Los 733 euros que puedes cobrar aunque vivas con tus padres: así es el nuevo IMV para mayores de 23 años

La Seguridad Social ha ampliado en 2026 las vías de acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) para personas jóvenes y adultas que aún residen en el domicilio familiar. La reforma abre la puerta a solicitantes que hasta ahora quedaban fuera por el criterio de convivencia. La novedad permite a determinados mayores de 23 años pedir la prestación incluso si viven con sus progenitores. Para ello será necesario que acrediten que constituyen una unidad económica y de convivencia independiente en los términos que fija la normativa.

El cambio ha generado expectación porque rompe el esquema tradicional que ligaba el derecho al IMV a la independencia residencial estricta. Ahora la clave es demostrar autonomía económica y cumplir los umbrales de renta y patrimonio que establece la ley. Con la revalorización de las cuantías en 2026 (que sitúa la prestación individual garantizada en torno a los 733,6–733,9 euros mensuales), la ampliación pretende ofrecer un colchón mínimo a quienes, aun conviviendo con familiares, no forman parte de la unidad de convivencia por gestión económica separada o circunstancias excepcionales reconocidas por la administración.

¿Quiénes pueden pedirlo?

Pueden solicitar el IMV a título individual las personas de al menos 23 años que no formen parte de la unidad de convivencia de sus progenitores. Además, deben acreditar los requisitos económicos y de residencia exigidos por la normativa. La reforma recoge reglas diferenciadas según la franja de edad. Para quienes tienen entre 23 y 29 años suele exigirse haber vivido de forma independiente durante, al menos, dos años previos a la solicitud. Para los mayores de 30 años, el requisito temporal se acorta, pidiendo que la residencia fuera independiente durante, al menos, el año anterior. Estas condiciones están previstas para evitar fraudes y para impedir que la mera convivencia física con los padres se convierta en una vía automática de acceso sin evidenciar realmente la separación de economías familiares.

Existen, además, excepciones justificadas que flexibilizan esos plazos. Entre ellas, víctimas de violencia de género, personas que han salido del domicilio familiar por causas probadas (separación, desahucio, trata), jóvenes extutelados y casos en los que concurran otras circunstancias que impidan la emancipación efectiva pueden acceder sin necesidad de cumplir el requisito de años de independencia. La idea es garantizar protección en situaciones de especial vulnerabilidad.

Requisitos económicos, residencia y patrimonio

El IMV es una ayuda condicionada a la comprobación de umbrales de renta y patrimonio. El solicitante debe probar que sus ingresos y los bienes que posee (salvo la vivienda habitual en ciertos supuestos) se sitúan por debajo de los límites que determinan la situación de vulnerabilidad. En 2026 se actualizó la cuantía garantizada y se revisaron también los límites de patrimonio. En algunos documentos oficiales se establecen en múltiplos de la prestación individual, aunque conviene consultar las tablas oficiales porque hay variaciones en función del número de miembros de la unidad y de la composición familiar.

Además, la normativa exige residencia legal y efectiva en España con una antigüedad mínima (generalmente un año), salvo excepciones reguladas. La comprobación de la residencia y de la independencia económica suele pasar por empadronamientos, contratos de alquiler o trabajo, declaraciones de la Seguridad Social y documentación bancaria que pruebe la gestión separada de ingresos y gastos.

Cuantías y efectos prácticos

La prestación individual garantizada para 2026 se revaloriza y se sitúa en torno a los 733 euros al mes para una persona sola. Esta cifra marca la referencia para calcular si un hogar o solicitante se encuentra por debajo del umbral de protección. Las cuantías varían según el tamaño de la unidad de convivencia, y la percepción del IMV puede combinarse con otras ayudas o rentas que no superen el umbral fijado.

En la práctica, la reforma tiene dos efectos relevantes. Por un lado, permite que jóvenes que mantienen lazos residenciales con la familia pero que no dependen económicamente de ella puedan acceder a un ingreso mínimo que mejore su capacidad de subsistencia y de búsqueda de empleo. Por otro, obliga a la Seguridad Social a comprobar con mayor detalle la estructura económica de los hogares. Esto complica la tramitación pero reduce la posibilidad de concesiones indebidas.

Cómo acreditar la independencia económica

Acreditar la independencia económica suele requerir prueba documental. Por ejemplo, contratos de trabajo y nóminas, contratos de alquiler y recibos, movimientos bancarios que demuestren ingresos... Además, gastos personales, y en algunos casos declaraciones juradas o certificaciones que evidencien la no participación en los gastos familiares. También se valora la cotización a la Seguridad Social del solicitante durante periodos previos como indicador de autonomía económica.