El camino judicial Juan Carlos Barrabés se complica después de que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) -dependiente del Ministerio de Hacienda- haya detectado "irregularidades" en los contratos públicos que la empresa Red.es adjudicó al empresario investigado en el caso Begoña Gómez. Barrabés forma parte también del consejo del Banco Santander desde hace algo más de un año. Y el Banco Central Europeo (BCE) tendrá que decidir si reevalúa su posición como consejero externo independiente si, llegado el momento, el juez dicta para él un auto de procesamiento.

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El supervisor comunitario dio su visto bueno en 2024 a la incorporación de Barrabés al consejo del banco que preside Ana Botín. La Junta General de Accionistas de la entidad había aprobado su nombramiento el 22 de marzo, apenas dos semanas antes de que comenzaran publicarse las primeras informaciones sobre el vínculo profesional que unía a la mujer del presidente del Gobierno con el empresario, un pionero en el ámbito del comercio electrónico en España.

Pese a que el titular del juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, decidió imputarlo por presunto tráfico de influencias y presunta corrupción en los negocios, el banco decidió respaldarlo públicamente y lo ha mantenido desde entonces en su puesto en el consejo. Antes de obtener un sillón en el órgano de la cotizada, Barrabés llevaba casi una década como consejero de Santander España, la filial del banco en nuestro país.

A finales de abril de 2024, cuando ya había saltado el caso a los medios, el consejero delegado de la entidad, Héctor Grisi, aseguró en una presentación de resultados que el perfil de Barrabés era "idóneo" por "sus conocimientos y experiencia". "Que te investiguen no presupone nada y él sigue siendo idóneo como consejero. Evidentemente hemos abordado su situación, pero no ha cambiado nada desde su nombramiento", sostuvo el primer ejecutivo del banco en julio de ese año.

Fuentes de la entidad consultadas ahora por El Independiente sobre una eventual evolución de su situación judicial se remiten a aquel posicionamiento. Actualmente, Barrabés forma parte, entre otras, de la Comisión de Nombramientos de Santander, el órgano del consejo encargado de proponer candidatos para todas las vacantes.

El informe de la Intervención General del Estado remitido a la Fiscalía Europea advierte de que cartas de recomendación como las que presentó Begoña Gómez habrían beneficiado "injusta e ilegalmente" a la unión temporal de empresas (UTE) conformada por una de las empresas de Barrabés en los contratos adjudicados por Red.es., compañía pública que por aquel entonces dependía del ministerio de Economía dirigido por la exvicepresidente del Gobierno, Nadia Calviño. Las anomalías detectadas podrían suponer un incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público.

El procesamiento supone declarar a alguien como presunto autor de unos hechos delictivos a efectos de abrir contra él un proceso penal. Por lo que la condición cambia sustancialmente. Y ese cambio es uno de los motivos por los que el BCE podría tener que decidir si es necesario revisar el visto bueno que en su día le concedió para formar parte del máximo órgano directivo del Santander.

La Guía para la Evaluación de la Idoneidad que tiene el BCE para cargos de consejo de administración de entidades supervisadas recoge varios supuestos por los que esa condición puede ser reevaluada y remarca que los consejeros deben seguir siendo "idóneos" durante todo el tiempo que permanezcan en el cargo.

"Aparición de hechos nuevos"

"La aparición de hechos nuevos (es decir, cualquier hecho no conocido por las autoridades competentes en el momento de la evaluación inicial, incluida cualquier otra circunstancia que pueda afectar a la evaluación inicial de idoneidad) podría dar lugar a una nueva evaluación, por parte del BCE, del miembro del órgano de administración", recoge la citada guía.

No obstante, fuentes financieras consultas recuerdan que la propia empresa puede iniciar su propio proceso interno en aras de proteger los estándares de buen gobierno corporativo de cualquier cotizada del Ibex. Es decir, que es el propio banco el que podría tomar la iniciativa a la hora de evaluar la situación en la que queda un consejero implicado en un procedimiento judicial como el de Barrabés.

La guía del BCE recuerda que "la entidad supervisada deberá informar a la autoridad nacional competente (ANC) de cualesquiera hechos nuevos que puedan afectar a la evaluación inicial de idoneidad de un miembro teniendo en cuenta uno o más de los cuatro criterios de idoneidad". Y, a su vez, la propia autoridad nacional se lo debe notificar al BCE.

El proceso del BCE consta de tres fases. Una primera evalúa el caso y si considera que los nuevos hechos conocidos pueden afectar a la idoneidad del miembro, inicia un proceso para evaluarlo de nuevo. En él calibra la importancia y gravedad de los hechos. Y si pueden afectar a la evaluación inicial, pasa a otra fase. "En los casos graves -añade la guía del BCE- esto podría conllevar la destitución de dicho miembro del órgano de administración (artículo 16, apartado 2, letra m), del Reglamento del MUS)". Pero el proceso puede quedar anulado si, por ejemplo, el afectado presenta su dimisión del órgano.

En todo caso, la guía recoge que que "los procedimientos penales o administrativos que estén poco o nada relacionados con la función y las responsabilidades de la persona o personas de que se trate no dan lugar, en principio, a una nueva evaluación, a menos que circunstancias específicas lo justifiquen". Pero aquí podrían tener peso, añaden las fuentes financieras consultadas, el hecho de que lo que se esté investigando sean contratos en los que se emplearon fondos europeos. De ahí que lo esté investigando la Fiscalía comunitaria y no el juez Peinado.

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