El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a poner el foco sobre el problema de la vivienda en España. El jefe del Ejecutivo celebrará este jueves un cónclave en Moncloa con los actores más destacados del sector -desde la banca hasta las promotoras, pasando por las patronales de la construcción-. Tras haber anunciado el fin de las golden visa, los visados especiales para extranjeros que invierten más de medio millón en el mercado residencial español, Sánchez vuelve a verse las caras con los empresarios del sector.

Desde algunas patronales ya se han pronunciado sobre las recetas para paliar el problema del acceso a la vivienda en España. La principal pasa por levantar 150.000 casas al año. Así se lo trasladó públicamente hace escasas tres semanas a la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, durante la clausura de la asamblea general de la patronal.

La patronal de la construcción estima que esa cantidad de hogares al año destinada a diferentes finalidades -protección social, venta o alquiler libre, alquiler regulado- sentaría las bases para resolver las dificultades de acceso a la vivienda debido al aumento de la oferta que provocaría.

Entre el decálogo de medidas que desgranó el presidente de la organización empresarial también figuran otras reivindicaciones como la necesidad de impulsar la formación de la mano de obra necesaria para cumplir con las expectativas del Gobierno para la construcción de viviendas sociales en los próximos años.

En opinión de la patronal, se necesita un ritmo mínimo de ejecución para atajar este problema, "lejos de políticas intervencionistas como el control de precios" que, en opinión de la organización patronal, constituye un "agravante" para la falta de oferta que acucia al mercado. La nueva ley de Vivienda aprobada en la pasada legislatura con los socios de Unidas Podemos contemplaba la posibilidad de que las Comunidades Autónomas declarasen zonas 'tensionadas' y establecer límites al aumento de precios que pueden aplicar los propietarios en los contratos.

Fernández Alén trasladó que la situación actual está lejos de la de la burbuja inmobiliaria, cuando se concedían más de 900.000 visados de obra nueva al año. En 2023 se terminaron aproximadamente 85.000 viviendas, y se cerró con apenas 132.000 visados de obra nueva, en una tendencia decreciente marcada por los altos tipos de interés.

Cada año se crean en España más de 210.000 hogares. La patronal entiende que ahora mismo hay un desfase entre las necesidades de vivienda y la construcción y pide generar oferta tanto de suelo como de vivienda suficiente para absorber la demanda. En este sentido, desde CNC piden un Pacto de Estado sobre la Vivienda que cuente con la participación de las Comunidades Autónomas y entidades locales.

Para la secretaria general de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña), "si queremos frenar la escalada del precio de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, y mejorar la accesibilidad de los españoles a la vivienda, necesitamos aumentar la oferta de vivienda. Y que esta sea asequible". Según aseguraba hace escasas fechas, "para ello, tenemos que gestionar de forma más rápida y eficaz el suelo, reducir la burocracia en todo el proceso de desarrollo y de construcción y, a la vez, incidir en la alta temporalidad y bajos sueldos que caracterizan a nuestro mercado laboral". Esta organización participará también en el cónclave de este jueves en Moncloa adelantado por El Confidencial.

Desde la CNC también consideran necesario reforzar el compromiso con la lucha contra la ocupación ilegal, a través de la reforma del Código Penal, para proteger y eximir del pago del impuesto IBI a los propietarios afectados por la ocupación de su vivienda. Con el mismo objetivo, plantean modificar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para impedir que estas personas puedan empadronarse en la vivienda ocupada ilegalmente.

Por otro lado, las constructoras insisten en pedir un mecanismo nuevo de revisión de los precios de los contratos, que la Administración rebaje el uso de los medios propios y que agilice la ejecución de fondos europeos para acabar con los cuellos de botella.

El cónclave en Moncloa ha generado malestar en la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei), que ha denunciado la "marginación" a la que dicen haber sido sometidas las inmobiliarias al no haber sido convocadas por parte del presidente del Gobierno. "Las agencias inmobiliarias somos las grandes olvidadas de esta reunión", ha recalcado el presidente de Fadei, Miguel Ángel Gómez Huecas.