Economía

El 'tapón' de la red eléctrica deja 80.000 viviendas paradas y sin corriente en España

El colapso de la infraestructura deja sin capacidad de conexión a muchas de las provincias con mayor demanda residencial

Es el tapón que impide cada año la construcción de miles de viviendas. No tiene que ver ni con la disposición de suelo ni con problemas de construcción. La razón: la imposibilidad de poder conectar las promociones residenciales a la red eléctrica por encontrarse colapsada. Un reciente informe del BBVA Research ha estimado en cerca de 80.000 las viviendas que se encontrarían actualmente sin capacidad de llevarse a cabo por no disponer de ‘enchufe’ a la red. Se trata de un volumen que equivale al 11,4% del total de la demanda de vivienda sin cubrir que existe en España y que ronda las 700.000 viviendas.

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La red eléctrica española hace años que se ha quedado pequeña para los cambios de demanda que se han acelerado en los últimos años. Diseñada para otra economía hace décadas, la electrificación de todos los sectores está detrás de un repunte de necesidades de conexión que han dejado los nodos de la red sin apenas capacidad. Actualmente el 88% de todos los nodos o subestaciones están sin capacidad para absorber más proyectos.

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En el caso de las viviendas, el problema es además que en aquellos puntos de la red donde aún queda capacidad en muchos casos se encuentran alejados de las áreas con alta demanda residencial y por tanto no son viables para desarrollar este tipo de proyectos de vivienda. El desarrollo y aumento de plantas de energías renovables, el incremento de sectores como los centros de datos o la IA están multiplicando las necesidades y compitiendo por la escasa capacidad que aún queda en nuestra red.

El Gobierno busca desbloquear la red para uso residencial

El Ejecutivo aprobó recientemente un nuevo decreto que ampliaba en 17.900 millones la autorización de inversión en la red que se permitiría al sector eléctrico. Un movimiento con el que intenta desbloquear la situación pero que requerirá de varios años hasta que pueda traducirse en un aumento real de capacidad. Los desarrollos urbanísticos y la planificación eléctrica pueden requerir de ciclos que hasta ahora han oscilado entre los 5 y 8 años. La administración quiere ahora acelerar plazos y para ello ha considerado que la vivienda será prioritaria y estratégica en la concesión de permisos de conexión.

El informe ‘La saturación de la red eléctrica y su papel en la escasez de vivienda’ sitúa una clara relación entre la situación de la infraestructura y la ampliación de la oferta de pisos en España. Constata que muchos proyectos están retrasados o paralizados a la espera de poder recibir una autorización sin la que no podrían poner en el mercado los pisos. Destaca la situación de provincias como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga y Murcia, donde las dificultades son notables.

El caso de Madrid es uno de los más claros. Pese a disponer de suelo para la construcción de un parque de alrededor de 126.000 viviendas, el déficit de pisos acumulado en el último lustro es ya de 116.000. En muchos casos es la insuficiente capacidad de la red eléctrica la que está dificultando la construcción de más oferta residencial. Actualmente en toda la comunidad sólo habría margen para ‘conectar’ 40.000 viviendas.

Distribución de la capacidad y la presión de los centros de datos

Y Madrid no es una excepción. Actualmente, en 27 provincias españolas se estima que la capacidad disponible en su red eléctrica es inferior a 20 MW. En otra veintena oscila entre los 20 y 100 MW y sólo en 15 provincias la potencia disponible puede llegar hasta los 200 MW. Supone una capacidad ínfima en el conjunto del país si se tiene en cuenta que en el conjunto de la red la capacidad total es de 25.700 MW a finales de 2025.

Se estima que de esa capacidad total, algo menos de un tercio la absorben las viviendas y el resto se reparte casi a partes iguales entre el sector servicios y el industrial. De media, según señala el informe, un piso requiere de una capacidad de conexión de 5 kW, mientras que un proyecto industrial puede oscilar entre los 20 y 100 MW. Son los centros de datos los que ahora más demanda están solicitando. Sus proyectos en muchos casos pueden suponer una necesidad de potencia de entre 100 y 300 MW. Precisamente la electrificación de nuestra economía se estima que puede elevar las necesidades y demandas eléctricas en hasta un 45% de aquí a 2030.

Un cambio que requerirá no sólo reforzar la red actual sino ampliarla. Para ello el Gobierno ha autorizado mediante un real decreto algunos cambios. Esa ampliación del margen de inversión se suma al que ya existía y amplía el volumen de inversiones en la red eléctrica en los próximos cinco años hasta los 35.000 millones.

Medidas del Real Decreto para liberar 'potencia fantasma'

Entre las modificaciones que se recogen destaca la de consideración de proyectos estratégicos y prioritarios los destinados a la construcción de vivienda. Además, se autorizará a las compañías eléctricas destinar hasta un 20% de sus inversiones a ‘anticipar’ desarrollos en la red vinculados con proyectos en marcha. Es decir, compaginar en el tiempo la mejora de la red con el desarrollo de proyectos que ya están en marcha.

Además, el decreto aprobado el pasado 28 de julio plantea que actualmente existe mucha capacidad concedida, comprometida, para proyectos que en muchos casos no están en marcha o no han cumplido plazos de ejecución de las iniciativas para las que se les había concedido la conexión. Esa ‘potencia fantasma’ podría liberarse y concederse a nuevos proyectos.

Los expertos de BBVA Research valoran positivamente las medidas incluidas en el decreto gubernamental pero recuerdan que lo más importante será el desarrollo reglamentario de la propuesta. Un desarrollo que corresponderá al Ministerio para la Transición Ecológica y a la CNMC y que confían en que permita desbloquear uno de los grandes problemas: los plazos. La tramitación de las solicitudes y la concesión de las autorizaciones requieren actualmente plazos elevados que ahora se confía en poder acortar, fundamentalmente los relacionados con los estudios de impacto ambiental.

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