido en unos tres céntimos al día por usuario que cada comercializadora tendrá que pagar por cada uno de sus clientes.

Pero tras cambiar la nueva tarifa PVPC, a la que hay que estar adscrita para poder disfrutar del bono social, las empresas eléctricas consideran que debería cambiarse el sistema de reparto y que sea el propio Estado el que pague a través de los Presupuestos Generales del Estado el importe íntegro anual.

Aelec remarca que “el coste de financiación del bono social no debería corresponder a ninguno de los sujetos que operan en el sector eléctrico -y, entre ellos, a las comercializadoras de referencia-, sino que, por tratarse de políticas públicas, deberían financiarse a través de instrumentos también públicos”.

De acuerdo a la información que manejan las fuentes, la cantidad puede marcharse hasta los 250 millones de euros. Se trata de una cuantía a la que tendrá que hacer frente el sector energético en esta ampliación de condiciones del bono social eléctrico.

Cabe recordar, en este sentido, que los beneficiarios del bono social eléctrico tienen derecho al bono social térmico, que cubren los PGE; en consecuencia, se aumenta la partida presupuestaria destinada a financiar el bono térmico hasta los 228 millones.

No es la única petición económica que la patronal de las eléctricas pide revertir. Con respecto al coste por la liquidación del mecanismo de ajuste de costes de producción del RDL 10/2022, la asociación pide que se tengan en cuenta “todas las liquidaciones de los servicios de ajuste para una recuperación íntegra de estos costes por parte de las compañías comercializadoras de referencia”.

No interesa la PVPC

Pero el Gobierno también tiene motivos para la queja. O eso piensan fuentes ministeriales. La cartera de Transición Energética considera que las propias eléctricas no quieren “mantener a millones de clientes bajo la tarifa regulada”. Según estas fuentes, “las empresas quieren negociar contratos por su cuenta”, si bien recalcan que el “Gobierno considera que debe haber varias fórmulas para que los consumidores elijan lo que es mejor para ellos”.

Esta batalla viene de lejos y el presidente de Iberdrola fue el primero en verbalizar las contras de la tarifa regulada. En plena escalada de los precios, Ignacio Sánchez Galán aseguró que “solo los tontos están dentro de la tarifa PVPC”. El coste por megavatio a la hora llegó a escalar hasta los 400 euros y el empresario aseveró que los usuarios debían negociar con la propia comercializadora para no sufrir los vaivenes de la regulada, algo que se pretende corregir con la nueva normativa.

No obstante, el tiempo ha dado la razón a las grandes eléctricas y mes a mes los clientes de la tarifa regulada se han marchado a la tarifa libre. Según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), desde que comenzara la crisis energética 1,5 millones de contratos se han cambiado de la PVPC a la libre.

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