El BBVA ha recurrido ante el Tribunal Supremo la decisión del Consejo de Ministros sobre la opa presentada por el Sabadell. Para dar luz verde a la operación, el Acuerdo del Gobierno imponía condiciones adicionales a los compromisos pactados por el banco con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

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El banco vasco llevó la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal el pasado 15 de julio, según ha adelantado Invertia y ha podido confirmar El Independiente. Fuentes de BBVA aseguran que "esto no interfiere en la opa".

Las condiciones dictadas por Moncloa impedían, de facto, llevar a cabo la pretendida fusión durante al menos tres años, prorrogable por otros dos más. La decisión del Gobierno impone que ambas entidades funcionen como entidades independientes durante ese tiempo, con personalidad jurídica propia. Por ello, no permite ejecutar ajustes de plantilla o de oficinas vinculadas a la operación.

El presidente del BBVA, Carlos Torres, que ha decidido hace dos días seguir adelante con la operación pese a las maniobras del Sabadell con su filial británica TSB para protegerse de la ofensiva, ya dejó abierta la posibilidad de recurrir ante la Justicia la decisión del Gobierno.

La intervención del Ejecutivo de coalición entre PSOE y Sumar generó un profundo debate jurídico, pues el BBVA entiende que la ley de Competencia solo le confiere la posibilidad de confirmar o suavizar las medidas impuestas por la CNMC. Sin embargo, el Gobierno consideró tener margen suficiente para añadir nuevos requisitos, eso sí, basándose en razones de protección del interés general.

El ministro de Economía Carlos Cuerpo llegó a poner en marcha una consulta pública inédita para este tipo de operaciones con la que reforzar su decisión. Una consulta que también fue recurrida por el despacho madrileño Statera Abogados ante la Audiencia Nacional.

En paralelo a todo, la Comisión Europea abrió a mediados de julio un procedimiento de infracción a España por su intervención en la opa. El Ejecutivo comunitario consideró que las leyes en las que se ha basado para evaluar y fijar nuevas condiciones a la operación corporativa del banco vasco sobre el catalán infringen varias normas de la UE sobre libertad de establecimiento y circulación de capitales.

Antes de que se pueda iniciar el proceso judicial, el Supremo deberá decidir si admite a trámite o no el recurso de la entidad vasca. La decisión del Consejo de Ministros impone que una vez finalizado el plazo de tres años, se evaluará si se amplía la duración del requisito de independencia durante dos más. BBVA, según un reciente documento sobre la operación, asegura que su intención es solicitar la fusión en cuanto decaiga la condición impuesta por Moncloa.

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