Economía | Trabajo

Yolanda Díaz cambia de opinión y rechaza ligar contratos públicos y SMI

El Ministerio aseguró a los agentes sociales que lucharía por conseguir dichos cambios, pero ahora cree que las empresas deberían tener en cuenta las subidas salariales a la hora de concurrir a concursos públicos

Una trabajadora de la limpieza desinfecta una silla en un colegio en Madrid.

Una trabajadora de la limpieza desinfecta una silla en un colegio en Madrid. Ricardo Rubio / Europa Press

La negociación para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) ha vuelto a encallar. Si bien hace dos semanas Yolanda Díaz tenía claro que iba a llegar a un acuerdo con sindicatos y empresarios, ahora este parece más que complicado. Y el principal problema esta vez no está en la cuantía del incremento, sino en la vinculación de la subida del SMI y los contratos públicos, una medida que Trabajo consideraba razonable pero que ahora entiende como excesiva en un sorprendente giro de 180 grados.

"Creo que durante estos últimos años la subida del salario mínimo interprofesional no constituye una sorpresa, por lo tanto, buena parte de las empresas pueden perfectamente prever o incorporar a sus líneas estratégicas que el salario mínimo va a seguir subiendo", aseguró este lunes el secretario de Estado del ramo, Joaquín Pérez Rey, enterrando declaraciones anteriores. También opinó que la negociación del SMI "no es la mesa" donde adoptar una decisión respecto a la indexación del SMI a los contratos públicos, pese a que en ese mismo encuentro Trabajo expresó que la petición de los agentes sociales le parecía justa y necesaria, y prometió trasladarla a Hacienda.

Actualizar o no actualizar los contratos públicos es una cuestión que vuelve a ponerse sobre la mesa una y otra vez cada vez que se plantea una nueva subida del salario mínimo, porque tanto sindicatos como empresarios consideran lógico y necesario que se dé la vuelta a la ley que aprobó el PP en 2015. No es para nada lo habitual que los agentes sociales coincidan en sus posiciones, pero en esta cuestión sucede así, y en un primer momento parecía que Trabajo también se alineaba con ellos... hasta este lunes.

¿Dónde está el problema? La ley de desindexación y la ley de contratos del sector público impiden la revisión de los contratos firmados con la Administración cada vez que se incremente el SMI o las cotizaciones sociales, algo que perjudica sobre todo al sector de la limpieza, la dependencia y la ayuda a domicilio. Un ejemplo: si un pliego de la contratación de cinco años, del 2024 al 2028, se saca en 2023, si después sube el salario mínimo no se permite su revisión.

"Aunque su aprobación fue consensuada por todos los grupos políticos del arco parlamentario, este tiempo ha demostrado que su aplicación ha generado consecuencias negativas en la contratación pública en España", lamentó UGT en un comunicado reciente, donde calificaba esta legislación de "un verdadero veneno". "La combinación de la utilización perniciosa de esta ley [la de contratos del sector público] por algunas administraciones y las condiciones impuestas por la ley de desindexación de la economía española han llevado a los contratos públicos de servicios a los niveles más bajos de calidad y seguridad jurídica que hayan tenido nunca", añadía el sindicato.

Para CEOE, el problema es que las empresas -sobre todo, las más intensivas en mano de obra- tendrán que trabajar a pérdidas para la Administración si vuelven a incrementarse por ley los salarios más bajos, mientras que los sindicatos denuncian que este marco legal provoca el empobrecimiento de las condiciones laborales de las plantillas, en ocasiones llevando a descuelgues de convenios. La solución ideal de unos y otros es diferente, pero sí están a una en el diagnóstico del problema, tal y como reflejaron en la firma del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), el pasado mayo.

"Las Confederaciones firmantes instamos al Gobierno a modificar la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación derivados de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para eliminar la imposibilidad de realizar una revisión de precios o al menos permitir la revisión de los mismos ante el acaecimiento de cambios normativos, acuerdos de negociación colectiva o circunstancias que no pudiesen preverse en el momento de la licitación que impliquen incrementos de costes laborales", recoge el acuerdo entre las partes.

Con Hacienda hemos topado

Lo llamativo para los agentes sociales, llegados a este punto, es que Trabajo en un primer momento aseguró que llevaban razón en su reivindicación y prometió que presionaría a Hacienda para conseguir un cambio en este sentido, pero ahora se ha echado atrás. Lejos de continuar apoyando la indexación, y de ir al choque con el Ministerio de Montero, este lunes el secretario de Estado prefirió culpabilizar a las empresas de no ser lo suficientemente previsoras y descartó del todo modificar la ley.

"El Gobierno nos ha trasladado que no acepta las dos peticiones que se hacían por parte de CEOE y Cepyme en referencia a la indexación y en cuanto a las mejoras del sector del campo a la hora de fijar el SMI", aseguró este lunes Fernando Luján, vicesecretario general de política social de UGT, al tiempo que recordaba que los sindicatos se veían "obligados" a apoyar la indexación en función de lo firmado en el AENC. "No está de más recordar que la actual ley procede de quien está ahora en la oposición" y para reformar una ley hace falta otra", recalcó también.

Pero el principal inconveniente es Hacienda. "No tendría sentido que la subida del SMI fuera a costa de las administraciones públicas", fue tajante la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien tiene las competencias en este asunto. Según la política, un cambio en este sentido "sería a costa de la recaudación de los españoles", lo que es motivo suficiente para descartar del todo la idea.

Sin embargo, los sindicatos parecen menos proclives que CEOE a quedar fuera del acuerdo para la subida del SMI por el tema de los contratos públicos. Pese a su presión en este tema, ahora consideran que "no es de recibo" cambiar dentro de la ley del salario mínimo otra ley de 2015. De esta manera, se mostraban abiertos a acordar con Trabajo un incremento de los salarios más bajos independientemente de la postura que el Gobierno manifieste en este sentido.

La duda ahora es en qué sentido se moverá CEOE. Fuentes de la patronal ya aseguraron a este periódico que la indexación era prácticamente una línea roja en esta negociación, pero se mostraron abiertos a dialogar. Tras la reunión de este lunes, la patronal prefirió no hacer declaraciones, a la espera de someter a sus órganos de dirección lo planteado en el encuentro. Pero parece muy complicado que los empresarios den su sí al nuevo incremento del salario mínimo con la postura actual del Ministerio.

A día de hoy, la propuesta de Trabajo es incrementar el salario mínimo un 4%, desde los 1.080 euros al mes actuales en 14 pagas hasta los 1.123 euros (43 euros más). En caso de que los empresarios no acepten esa propuesta, Yolanda Díaz ha amenazado con subirlo algo más, pero no ha concretado cantidad. Los sindicatos consideran que el aumento mínimo debería ser de un 5%, de 54 euros y hasta los 1.134 euros al mes en 14 pagas, aunque no parece que vayan a rechazar el 4%. La próxima reunión tendrá lugar a finales de esta semana.

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