Economía

De la ampliación del periodo de cómputo al alza de las cotizaciones: los retos de Elma Saiz

La nueva ministra de Seguridad Social deberá asumir cambios en materia de pensiones aprobados sin ella pero que entrarán en vigor a lo largo de su mandato

La ministra de ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, a su llegada ese miércoles al Palacio de La Moncloa para asistir al primer Consejo de Ministros del nuevo gabinete de Pedro Sánchez.

La ministra de ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, a su llegada ese miércoles al Palacio de La Moncloa para asistir al primer Consejo de Ministros del nuevo gabinete de Pedro Sánchez. EFE/Juan Carlos Hidalgo

La reforma de las pensiones tendría tendría que haberse cerrado el año pasado, pero finalmente fue este 2023 cuando José Luis Escrivá finalizó la reforma estructural del sistema de las pensiones. La parte ‘fácil’ -la que ligaba las prestaciones a la inflación, mejoraba los incentivos a quienes retrasen su salida del mercado laboral y empeoraba la pensión a quienes lo hagan antes de llegar a la edad legal-, estaba lista desde 2021, pero quedaba pendiente encajar las piezas más importantes del puzzle.

La medida ha sido la última de calado del ministro antes de traspasar la cartera a la hasta este noviembre consejera de Economía y Hacienda de Navarra, Elma Saiz. Y por tanto ahora será ella quien tendrá que dar la cara por una reforma que no ha diseñado, y que se centra en tratar de reforzar los ingresos del sistema de cara a los que serán los años más complicados para las cuentas del país, puesto que se jubilará la generación más numerosa que nunca ha existido, la del baby boom. Es un desafío que el país experimentará de aquí a 2050, tan complicado de afrontar que la norma incluye una evaluación de la reforma cada cinco años.

Por eso, y para tratar de reducir el impacto de cada uno de ellos, los diferentes aspectos de la reforma se aplicarán de forma progresiva, lo que también ha amortiguado la crítica de los agentes sociales a las partes de la reforma con las que estaban más en desacuerdo, pero que han terminado aceptando. La propia vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz se opuso, junto a los sindicatos, a una ampliación del periodo de cálculo de la pensión que pudiera mermarla, algo que más tarde ha pasado desapercibido.

Lo que sigue es un repaso a las medidas de la reforma que por ley están pendientes deberán ponerse en marcha a lo largo de los próximos años, y que podrían provocar una especial contestación social.

La ampliación del periodo de cómputo

El principal escollo de la negociación se salvó dando una patada hacia delante a la implementación de la medida. Pero la ampliación del periodo de cálculo de la pensión es algo que está previsto que se lleve a cabo, aunque pueda perjudicar las prestaciones de algunos. Entre 2026 y 2038, el futuro jubilado podrá elegir entre un periodo de cálculo de 29 años, descartando los dos de peor cotización, o quedarse con el actual de 25 años. Este sistema estará vigente entre esos 12 años, y a partir de entonces evolucionará de forma progresiva, de manera que a partir 2044 ya no existirá la posibilidad de elegir.

Con esa implementación, los trabajadores no tendrán un "incentivo masivo" para jubilarse de forma anticipada, como podría suceder si el cambio se produce de forma más brusca, y la mismo tiempo se reduce la posible contestación a la medida. Investigadores del grupo de expertos en pensiones de la Universidad de Valencia, que elaboró en diciembre una primera aproximación a los efectos que tendría la propuesta del ministro, advirtió de que las mujeres resultarán perjudicadas, y también aquellos con carreras laborales más largas, puesto que sus bases son más estables, pero también los que tienen carreras más cortas, porque la ampliación les lleva a incluir más lagunas de cotización, es decir, periodos en los que no han trabajado. En el mismo sentido, ganan aquellos con carreras más irregulares en detrimento de las carreras más estables.

La subida de las cotizaciones

El mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) es la fórmula encontrada para reforzar los ingresos del sistema, de manera que sea posible afrontar la jubilación del baby boom sin recortar las prestaciones de estos trabajadores. Si ya en la primera parte de la reforma de las pensiones se decidió incrementar en 0,6 puntos porcentuales las cuotas que todos los trabajadores abonan a la Seguridad Social mes a mes, en la segunda ese recargo se duplicó. Con el cambio, los salarios pagarán cotizaciones 1,2 puntos porcentuales superiores a las que existían antes de la reforma (0,6 + 0,6), pero ese incremento no será repentino.

A partir de 2024, cada año las cotizaciones sociales de los trabajadores subirán una décima hasta llegar a ese 1,2 en 2029: este año el aumento ha sido de 0,6 puntos porcentuales, en 2024 el recargo sobre las cotizaciones del año pasado será de una décima más hasta alcanzar el 0,7, en 2025 llegará al 0,8, en 2026 al 0,9, y así progresivamente hasta alcanzar ese 1,2 en 2029. Y esa subida se repartirá entre lo que pagan los trabajadores y lo que paga la empresa en la misma medida en la que sucede en la actualidad.

Hasta ahora, los trabajadores aportan a la Seguridad Social el 4,7% de su base de cotización, y las empresas el 23,6%. Con la entrada en vigor del MEI, el pasado enero, los trabajadores aportan el 4,8% (0,1 más) y las empresas el 24,1 (0,5 más). En 2029, los trabajadores contribuirán con un 4,9% y las empresas con un 24,6%, siempre y cuando Seguridad Social mantenga la proporción actual estable, como aseguran fuentes del Ejecutivo que sucederá.

Subida de las bases máximas de cotización

En España, los sueldos aportan más o menos a la Seguridad Social en función de su cuantía, pero esa progresividad se rompe cuando un trabajador gana más de 54.000 euros anuales. A partir de esa cifra, la aportación es la misma independientemente de que el empleado perciba 70.000, 90.000 o 200.000 euros anuales.

Hasta ahora, en la negociación de cada presupuestos generales del Estado se decidía cuánto se aumentaba ese límite, el conocido como la base máxima de cotización. Con la reforma, entre 2024 y 2050, esta frontera subirá cada año lo que marque el IPC anual más 1,2 puntos. Y en consecuencia las pensiones máximas subirán, pero significativamente menos, a razón de 0,1 puntos más al año.

Cuota de solidaridad

Entre 2025 y 2045 se establecerá un recargo en la cotización que no dará derecho a una mejor pensión y que se ha bautizado como cuota de solidaridad. Tan solo afectará a las rentas que superan el máximo de cotización, por lo que constituye un segundo aumento de las cotizaciones para los sueldos más altos (a partir de 54.000 euros anuales). Según los últimos cambios, la cuota será distinta en función de tramos salariales, y progresiva: en 2045, el tipo de cotización será del 5,5% para los que tengan un salario comprendido entre la base máxima y un 10% más; del 6% para los salarios que superen la base máxima entre un 10% y un 50%; y del 7% cuando el salario sobrepase la base máxima en un 50%.

Por otro lado, la ley de pensiones también incluye una subida de las pensiones mínimas- que suben hasta que alcancen en 2027 el 60% de la renta mediana de un hogar con dos adultos-, y las no contributivas -hasta llegar al 75% del umbral de la pobreza, calculado sobre un hogar unipersonal, algo que se espera que suceda en 2027. Asimismo, se mejora la compensación establecida para las lagunas de cotización -esos periodos en los que los trabajadores aportan menos a la Seguridad Social- y el complemento por brecha de género.

Todas las claves de la actualidad y últimas horas, en el canal de WhatsApp de El Independiente. Únete aquí

Te puede interesar