Uno de los puntos del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar era sobre los impuestos temporales de la banca y de las energéticas. Dos tasas que están suponiendo un conflicto entre las dos formaciones del Ejecutivo, que representan en los ministerios de Trabajo de Yolanda Díaz y en los de Economía y Transición Ecológica de Nadia Calviño -aunque dejará próximamente el cargo para asumir su nueva responsabilidad en el BEI- y Teresa Ribera. En el momento en el que se diseñaron los dos gravámenes se hizo con el adjetivo de temporal (2023 y 2024), pero en el acuerdo entre las dos formaciones políticas apuntaban a una revisión con “el objetivo de readaptarlos y mantenerlos”.

Y es aquí donde comienza el desencuentro entre las dos formaciones. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Comercio y Apoyo a la Empresa, Nadia Calviño, insiste en que "no hay ninguna novedad" en la revisión del impuesto a la banca que avanzó el pasado viernes, así como que esta revisión "está alineada con el acuerdo de Gobierno" entre PSOE y Sumar. Calviño reitera que sus palabras "han sido las mismas" que ha dicho desde el primer día y que están "absolutamente alineadas con lo que prevén las leyes de los impuestos y con lo que prevé el acuerdo de Gobierno".

Pero la semana pasada, la ministra de Economía aseguró que sería el momento de actualizar el gravamen a la banca. "Me parece que es el momento de revisar y ver si hay que ajustar algunos los parámetros en el nuevo escenario en el que estamos, en el que ya no hay esa subida tan rápida de los tipos de interés y esa subida tan rápida de los precios de la energía. Tenemos que ver si esos dos impuestos hay que hacer algún ajuste o no", subrayó la vicepresidenta.

De hecho, días antes a estas declaraciones, fuentes del Gobierno habían apuntado a El Independiente que estaban evaluando cambios en el impuesto al sector, pero matizaron que no había habido comunicación con el sector. Desde el Ministerio de Trabajo remiten a la ley que establece ambos gravámenes y recuerdan que la norma fija que este impuesto estará vigente en los años 2023 y 2024, tomando como referencia la facturación del año inmediatamente anterior. Así, cierran el debate sobre la modificación de este tributo antes del último trimestre de 2024, cuando la ley ya fija su revisión.

Es decir, aparecen las diferencias entre si habría que estudiar ya el impacto del tributo y aplicar las modificaciones que fuesen necesarias, algo a lo que Calviño habría abierto la puerta la pasada semana; y la posición del Ministerio de Trabajo, que defiende que la recaudación de estos impuestos es necesaria para hacer frente a políticas sociales.

Fuentes de Sumar añaden que el diseño de ambos gravámenes hace bastante improbable su modificación. Cabe recordar que las empresas criticaban que el hecho imponible fuese sobre la facturación y no sobre los resultados. Sin embargo, las mismas voces hacen hincapié en que de esta forma se evita la “ingeniería fiscal” de las empresas para evitar una mayor tributación.

Hay que señalar que tanto Transición Ecológica como Economía son los departamentos interlocutores con los dos sectores afectados: la banca y las energéticas. Por ello, estarían más dispuestos a asumir algunos cambios en las tasas. Según fuentes cercanas a estas conversaciones, el departamento de Ribera estaría planteando desgravaciones fiscales para asegurar inversiones de las energéticas en España. Recientemente, desde Repsol habrían criticado la política fiscal de nuestro país y habrían amenazado con paralizar inversiones si no hay cambios.

Desde Sumar comparan estos impuestos con la tasa Google, cuya recaudación ha sido inferior a la estimada en un principio. En este sentido, creen que estas tasas a sectores concretos sí han cumplido con las expectativas. No obstante, Hacienda trabaja en un informe de evaluación del primer año de aplicación de estos impuestos, según confirman fuentes del departamento de María Jesús Montero. Este informe estaba ya contemplado en la ley, antes de la evaluación que podría convertir en permanente el impuesto en el último trimestre de 2024.

Así, para Sumar, formación liderada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la única modificación que cabe en estos impuestos es la de hacerlos temporales. En cambio, los departamentos que tienen al frente a perfiles elegidos por el PSOE, como Calviño y Ribera, estarían intentando escuchar a las empresas, aunque respetando “el acuerdo de coalición”.

Sin conversaciones con la banca

Estas discrepancias entre ministerios se estarían produciendo sin que el sector bancario haya recibido alguna novedad sobre el impuesto, tal como publicó este periódico. María Abascal, directora general de la Asociación Española de Banca, aseguró tras la reunión del lunes con Calviño que “nadie nos ha informado de ninguna modificación ni de ningún cambio”. Y recordó que tampoco les comunicaron su puesta en marcha, ya que se enteraron por el debate del estado de la nación, es decir, en el momento en el que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, lo dijo en el Congreso.

Este lunes, la vicepresidenta Calviño tuvo un encuentro con las patronales bancarias, el Banco de España y con asociaciones de usuarios financieros. Sin embargo, desde el Ministerio se avisó previamente que en esta reunión no se iba a tratar el tema del impuesto a la banca y que no se contemplaba “en estos momentos su modificación”. Y se cumplió, ya que solo trataron el tema de los códigos de buenas prácticas para el alivio hipotecario y el de inclusión financiera a mayores y zonas rurales.

El tributo está recurrido por las propias entidades y las asociaciones bancarias. El sector insiste en que este gravamen "supone menos crédito para la economía" y que penaliza a los inversores minoristas. El director general de CECA, José María Méndez, recordó que la postura del sector es que el impuesto "puede tener efectos contraproducentes" en términos de empleo y crédito. Asimismo, que figuras fiscales de este tipo deberían ser armonizadas en el ámbito europeo. "Va en el camino contrario de la Unión Bancaria", añadió

…Ni con las energéticas

Fuentes del sector energético se manifiestan en la misma línea, ni conocen que se vayan a producir cambios ni consideran que la situación en los mercados se mantenga como excepcional, por lo que verían con buenos ojos que se incluyan modificaciones lo antes posible. De hecho, así mismo lo recogía recientemente la Comisión Europea que recordaba al Gobierno que “con el descenso gradual de los precios de la energía a lo largo de 2023 (que se mantienen por encima de los niveles históricos), el entorno para generar beneficios inesperados se ha atemperado en comparación con las extraordinarias condiciones del año anterior 2022”.