El Ministerio de Consumo que dirige en funciones Alberto Garzón ha activado este verano una ola de expedientes sancionadores contra aerolíneas y otras empresas. Con la legislatura ya terminada y con el anuncio de su paso atrás de la primera línea política, el departamento del líder de Izquierda Unida ha decidido empezar a hacer uso de su capacidad sancionadora, de la que se dotó hace un año.

En pleno mes de agosto y con las negociaciones abiertas para formar un nuevo Gobierno tras las elecciones generales del 23 de julio, el Ministerio ha incoado los primeros expedientes sancionadores a varias aerolíneas por la inexistencia de un teléfono de atención gratuita o, en caso de existir, por la dificultad de acceso. Ello supone, según el Ministerio, un incumplimiento de las obligaciones legales en materia de servicios de atención al cliente.

El pasado jueves también anunciaba la apertura de un expediente sancionador a varias compañías de bajo coste por el cobro de sobrecostes por el equipaje de mano transportado en cabina. Además, se investigan también los sobrecostes aplicados a otros servicios que tradicionalmente se incluían en el precio del billete, como la reserva del asiento contiguo a otro pasajero en el caso de menores o personas dependientes.

En el primer caso, las sanciones previstas para estas infracciones pueden llegar a considerarse como infracciones leves o graves y sancionarse con multas de entre 150 y 10.000 euros, en el caso de las leves, y entre 10.001 y 100.000 euros, en el caso de las graves. Para el segundo caso, las infracciones pueden llegar a considerarse como graves o muy graves, y sancionarse estas últimas con multas de entre 100.001 y 1.000.000 de euros.

Desde el Ministerio evitan detallar qué compañías son las que están involucradas en estos expedientes sancionadores. "Mientras no se resuelva el expediente, no se pueden hacer públicos los nombres", aducen fuentes del Ministerio. El pasado mes de enero se puso en marcha dentro del mismo la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador como órgano para prevenir y sancionar posibles fraudes masivos, y garantizar los derechos de las personas consumidoras.

Desde la asociación de consumidores Facua-Consumidores en Acción aseguran que son prácticas que vienen denunciando desde 2021 ante el Ministerio. En el primer caso, según la organización, la investigación iría contra compañías como Ryanair, Vueling, Easyjet y Volotea. En el segundo, las aerolíneas objeto de las últimas denuncias son Blue Air, Binter, Canary Fly, Iberia, Wizzair, Volotea, Air Europa, Condor, Iberojet, Easyjet, Finnair, Iceland Air, SAS, Transavia, Wamos Air y EgyptAir.

Asimismo, denuncian "falta de transparencia" por parte de la Dirección General de Consumo con las más de 300 denuncias presentadas a lo largo de la legislatura contra empresas por prácticas que vulneran la legislación de defensa de los consumidores. Y dicen no haber obtenido respuesta sobre las denuncias "presentadas tanto antes como después de la entrada en vigor del cambio legal que, desde el 28 mayo de 2022, dota al ministerio de potestad sancionadora"

Recientemente, Consumo ha incoado también por primera vez un expediente sancionador a una empresa organizadora de eventos y festivales porque incluye como cláusula obligatoria la prohibición expresa de entrada al recinto del festival con comida o bebida del exterior, pudiendo los asistentes ser registrados y, en su caso, denegarles la entrada por este motivo. Además, se está investigando el sistema de pago a través de pulseras cashless (sin efectivo), que este organizador incluye en aquellos eventos que están ya a la venta a fin de evitar el uso de metálico.

Uno de los más cuestionados

Garzón ha sido uno de los ministros más cuestionados por la oposición durante todo su mandato. No sólo por las restringidas competencias de su cartera, desgajada de otro gran departamento como Sanidad como parte de la negociación para conformar el primer Gobierno de coalición de la democracia entre el PSOE y Unidas Podemos. También por los repetidos choques que sus campañas o propuestas suponían contra otros departamentos como el de Agricultura, Pesca y Alimentación, que dirige el socialista Luis Planas.

En la polémica sobre la necesidad de reducir el consumo de carne, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez llegó a pronunciarse con una frase que no respaldaba al ministro en sus tesis: "Donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible". También levantó una amplia polvareda al poner sobre la mesa en una entrevista con el diario británico The Guardian la calidad de la carne producida en macrogranjas en España y su impacto en el medio ambiente.

En todo caso, los señalamientos de empresas con nombres y apellidos que hacía durante su etapa previa a entrar en el Gobierno prácticamente desaparecieron de sus redes sociales. En las organizaciones se preguntan por qué la demora en actuar. "Nunca es tarde si la dicha es buena", dice Rubén Sánchez, de Facua. "Ojalá sea el punto de partida para que el Ministerio de Consumo de la próxima legislatura vaya sumando, pero no entendemos por qué ha tardado tanto", agrega.

En su opinión, el titular de Consumo "se ha visibilizado más por ser un ministro de juego y nutrición -que nos parece muy correcto e interesante- pero le ha faltado la pata fundamental, que era la protección de los consumidores y la lucha contra el fraude".

En todo caso, dice que "no se puede acusar a Garzón de no haber hecho nada a nivel legislativo". "Ojalá los cinco anteriores ministros competentes en Consumo hubieran hecho la mitad que su equipo", agrega. "Pero en la parte del señalamiento de los fraudes y decir que es el ministerio que protege a los consumidores se ha quedado completamente corto hasta después de las elecciones", concluye.

Ahora, el departamento de Garzón tendrá que dilucidar si las prácticas de cada aerolínea investigada son sancionables o no y en qué cuantía. Por un lado, el transporte aéreo considerado servicio básico de interés general, obliga a que las empresas prestadoras tengan que disponer de un teléfono de atención al consumidor gratuito. La norma entró en vigor tras el cambio realizado esta legislatura de la Ley General de para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Respecto a las compañías low-cost investigadas por el cobro de sobrecostes, el ministerio dice que desgajando servicios tradicionalmente incluidos en el precio del billete y cobrando un suplemento por ellos, las compañías ofrecen en su publicidad precios muy competitivos. "Esto les permite tener un posicionamiento SEO privilegiado en los motores de búsqueda y en los comparadores respecto a competidores que sí incluyen estos servicios en el precio del billete que se anuncia en el comparador", explica el departamento.

Además, remarcan que el "precio inicialmente ofertado en la publicidad no se corresponde en la mayoría de los casos, como consecuencia de estas prácticas, con el precio que finalmente acaba pagando el consumidor". La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) señaló a Europa Press que las prácticas comerciales como el cobro de maleta en cabina o la asignación de asientos son "perfectamente legales y están amparadas en el Reglamento Europeo 1008/2008 que establece la libertad de fijación tarifaria". "Es importante recordar que el viajero siempre tiene conocimiento del precio del vuelo que ha seleccionado desde el inicio, pudiendo elegir los servicios que precisa y acabar pagando por los que necesita", defiende la patronal.