El Ministerio de Seguridad Social presentó este martes el informe que había prometido a la Comisión Europea sobre gasto público en pensiones a largo plazo y cómo encaja en esas previsiones su reforma. El documento, convenido en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, incluye un gran número de proyecciones sobre paro, empleo, crecimiento del producto interior bruto (PIB), evolución demográfica y, como resultado de todo lo anterior, gasto en pensiones. La idea del informe al completo es explicar el sentido de la reforma y también dejar claro por qué el Gobierno espera no tener que activar el bautizado como "mecanismo corrector", es decir, las medidas que se aplicarían en caso de que el gasto en pensiones exceda lo planificado, que básicamente consisten en aumentar más las cotizaciones sociales que abonan el conjunto de trabajadores para pagar las prestaciones de los mayores.

Según el cuadro de proyecciones macroeconómicas incluido en el informe, la previsión del gasto en pensiones que se ha tenido en cuenta a lo largo de la elaboración de la reforma se asienta sobre los siguientes supuestos, que incluyen la estimación de que la población que sobrepasa la edad de jubilación se triplicará de aquí a 2050 a través de los incentivos a retrasar la salida del mercado laboral. Es decir, sobre todo, la cantidad a tanto alzado y el incremento de la pensión a los que ahora tiene derecho todo aquel que retrase su jubilación más allá de la edad legal.

Pero empecemos por el principio. En primer lugar, el Ministerio de Escrivá asume que el PIB nominal va a mantener un crecimiento medio por encima del 3% a lo largo de las próximas décadas. En concreto, Seguridad Social contempla un incremento del PIB nominal del 4,9% entre 2023 y 2030; del 4,1% entre 2031 y 2040; del 3,5% entre 2041 y 2060 y del 3,6% entre 2061 y 2070. Si se atiende solo al PIB real, espera que crezca un 2% anual de aquí a 2050, es decir, por encima del 1,4% que ha venido creciendo cada año durante los últimos 20 y también por encima de la estimación (del 1,13%) de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Escrivá espera que el PIB crezca un 2% anual de aquí a 2050, frente
al 1,1% que estima la AIReF

También espera que la tasa de paro baje del 11,6% actual hasta el 5,5% en el periodo entre 2050 y 2060, siguiendo la siguiente senda descendiente por décadas: debería bajar al 8,7% la próxima y al 6% la siguiente, para llegar al citado 5,5%. Estas perspectivas superan las del propio Ejecutivo, que en su informe de prospectiva España 2050, presentado en 2021, proyectaba una tasa de paro del 7% dentro de 27 años.

Asimismo, el informe recoge un incremento de la productividad que alcanzaría el 1,6% ya entre 2041 y 2050, frente al 0,6% que ha crecido durante las últimas dos décadas. El cuadro espera que esa productividad aumente ya un 1,2% entre este año y 2030, sobre todo gracias a los fondos europeos. "Los fondos Next Generation ya están mejorando el crecimiento de la productividad a corto plazo y continuarán haciéndolo a medio plazo. Las estimaciones del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital concluyen que hay un impacto directo rápido en los sectores productores de bienes y en los más afectados por la digitalización. El crecimiento de la productividad en estos sectores se extiende al resto a través de las relaciones cliente-proveedor, lo que da como resultado que las ganancias de productividad se extiendan a todo el sistema económico", asegura el documento.

"Desplazar las altas en jubilación"

Todos estos supuestos tienen que ver con los avances de la economía española y su mercado de trabajo, pero el informe también incorpora otros que tienen que ver con los efectos directos de la propia reforma de pensiones, que deberían empujar a conseguir contener el gasto en estas prestaciones para que el mecanismo de corrección no tenga que activarse. En ese marco Seguridad Social espera "desplazar a la derecha la curva de las altas en jubilación y aumentar con ello la edad efectiva media de acceso a la jubilación" gracias tanto a la mejora estructural que espera en el mercado de trabajo como a los incentivos y desincentivos ya aprobados.

"La expectativa es que con los nuevos incentivos a la jubilación demorada se haga más atractivo para los trabajadores el alargamiento de las carreras profesionales y que, por tanto, aumente la actividad y ocupación a partir de los 54 años, y especialmente a partir de los 65 años. Apoya esta opinión los resultados de la encuesta realizada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre los incentivos de retrasar la jubilación voluntariamente", justifica.

Pero las proyecciones han sorprendido a algunos economistas por su optimismo, puesto que incluyen que la tasa de ocupación de la población de entre 65 y 74 años se más que triplique de aquí a 2050. Es decir, que si actualmente tan solo el 7,6% de la población de esa edad trabaja, en 2050 el informe asume que lo hará el 28,3%. Lo mismo sucede con el resto de trabajadores mayores, aunque en menor medida. Si actualmente el 59,5% de los ciudadanos entre 55 y 64 años trabaja, la perspectiva es que el 76% lo hará en 2050.

Esa proyección también tiene en cuenta que a día de hoy hay 9,7 millones de personas en ese tramo de edad, y que se estima que en 2050 superen los 16 millones de habitantes. Es preciso recordar que cuando se aprobó la reforma la propia AIReF que Escrivá dirigía antes de ser ministro ya consideró las previsiones ligadas a estos incentivos demasiado optimistas, como ya explicó este periódico entonces.

"Es en este colectivo en el que el fomento de la permanencia en el mercado laboral puede tener más incidencia y producir el mayor desplazamiento de la edad real de jubilación; si se mantuviesen los empleos a lo largo del tiempo, necesariamente aumentarían los ocupados mayores de 54 años y en mayor proporción los mayores de 65 años y con ello el retraso en la jubilación (facilitado gracias a los nuevos incentivos a la jubilación demorada)", confía el Ministerio.

Seguridad Social no solo fía este aumento de la actividad de los mayores a los incentivos y desincentivos, esas "medidas de carácter voluntario" para "aumentar las tasas de actividad", sino también a otras medidas ya aprobadas. Según Inclusión, anteriormente "la utilización sistemática de la protección por desempleo y de la jubilación anticipada como vehículos para la salida prematura del mercado de trabajo" conducían a "tasas de actividad y de ocupación" inferiores en el rango de 55 a 64 años que en el del resto de trabajadores, produciendo así "implicaciones negativas" en "términos de menor crecimiento económico y aumento del gasto público en protección social".

Ahora, espera que repercutan positivamente en este sentido otras actuaciones como la ley que ha reducido las cuotas empresariales a la Seguridad Social por incapacidades temporales para los trabajadores que ya hayan cumplido 62 años, ya que se ha apreciado la necesidad de potenciar que esos trabajadores mantengan sus empleos a esas edades. Al mismo tiempo, destaca que es necesario permitir que trabajadores puedan jubilarse superadas las edades ordinarias, puesto que muchos aseguran que la decisión no es suya, sino que viene de la empresa.

Por último, justifica que quienes retrasan su edad de jubilación van a multiplicarse exponencialmente -ya lo han hecho casi por dos entre 2021 y 2023- ya que un estudio experimental elaborado por el Ministerio ha preguntado a una muestra representativa de la población cercana a la edad jubilación por su propensión a retrasarla en base a ciertos incentivos, y los resultados mostraron que este grupo es "muy sensible a la oferta en forma de cuantía a tanto alzado".