El último informe de Fedea sobre pensiones pone en solfa el positivo relato del Gobierno sobre el avance de las nuevas fórmulas de jubilación. "La legislación española ha avanzado en la dirección correcta en los últimos años, con
reformas que han ampliado las modalidades de compatibilidad entre pensión y trabajo retribuido. Sin embargo, el punto de partida sigue siendo la regla general de incompatibilidad, y las excepciones vigentes —jubilación activa, parcial, flexible— están tan cargadas de desincentivos para empresas y trabajadores que apenas se utilizan", dice el catedrático José Ignacio Conde-Ruiz en un artículo titulado Instituciones, envejecimiento y equidad intergeneracional.

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Los datos oficiales consultados por El Independiente reflejan que solo el 1,17% de los jubilados estarían combinando en estos momentos el cobro de su pensión con un salario. Así se desprende de un documento del ministerio de Seguridad Social titulado Análisis de las situaciones de compatibilidad de pensión de jubilación y actividad laboral, que incluye datos de pensiones en vigor de la nómina de junio de 2026. Si se añaden las casi 62.000 jubilaciones parciales en vigor en junio -que no constan en esta estadística- tampoco llegaría siquiera al 2% de los 6,71 millones de pensiones de jubilación que hay en vigor en estos momentos.

En total, 78.603 personas compatibilizan en España una pensión de jubilación con una actividad laboral, lo que supone un 9,8% más que el año anterior. Por modalidades, solo habría 3.910 acogidos a la jubilación flexible. Precisamente, el Gobierno aprobó en mayo un real decreto para impulsar una nueva regulación que busca dar mayores incentivos a este formato. Entrará en vigor a finales de agosto. Según los datos oficiales, la pensión media que cobran estos jubilados es de 1.015,94 euros al mes.

La reforma se enmarca en la reforma de pensiones acordada por el Gobierno y los interlocutores sociales y aprobada en 2024. La jubilación flexible ofrece la posibilidad, a los pensionistas de jubilación que voluntariamente lo deseen, de reincorporarse a la actividad, y compatibilizar el percibo del importe de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o, como novedad, con la realización de una actividad por cuenta propia.

"Los incentivos para la jubilación demorada y las mejoras en la jubilación activa están dando importantes resultados. Hemos facilitado diferentes opciones a los pensionistas para que, siempre desde la voluntariedad, elijan la modalidad que más se adecúe a su situación", presumía hace unos meses la ministra Elma Saiz. Sin embargo, Conde-Ruiz recalca que España es "uno de los países de la OCDE donde un menor porcentaje de trabajadores entre 65 y 69 años perciben simultáneamente pensión y salario: apenas el 0,5% de los hombres y el 1,8% de las mujeres".

Por su parte, en la modalidad de jubilación activa se encuentra el grueso de los que compatibilizan pensión y salario. En total, son 73.393 personas. De ellas, 39.693 de los que están bajo este régimen cobran el 50% de su pensión (813,39 euros de media); 15.881 los que ingresan el 100% (1.510,14€); 12.619 los que tienen jubilación activa desde el 45% de la pensión, que tienen un incremento progresivo del porcentaje de pensión según los años de demora. Hay otros 3.799 acogidos a la jubilación activa desde el 75% de la pensión. Estos dos últimos formatos registran incrementos de hasta un 500% interanual en número de beneficiarios. Además, hay otros 2.600 acogidos a otras modalidades compatibles.

El texto de Fedea recuerda que "el sistema actual fue diseñado para una demografía que ya no existe: vidas laborales largas, jubilaciones cortas y una proporción elevada de trabajadores por cada perceptor de prestaciones". Por tanto, plantea adaptarlo a la nueva longevidad. "No es un ataque al pacto intergeneracional, sino la condición para que ese pacto siga siendo posible", sostiene.

En este sentido, abunda, lo que "verdaderamente traiciona a las generaciones futuras" es "mantener un sistema concebido para otra época y financiar su creciente déficit con deuda o recortando otras partidas". Y avisa de que si la tasa de dependencia casi se duplica, habrá más jubilados y mantener el sistema costará más.

Pero más allá del aumento exponencial del gasto, sostiene que este se produce "porque nos negamos a adaptar el sistema a la nueva longevidad". Y pone como ejemplo que cuando alguien se jubila hoy a los 67 años, cobra su pensión durante una media de 17 años. Pero si en el año 2000 eran una menos de 13, en 2073 serán más de 22.

Así, propone que compute toda la vida laboral para el cálculo de la pensión inicial y recuperar el factor de sostenibilidad mediante el que se ajusta la pensión inicial cuando aumenta la esperanza de vida en el momento de jubilarse. Pero más allá de esos mecanismos, cree que la clave está en transitar hacia "una jubilación más flexible".

Según los últimos datos de Seguridad Social, hasta mayo se han registrado 154.581 nuevas altas de jubilación. El ministerio destaca que las demoradas representan ya el 12% del total de las nuevas altas, frente al 4,8% que suponían en 2019. Como consecuencia de ello, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,3 años, frente a los 64,4 años de 2019.

Pero Conde-Ruiz insiste en acabar con la rigidez actual entre actividad e inactividad y conseguir una transición más gradual. "Facilitar la compatibilidad entre pensión y trabajo, con fórmulas parciales y flexibles, permitiría aprovechar mejor el talento de los trabajadores sénior y reducir la presión financiera sobre el sistema", recalca el texto. "En las próximas décadas habrá menos trabajadores por jubilado, no más", avisa.

Por ello, añade, "la clave está en cambiar radicalmente la forma en que nos jubilamos". En este sentido, considera que "los trabajadores mayores están, en promedio, mucho más sanos de lo que el diseño del sistema presupone". En todo caso, concede que no debe tratarse de una transición homogénea para todos los trabajadores, sino que "ha de tener en cuenta la dureza física de la profesión, el
estado de salud del trabajador y sus preferencias particulares".

Pero teniendo todo eso en cuenta, añade, las cifras actuales no son por un problema de salud, sino porque "la legislación vigente desincentiva activamente la permanencia en el mercado laboral". Esto es precisamente lo que la reforma del Gobierno está intentando cambiar.