El veto fósil y nuclear del nuevo "fondo soberano" que Sánchez le ha encargado al ICO

El programa España Crece ya tiene las primeras directrices para echar a andar, ocho meses después del anuncio que hizo por todo lo alto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, bajo la denominación de "fondo soberano". El mecanismo de financiación ideado para estirar el efecto de los fondos europeos cuando acabe su plazo de ejecución a finales de agosto estará muy orientado a ciertos sectores y tendrá vetados a otros.

El Ministerio de Economía que dirige Carlos Cuerpo publicó este miércoles una Orden en la que las líneas maestras que deberán guiar la estrategia de inversión encomendada al Instituto de Crédito Oficial (ICO). El organismo público tiene la misión de canalizar 13.700 millones que el Ejecutivo quiere que sirvan para movilizar hasta 120.000 millones en inversiones entre inversión pública y privada.

Pero el Gobierno ya ha puesto coto al acceso a esos fondos y veta directamente a ciertos sectores relacionados con la economía fósil o la energía nuclear. Se trata de seguir el espíritu que guiaba al denominado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) puesto en marcha tras la pandemia. Cualquier inversión financiada por el citado programa deberá cumplir el principio de "no causar un perjuicio significativo" que recoge la normativa europea.

La exclusión de financiación más amplia afecta a los combustibles fósiles y a todas las actividades relacionadas con su producción y utilización. Solo hay algunas excepciones muy limitadas vinculadas al gas natural o aquellos proyectos en los que "el uso de combustibles fósiles sea temporal y técnicamente inevitable para la transición en un plazo oportuno hacia un funcionamiento libre" de los mismos.

En el apartado de "Apoyo general a empresas" también se repiten los vetos a las industrias con altas emisiones de CO₂. Tampoco se permitirá financiar proyectos de la fabricación, alquiler o venta de vehículos contaminantes. Es decir, aquellos con una "emisión distinta de cero". Asimismo, también se impide dar financiación a actividades de gestión y eliminación de residuos, salvo proyectos destinados a mejorar la eficiencia ambiental de instalaciones ya existentes. Por otro lado, el procesamiento de combustibles nucleares y la producción de energía nuclear también queda fuera de la posibilidad de recibir financiación.

El organismo que dirige Manuel Illueca tendrá que detallar en el plazo de un mes los mecanismos de financiación que activará para movilizar y canalizar el dinero público hacia diferentes inversiones. Las operaciones deberán realizarse preferentemente en cofinanciación con el sector privado. Con carácter general, la participación del ICO se mantendrá por debajo del 50%.

Cuerpo ha fijado que sus inversiones deban estar orientadas a financiar proyectos de sectores económicos "con alta productividad y con elevado potencial de transformación de la economía" a donde no llegue la banca tradicional. También irán a la "promoción, comercialización y gestión de proyectos de vivienda y en especial de los destinados al alquiler asequible y/o social".

Por otro lado, otro eje prevé dedicar la financiación a "inversiones en eficiencia energética, energías renovables y autoconsumo, gestión energética y digitalizada, renovación eficiente de edificios, movilidad eléctrica, mejora de la resiliencia hídrica, mejoras del capital natural y adaptación climática, y grandes infraestructuras verdes".

Otra de las ramas será la financiación de pequeñas y medianas empresas y en un quinto epígrafe denominado "otras prioridades estratégicas alineadas con las orientaciones de política económica nacional o europea" podría albergar las inversiones en sectores de la industria de la defensa, para elevar el gasto militar como ha prometido España a sus socios de la OTAN.

Una vez dadas las directrices por parte del Ministerio, será el propio ICO quien decidirá cómo se desarrollan y qué proyectos decide financiar. Todo, a través de su Consejo General. Deberá guiarse por criterios bancarios y por cuenta y riesgo propios, como prevén sus estatutos. El organismo cuenta desde marzo con una inyección de 10.891 millones de euros en concepto de ampliación de capital del ICO y 2.800 millones de euros en concepto de transferencias no reembolsables.

Aunque el reto es mayúsculo. El ICO ya ha tenido que gestionar a lo largo de los últimos años la línea de avales para que los jóvenes accedan a su primera vivienda. Con un éxito muy cuestionado por parte del sector financiero e inmobiliario, ahora tiene ante sí un encargo aún mayor en un entorno marcado por la inestabilidad geopolítica y con la legislatura a apenas un año de concluir. Escenarios -ambos- que suelen disuadir el apetito inversor.