Financiar con dinero público fórmulas de vivienda compartida como solución a la crisis inmobiliaria que atraviesa el país. Es uno de los puntos que incluye el Gobierno en el proyecto de Real Decreto por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para aliviar la crisis que atraviesa el país. El texto abierto a consulta pública contempla líneas de financiación para el "fomento de la vivienda cooperativa en cesión de uso y otras soluciones residenciales modelo cohousing, coliving, alojamientos temporales u otras modalidades similares, destinadas al arrendamiento, a la cesión en uso o al disfrute temporal".

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La idea está encuadrada en una de las tres grandes líneas de actuación del plan diseñado por el Ministerio de Vivienda, dentro del apartado de "medidas para el incremento la oferta de vivienda pública y la reversión de las zonas de mercado residencial tensionado".

"El Plan financiará alojamientos temporales para personas que requieren un alojamiento por un tiempo limitado, como por ejemplo los desplazados temporalmente por motivos laborales, educativos o de capacitación profesional", reza el texto. Eso respondería a fórmulas como el denominado coliving, en el que varias personas comparten un mismo edificio o piso, con espacios privados reducidos y zonas comunes amplias en las que se ubican las cocinas, salas de trabajo y áreas de ocio.

En este sentido, el plan del Gobierno recoge que "se financiarán nuevas modalidades de vivienda en las que los espacios de interrelación van ganando superficie a los espacios meramente privativos, lo cual posibilita una mayor integración y relación entre los residentes". Algo que también ocurre en los formatos de cohousing, enfocados más para estancias de largo plazo, así como viviendas intergeneracionales. El anterior Plan Estatal para el acceso a la Vivienda 2022-2025 ya recogía estas dos últimas modalidades.

Eso sí, el Gobierno pone condiciones para este tipo de activos que, al igual que las residencias de estudiantes, han atraído en los últimos años el interés de muchos fondos de inversión. "Los alojamientos temporales y las nuevas modalidades de vivienda financiadas con recursos del Plan se deberán destinar al arrendamiento durante un plazo mínimo de 20 años, estando el precio del alquiler limitado desde el primer año", subraya el proyecto normativo. Asimismo, añade, "deberán ser calificados con un régimen de protección permanente".

También vivienda industrializada

Asimismo, también impulsa a los procesos de industrialización avanzada en la construcción de viviendas. El propio presidente del Gobierno anunció hace meses la puesta en marcha de un Perte específico para este fin. Así, el Ejecutivo dice que el Plan Estatal "incentiva la construcción industrializada de viviendas, con el objetivo de optimizar costes y reducir el tiempo de producción del parque inmobiliario nuevo mediante procesos colaborativos".

La previsión es incrementar las ayudas "cuando la promoción de vivienda se realice empleando técnicas de edificación industrializada avanzada". "Se impulsa así, junto al PERTE de Vivienda Industrializada, la alianza entre el Gobierno y el sector de la construcción como vector de progreso y transformación, para contribuir a su modernización y acelerar la edificación de vivienda en España para satisfacer la demanda existente de vivienda asequible".

A lo largo de las 90 páginas de documento el Ejecutivo desgrana decenas de medidas con las que quiere incrementar el parque público de vivienda. El plan pasa por triplicar la financiación acercarse a los niveles medios europeos. El objetivo del Gobierno es aprobar el plan en Consejo de Ministros en la segunda quincena de diciembre, como paso previo a su entrada en vigor en el próximo ejercicio. Ya hay prevista una reunión multilateral y sectorial con las Comunidades Autónomas en la segunda quincena de este mes para abordar el nuevo plan.

El Gobierno destinará el 40 % de la dotación final del Plan Estatal a la construcción y adquisición de vivienda, y se centra en recuperar las ayudas a la construcción de aquella de protección oficial (VPO), así como los programas de rehabilitación y rehabilitación urbana. Un 30 % del plan irá destinado a ayudas para mejorar la eficiencia y la accesibilidad; ayudas extra para la rehabilitación en zonas de protección patrimonial o para la rehabilitación de vivienda vacía que se dedique a alquiler asequible.

El plan también contempla ayudas para el alquiler con opción a compra de vivienda con protección permanente de hasta 30.000 euros, ayudas para la compra en zonas en riesgo demográfico por más de 10.800 euros.

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