El importe bruto a nivel nacional del Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha incrementado un 20,3% en el último año. Desde los 354,5 millones de euros que se destinaron en julio de 2024 hasta los 426,3 millones en julio de 2025, según los datos que ha publicado este jueves el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sin embargo, si se analizan los datos desagregados por comunidades autónomas se observa que el reparto presenta desigualdades territoriales donde Andalucía concentra el 30,6% del total gastado, unos 130,6 millones. Una cifra que equivale al importe conjunto de Cataluña (38,39 millones), la Comunidad de Madrid (40,37 millones) y la Comunidad Valenciana (50,3 millones).

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Esta distribución desigual se explica porque Andalucía concentra el 31,5% de las prestaciones totales del IMV, pese a que solo representa el 17,6% de la población española total. Esta sobrerrepresentación andaluza en el IMV responde a factores estructurales derivados de su modelo productivo por el mayor peso de "las ocupaciones laborales más afectadas por la precariedad: agricultura, construcción u hostelería", de acuerdo con Oxfam Intermón en su informe Pobreza laboral: cuando trabajar no es suficiente para llegar a fin de mes. De esta forma, a los bajos salarios asociados a estas profesiones se suma la alta dependencia a la estacionalidad y con ello, la proliferación de contratos de baja calidad (temporales y fijos-discontinuos) o directamente empleos de la economía sumergida.

Así, la Andalucía arrastra históricamente tasas de paro superiores a la media nacional, de acuerdo con los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al segundo semestre de 2025, la tasa de Andalucía era del 14,9% frente al 10,2% nacional. Además, su renta neta media por hogar es de 31.015 euros, la tercera más baja solo por detrás de Extremadura (29.341 euros) y Castilla La-Mancha (31.001 euros); y el 45% de la población andaluza no puede permitirse irse de vacaciones al menos una semana al año, frente al 33% de promedio nacional.

De hecho, según la encuesta del INE de Condiciones de Vida de 2024, es la comunidad autónoma con la mayor tasa de riesgo de pobreza, un 29,2% frente al promedio nacional del 19,7%. Un dato que implica que 2.532.881 andaluces se encuentran en riesgo de pobreza. Pese a ello, existe un diferencial de 1.795.241 andaluces que aunque se encuentran en riesgo de pobreza, no son benefciarios del IMV.

non take-up

El fenómeno non take-up alude a la no utilización de prestaciones, servicios o programas sociales por parte de personas o familias que cumplen los criterios de elegibilidad para recibirlos. En 2024, un 55% de los hogares que podían haber recibido el IMV y un 72% que podían haber recibido el complemento a la infancia, CAPI, no lo solicitaron, de acuerdo con la Cuarta Opinión sobre el IMV de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal). En el caso de Andalucía, el porcentaje de non take-up para el IMV fue del 48% y del CAPI, del 62%.

Unos porcentajes que "se han mantenido prácticamente estables desde que se pusieron en marcha estas prestaciones". La Autoridad Independiente destaca entre las principales barreras para solicitar la prestación: la falta de información, ya que muchas familias no saben que tienen derecho a recibir estas ayudas; trámites complejos o problemas para acreditar su situación, y otras familias prefieren no solicitarlo por miedo a tener que devolverlas.

Estos reintegros retroactivos exigidos por la Seguridad Social se producen cuando, una vez aprobada la prestación, se detectan con posterioridad cambios en la situación del beneficiario que invalidan total o parcialmente su derecho al cobro.

Así, la incertidumbre jurídica, unida al colapso administrativo por la falta de personal, ha disparado la judicialización del IMV. De hecho, una de cada diez personas que lo solicitaron ha tenido que enfrentarse a reclamaciones, de acuerdo con la Memoria sobre la situación socieconómica y laboral de España 2024 del CES (Consejo Económico y Social). La ausencia de respuesta por parte de la Administración ha obligado a muchos solicitantes a acudir a los tribunales, una vía que, paradójicamente, termina siendo más eficaz que la gestión directa.

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