El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado este martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que España renunciará a alrededor de 60.000 millones de euros en créditos a cargo de los fondos europeos. El Ejecutivo ha decidido no solicitar cerca del 70% de los préstamos que la Unión Europea había puesto a disposición de España para el período 2021-2026 dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

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La Comisión Europea aprobó en 2020 los fondos Next Generation (NGUE), que situaron a España como el segundo mayor receptor de recursos del conjunto de los Veintisiete, solo por detrás de Italia. En total, España podía aspirar a 163.014 millones de euros, de los cuales 79.854 millones eran transferencias a fondo perdido —es decir, no se tendrían que devolver— y 83.160 millones se correspondían con créditos reembolsables. Finalmente, el Ejecutivo solo pedirá 22.800 millones en créditos reembolsables, dejando sin utilizar 60.360 millones de euros.

Esta reorientación forma parte de la nueva adenda del Plan de Recuperación que el Gobierno enviará a Bruselas, un documento que reduce el volumen de préstamos a solicitar este año hasta los 6.500 millones y que incorporan además, la actualización de más de 160 medidas con el objetivo de acelerar el acceso a los cerca de 25.000 millones de subvenciones que aún quedan por recibir.

En cuanto al motivo de fondo de esta renuncia, Cuerpo ha explicado que los préstamos europeos han dejado de ser ventajosos desde el punto de vista financiero: "Pasamos de una red de seguridad europea a una nacional", ya que el Tesoro puede financiarse, actualmente, en los mercados "a tipos prácticamente idénticos" que los ofrecidos por Bruselas.

Según ha señalado, la convergencia en el coste de financiación ha eliminado el incentivo a endeudarse con la UE, cuya financiación —aunque muy favorable en 2021— ya no presenta ventajas claras en 2024. Por ello, el Gobierno limitará su petición a 22.800 millones en créditos y priorizará el acceso al 100% de las subvenciones, mientras mantiene su estrategia de financiación ordinaria para el próximo ejercicio.

Asimismo, el titular de Economía ha argumentado que renunciar a la mayor parte de los créditos permitirá rebajar la presión legislativa asociada a los hitos más exigentes del Plan. En este contexto, algunos compromisos se redefinirán —como el hito ligado a la Ley del Suelo, que será sustituido por otros orientados a la transformación de la empresa pública de vivienda— y otros, como la equiparación fiscal del diésel a la gasolina, seguirán en agenda pero con un calendario más flexible.

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