Este martes el Consejo de Ministros aprobó una de las prioridades para el Ministerio dirigido por Teresa Ribera. La titular de la cartera energética logró el apoyo de sus colegas de Gobierno y desempolvó la institución del Consejo Nacional de Energía.

Este organismo velará por la regulación y la competencia en materia energética y velará por el buen funcionamiento y cumplimiento de las empresas del sector y del sector en su conjunto. Hasta la fecha, el CNE estaba dentro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El nuevo organismo “debe favorecer” en sus decisiones regulatorias el “objetivo común” europeo de la descarbonización y “asume funciones regulatorias”, la función “consultiva” que ya tenía la CNMC sobre las propuestas legislativas relacionadas con la energía, de asesoramiento y resolución de conflictos entre operadores y “ve reforzadas sus funciones de inspección”, según indica el borrador en el que ha estado trabajando el Gobierno durante los últimos meses.

Según Teresa Ribera, el nuevo organismo “propone la incorporación en las metodologías de retribución de redes la posibilidad de que haya incentivos a la calidad del servicio y consecución de los objetivos de descarbonización”. Por otra parte, la CNE tendrá la capacidad de “resolución de conflictos que le sean planteados por operadores económicos en los mercados de electricidad y gas”.

La CNE, a su vez, “colaborará y actuará en coordinación con la Administración General del Estado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y, en su caso, con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, así como con las instituciones y organismos de la Unión Europea, 11 en especial, con la Comisión Europea y con las autoridades competentes y organismos de otros Estados miembros, fomentando la coordinación de las actuaciones respectivas en los términos previstos en la legislación aplicable”, tal y como explica en el documento al que ha tenido acceso este periódico.

El Ejecutivo ha defendido en las últimas semanas la recuperación del Consejo Nacional de la Energía ya que la gran mayoría de los países de la Unión Europea tienen reguladores separados de Competencia. “Debe favorecer a la hora de tomar esas decisiones regulatorias ese objetivo común a nivel europeo de avanzar hacia la descarbonización”, se resalta del texto que deberá ser tramitado en el Congreso, una vez aprobado por el Consejo de Ministros.

Por tanto, el organismo estará supeditado y bajo el control del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El organigrama estará compuesto por un consejo de administración, con siete butacas. En el máximo estamento ejecutivo se sentarán el presidente y un vicepresidente, que deberán reelegirse cada seis años.

Además, se prevé la creación de un Fondo para la Gestión Económico-Financiera de las Liquidaciones del Sector Eléctrico y del Sector del Gas, encargado de gestionar los ingresos y pagos correspondientes a las liquidaciones de estos sectores.

Precisamente, la elección del presidente y de los altos directivos ha suscitado revuelo dentro del sector energético. Diversas fuentes del sector apuntan a que el presidente del CNE podría ser el marido de Teresa Ribera, Mariano Bacigalupo. En la actualidad ocupa el cargo de consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Pero el jurista tiene una amplia experiencia en el sector regulatorio y energético.

Precisamente, trabajó en la institución que ahora ha vuelto a ser rescatada por el Gobierno y que fue adherida a la CNMC por Mariano Rajoy. Entre 2006 y 2011 fue director del Servicio Jurídico y vicesecretario de la CNE. En su currículum también destaca la experiencia en La Agencia Europea de Cooperación para los Reguladores Energéticos y consejero de Competencia.

Las fuentes consultadas indican que el nombramiento no está aún decidido, pero entre las quinielas figura el propio Bacigalupo, defensor de la escisión de la Comisión Nacional de Energía de la CNMC. “A la hora de enjuiciar los distintos modelos conviene no perder de vista al menos un par de elementos: (i) no toda autoridad integrada lo es real o materialmente (en ocasiones se trata más bien de una agregación o yuxtaposición de autoridades diferenciadas); (ii) los modelos integrados con “sesgo hegemónico” de cualquiera de los ámbitos integrados propenden a desdibujar y debilitar las áreas “minorizadas” y, por ello, no suelen dar muy buenos resultados”, escribía en su red personal de LinkedIn hace unos meses.

Como revelan fuentes del sector energético, en conversación con este periódico, Bacigalupo es del círculo de confianza de Pedro Sánchez y del PSOE.

Conflicto de intereses

A pesar de que el nombre de Bacigalupo suena entre algunos de los círculos del sector energético, el anteproyecto de ley presentado impediría la llegada del marido de Teresa Ribera al CNE.

En concreto, afirma que “sin perjuicio de las competencias atribuidas a CNE dispondrá de un órgano de control interno cuya dependencia funcional y capacidad de informe se regirá por los principios de imparcialidad, objetividad y evitar la producción de conflictos de intereses”. Las fuentes jurídicas expertas en el sector energético recalcan que este punto podría ser fundamental para que Bacigalupo ocupe un cargo de relevancia dada la relación personal con la ministra de Transición Energética.

Otro de los puntos conflictivos del anteproyecto de ley es el que incide en que los miembros del Gobierno puedan “solicitar” instrucciones a los órganos de la CNE. Lo mismo ocurre a la inversa: “Ni el personal ni los miembros de los órganos de la CNE podrán solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada”, señala el anteproyecto. Las fuentes jurídicas coinciden en que este apartado impediría el código de buenas praxis debido a la relación personal entre Teresa Ribera y Bacigalupo.