El Gobierno ha aprobado este martes la reforma del subsidio de desempleo incluyendo los cambios que pedía Podemos. El Ejecutivo ha terminado torciendo el brazo después de que la formación morada se alinease con PP y Vox para tumbar, el pasado mes de enero, el real decreto ley en el Congreso de los Diputados, por lo que ha debido ser modificado antes de volver al Consejo de Ministros. La reforma era imprescindible porque está ligada al cuarto pago de fondos europeos Next Generation, cuyo plazo de evaluación terminaba en marzo, lo que obligó a España a negociar con Bruselas una ampliación de dos meses.

El choque entre ambas partes tenía que ver con la cotización a la Seguridad Social de los beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años. El Ministerio de Trabajo no ha facilitado detalles al respecto, tampoco en la nota de prensa enviada después de la reunión de los ministros, pero según ha podido saber este medio a través de fuentes del diálogo social, el Gobierno se ha visto obligado a mantener esta cotización en el 125% de la base, pese a que esta no era la intención inicial.

El motivo del choque tenía que ver con la reducción progresiva en la cotización a la jubilación del subsidio de mayores de 52 años hasta 2028 que Trabajo intentó introducir en la reforma. A día de hoy, los perceptores de esta ayuda tienen como base de cotización el 125% de la base mínima, y con la reforma la idea era tomar "como base de cotización el 100 por cien de la base mínima de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social, vigente en cada momento".

Ese era el punto de la discordia, el que para Podemos era un recorte y para el Gobierno un paso natural, puesto que argumentaba que la base mínima -que coincide con el salario mínimo interprofesional (SMI)- que a lo largo de la legislatura se ha incrementado casi un 50%. Y este fuerte aumento provoca dos cosas: en primer lugar, que la base de cotización de todos los beneficiarios haya mejorado sustancialmente, y por otro, que supere con creces la de aquellos que tienen un empleo, lo que para el Ejecutivo implicaba que para algunos podía suponer un desincentivo de cara a acceder a un puesto de trabajo.

La cotización por el 125% de la base de mínima, como ya explicó este periódico, se introdujo en la legislación con la ministra socialista Magdalena Valerio, y tenía el objetivo de tratar de mejorar las pensiones de aquellos parados que ya difícilmente volverían al mercado laboral antes de jubilarse. Hay que recordar que el salario mínimo en 2017 era de 707 euros al mes, siempre en 14 pagas, y que hoy es de 1.080 euros al mes -y previsiblemente volverá a subir la próxima semana, como mínimo hasta los 1.123 euros al mes (+4%)-. Por esa razón, el Gobierno prefería ahora optar por recuperar el 100% de la cotización, y en este punto estaban de acuerdo los Ministerios de Trabajo, el de Economía, el de Hacienda y las organizaciones sindicales.

Las mejoras: 90 euros más al mes, más beneficiarios

A falta de conocer el texto final que se publicará en el BOE, la reforma incluye un aumento en la cuantía de la ayuda, de los 480 euros al mes (80% del IPREM) a los 570 euros durante los primeros seis meses de cobro (95% del IPREM, en la norma), 540 euros durante los siguientes seis meses (90%) y 480 euros durante el resto de la prestación (80%). Además, podrán cobrarlo víctimas de violencia de género o sexual a partir de 16 años, y menores de 45 años sin cargas familiares, así como trabajadores eventuales agrarios, que antes no estaban incluidos como posibles beneficiarios.

Más allá del subsidio, la norma también establecerá que el cobro de la propia prestación contributiva por desempleo podrá compatibilizarse con el empleo.  Es decir, que una persona que esté cobrando el paro podrá seguir recibiéndolo cuando encuentre un puesto de trabajo, durante no más de 180 días y siempre y cuando el salario no supere el 225% del IPREM (1.350 euros actualmente). Por su lado, el propio subsidio de desempleo también se podrá compatibilizar con un salario, sin reducción de cuantía y hasta agotarlo -la duración máxima del cobro sigue siendo de 30 meses-.