El Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han puesto en marcha este lunes una mesa de trabajo para abordar mejoras en la empleabilidad de los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Y es que, según revelaba la Quinta Opinión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), casi la mitad de los hogares que lo perciben continúan cobrando la prestación transcurridos 60 meses (cinco años), concretamente, el 46%.
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No obstante, este porcentaje se trata de una media. De hecho, el organismo supervisor destapa una brecha. La permanencia durante cinco años se dispara hasta casi el 57% entre quienes reciben una ayuda más alta (en proporción a su renta garantizada), mientras que cae al 34% en los hogares con prestaciones de menor cuantía. Es decir, cuanto mayor es el peso que tiene el IMV en los ingresos que necesita un hogar para alcanzar la renta que el sistema considera mínima, menor es la probabilidad de que abandone la prestación.

El IMV reduce el incentivo a trabajar

La AIReF vincula estos resultados a que "cuanto mayor es esa protección, mayor es también el coste de oportunidad de volver al empleo", lo que reduce los incentivos para trabajar. Según sus estimaciones, un incremento de 10 puntos porcentuales en la ratio entre el IMV y la renta garantizada del hogar se traduce en una reducción del 13,4% en la probabilidad de salir de la prestación.

De hecho, este dato se complementa con los hallazgos de su Cuarta Opinión sobre el IMV. En este documento, el organismo supervisor concluía que cobrar esta ayuda reducía un 12% la probabilidad de trabajar durante los primeros seis meses. Un desincentivo que se elevaba al 23% entre los perceptores con importes superiores a la media, al 20% en los hogares monoparentales y al 29% entre los menores de 30 años.

Trabajo y Seguridad Social reaccionan

Ante estos datos, el Gobierno ha decidido tomar cartas en el asunto. La Secretaría General de Inclusión, el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se han reunido este lunes para poner en marcha "un proyecto piloto de mejora de la empleabilidad entre los hogares perceptores del" IMV.

Una iniciativa que se integrará en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno
2026, "que reconoce por primera vez a las personas beneficiarias del IMV como
colectivo prioritario" y subraya la necesidad de impulsar políticas de acompañamiento que faciliten su incorporación al mercado laboral.

Según señalan desde el Ministerio de Seguridad Social, esta primera reunión ha servido para poner en marcha los trabajos iniciales del proyecto y, por el momento, los equipos de ambos ministerios trabajan "en la interoperabilidad de los datos y seguirán manteniendo reuniones de coordinación para delimitar la población objeto de estudio y el diagnóstico de sus necesidades". De esta forma, el Gobierno empieza a poner el foco en la empleabilidad de los beneficiarios, no obstante, más de seis años después de la creación de esta ayuda.

Más de 22.000 millones de euros desde 2020

El Ingreso Mínimo Vital se ha convertido en una de las principales herramientas de protección para los hogares más vulnerables. Si bien su objetivo es garantizar unos ingresos mínimos a personas y familias en situación de vulnerabilidad, también supone un desembolso creciente de recursos públicos, lo que hace que la búsqueda de vías de incorporación al mercado laboral cobre especial relevancia cuando los perceptores tienen capacidad para trabajar.

Solo en agosto, la Seguridad Social destinó casi 475 millones de euros al pago del IMV, una nómina media de 502,8 euros mensuales por hogar que permitió cubrir a 893.820 familias en las que viven 2,73 millones de personas. Además, el número de ayudas activas continúa creciendo: en agosto había 128.915 prestaciones más que un año antes —un 16,9% más—, mientras que el número de beneficiarios aumentó en 390.346 personas. No obstante, la tasa de non take-up se sitúa en el 52%. Es decir, más de la mitad de los hogares que cumplen con los requisitos económicos y sociales para percibir la ayuda no la solicitan.

Pese a ello, el desembolso acumulado da una dimensión del esfuerzo económico que ha supuesto esta red de protección para las arcas públicas. Desde su puesta en marcha en junio de 2020 hasta agosto de 2026, las nóminas del IMV acumulan un gasto de 22.245 millones de euros.