Hacienda devuelve los primeros 316 millones por el cobro indebido del Impuesto de Hidrocarburos que le censuró la UE

La cuenta atrás para que el Gobierno desembolse una factura multimillonaria por la nulidad declarada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del tramo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos (IH) ha empezado. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado este miércoles su segunda opinión sobre los riesgos fiscales a los que se enfrenta la economía española. Entre ellos se encuentra el creciente peso presupuestario que están adquiriendo las sentencias desfavorables contra el Estado. Mientras que el gasto acumulado de la Administración Central en sentencias se situó en los 5.007 millones de euros durante el periodo 2014-2023, solo en los dos últimos años este coste se ha disparado hasta los 14.400 millones: 11.200 millones en 2024 y 3.100 millones en 2025.

Y estas cifras milmillonarias no se van a detener en 2026. Fuentes de la AIReF apuntan a que "el mayor riesgo que tenemos pendiente y que además presenta un panorama judicial bastante complejo es el referente al Impuesto sobre Hidrocarburos". De hecho, el organismo presidido por Inés Olóndriz recuerda que, tras las primeras resoluciones desfavorables del Tribunal Supremo, "el coste efectivo asciende, al menos, a unos 316 millones más intereses, importe que se registrará como déficit en el ejercicio 2026".

No obstante, esta cantidad es solo el principio. La Cuenta General del Estado de 2024 recoge una estimación elaborada por el Ministerio de Hacienda que entonces lideraba María Jesús Montero. En ella, el impacto máximo potencial lo cifró en 6.500 millones de euros, una previsión equivalente a toda la recaudación obtenida por las comunidades autónomas que aplicaron el tramo autonómico del impuesto entre 2013 y 2018, (periodo en el que estuvo vigente y que, posteriormente fue declarado contrario al Derecho de la Unión Europea).

La sentencia que abrió la puerta a las devoluciones

El origen de este riesgo fiscal se encuentra en la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 30 de mayo de 2024. En ella, el tribunal comunitario declaró contrario al Derecho de la Unión el tramo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos, en vigor entre 2013 y 2018, al considerar que España permitió durante estos años que las comunidades autónomas aplicaran tipos impositivos diferentes entre ellas sobre los carburantes, sin que esta posibilidad estuviera prevista en la normativa europea.

La cuestión llegó posteriormente al Tribunal Supremo. En una primera sentencia dictada el 20 de septiembre de 2024, el alto tribunal estableció que la Administración debía devolver las cantidades indebidamente cobradas, salvo que acreditara que el impuesto había sido repercutido al cliente final y que, por tanto, el reclamante no había soportado realmente el coste económico del gravamen. Sin embargo, el giro más relevante llegó en enero de 2026.

En una nueva resolución, el Supremo reiteró esta doctrina y limitó la posibilidad de que la Administración reabriera procedimientos para intentar demostrar posteriormente dicha repercusión. Como consecuencia directa de esta sentencia, el Estado fue condenado a devolver 155,47 millones de euros más intereses a la empresa Galp Energía España.

De hecho, la doctrina empieza a ganar peso en los tribunales. La propia AIReF recuerda el caso de una compañía que logró que la Audiencia Nacional le reconociera en diciembre de 2025 el derecho a recuperar 123 millones de euros correspondientes al ejercicio 2017, mientras que unos meses antes había rechazado devolverle otros 128 millones por el ejercicio 2018. La diferencia radicó en que, en el primer caso, la Administración no logró acreditar que el impuesto había sido repercutido al cliente final, mientras que en el segundo sí. Un ejemplo que, según el organismo, ilustra la "enorme casuística" que rodea estos procedimientos.

"Proceso a proceso, empresa a empresa y sector a sector"

Ante ello, la propia AIReF subraya que el grueso del impacto económico todavía está por llegar. Según recoge el informe, los efectos de la nulidad del tramo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos no se habían reflejado hasta ahora en las cuentas públicas porque, aunque muchas reclamaciones se presentaron hace años, "es a partir de 2026 cuando las resoluciones judiciales han comenzado a adquirir firmeza". Por ello, el organismo advierte de que el impacto negativo sobre el déficit empezará a registrarse "este ejercicio y previsiblemente se extenderá a ejercicios posteriores".

Además, la incertidumbre sobre la cuantía final sigue siendo elevada. A los numerosos recursos todavía pendientes ante los tribunales se suma la posibilidad de que los consumidores finales reclamen por la vía civil una indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado al haber soportado un impuesto posteriormente declarado contrario al Derecho de la Unión Europea. De hecho, ya existen procedimientos de este tipo en marcha. Este escenario explica por qué las fuentes de la AIReF evitan anticipar una factura definitiva y advierten de que habrá que ver la evolución judicial "proceso a proceso, empresa a empresa y sector a sector".