Hacienda dispara la recaudación por el tabaco hasta los 7.300 millones mientras el Gobierno amplía los espacios sin humo

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el proyecto de ley que reforma la ley antitabaco de 2005, con el que se amplían los espacios libres de humo. Con la nueva normativa se prohibirá fumar y vapear en terrazas de bares, playas marítimas y fluviales, piscinas, parques nacionales, marquesinas, instalaciones deportivas o recintos abiertos donde se celebren espectáculos públicos. De esta forma, España se convierte en el único país europeo junto a Suecia en prohibir fumar en terrazas a los consumidores.

En paralelo, mientras el Ejecutivo endurece las restricciones al consumo de tabaco, la recaudación por este impuesto aumenta cada año. Según los datos del Ministerio de Hacienda, los ingresos por el Impuesto sobre las Labores del Tabaco alcanzaron los 7.340 millones de euros al cierre de 2025, es decir, 413 millones más que el año anterior. Además, la tendencia se mantiene en lo que va de 2026. Hasta mayo —último mes con datos disponibles de la Agencia Tributaria—, la recaudación alcanzó los 2.639 millones de euros, 10 millones más que en el mismo periodo de 2025.

Un incremento de los ingresos públicos se produce a pesar de que se ha registrado una reducción del consumo de tabaco en España. De hecho, que la recaudación sea superior se debe exclusivamente al endurecimiento de la fiscalidad, según explica la propia Agencia Tributaria en sus informes.

El organismo detalla que la clave del incremento fue la subida de tipos aprobada el 1 de enero de 2025. "En el caso del producto de mayor consumo, los cigarrillos, la subida significó pasar de un tipo fijo de 0,47 euros por cajetilla a 0,69 euros", lo que representa una subida del 47%. En conjunto, la Agencia Tributaria ha estimado que el impacto de la subida impositiva ha permitido recaudar 365 millones de euros adicionales durante los primeros once meses de su aplicación, a los que se ha sumado el nuevo Impuesto sobre los Líquidos para Cigarrillos Electrónicos, con el que se han recaudado otros 30 millones de euros.

Cerco al tabaco: más espacios vetados y multas

Es decir, pese a que la reducción del consumo se está produciendo de forma natural, el Gobierno ha decidido ir un paso más allá a instancias del Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García. Así, con la nueva regulación presentada este martes, Sanidad busca estrechar el cerco sobre los fumadores en los espacios abiertos y equipara por completo el trato entre el tabaco tradicional y las nuevas alternativas, aplicando las mismas prohibiciones a los vapeadores y cigarrillos electrónicos.

Además, se establecen "entornos de protección reforzada" donde estará prohibido fumar a menos de 15 metros de los accesos de centros educativos, sanitarios, sociales, culturales, parques infantiles, museos y bibliotecas. Y para garantizar el cumplimiento de la norma, se aplicará un régimen sancionador con multas que van desde los 200 euros para las infracciones más leves hasta los 600.000 euros para las más graves.

Hostelería y estanqueros, en pie de guerra

La respuesta de los sectores económicos más afectados no ha tardado en llegar. El presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez, ha calificado de "absurdo" que el país más turístico de Europa prohíba fumar en terrazas al aire libre, advirtiendo que la medida no reducirá el consumo, sino que desplazará a los fumadores a los alrededores y fomentará el consumo desordenado en las inmediaciones. También ha subrayado que poner trabas en un país que recibe casi 100 millones de turistas extranjeros al año y que destaca por su clima y su cultura de la calle es "como pegarse un tiro en el pie".

Por su parte, la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España ha rechazado que el Gobierno haya remitido el texto a las Cortes saltándose el paso por el Consejo de Estado y desoyendo a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y al Consejo Económico y Social (CES), que aconsejaban coordinar la norma con la revisión de las directivas europeas para evitar desajustes.

De hecho, el propio CES señalaba en su dictamen la necesidad de garantizar "un adecuado equilibrio entre la protección de la salud pública y el respeto a los espacios de libertad individual" y advertía de "las carencias en el análisis de los impactos económicos y presupuestarios que afectan a un amplio conjunto de actividades como la hostelería, la restauración, el ocio, así como el propio cultivo del tabaco".

Además, los estanqueros no comparten que Sanidad haya decidido equiparar sanitariamente el tabaco tradicional con los nuevos modelos. Al respecto, han denunciado que "el proyecto de ley ignora completamente los numerosos estudios existentes sobre la reducción de daños frente al tabaquismo que ofrecen los nuevos productos que han llegado al mercado".

El laberinto de las Cortes y el juego de apoyos

Sea como fuere, una vez que el Consejo de Ministros ha dado luz verde definitiva al proyecto de ley, el texto inicia ahora su andadura en el Congreso de los Diputados. Para salir adelante, el Gobierno de coalición necesitará contar con el respaldo de otros grupos políticos, una tarea que se antoja muy compleja debido a la actual fragmentación parlamentaria.

Por el momento, el Partido Popular ha rechazado posicionarse sobre la nueva ley del tabaco aprobada por el Consejo de Ministros hasta analizar "el texto definitivo", aunque ha remarcado que el texto se elaboró sin tener en cuenta "ninguna de las consideraciones" de las comunidades autónomas del PP, a pesar de que tienen las competencias en materia de sanidad, según recoge Servimedia.

Y la gran incógnita de la votación recae sobre las fuerzas independentistas catalanas. Fuentes de Junts consultadas por El País han afirmado que aún no han fijado posición sobre el proyecto, aunque se inclinan de entrada por no apoyar nada que impulse ahora el Gobierno.