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Botín defiende ante el juez que Popular no tenía un déficit de recursos propios cuando lo compró

Santander exploró el interés del mercado por los activos del banco antes de la resolución

La presidenta de Santander, Ana Botín, testifica en la Audiencia Nacional.

La presidenta de Santander, Ana Botín, testifica en la Audiencia Nacional.

Ana Botín, presidenta de Santander, defendió el jueves ante el juez del caso Popular que el banco no tenía un déficit de recursos propios en el momento de su resolución y posterior compra por parte del grupo financiero desde el punto de vista regulatorio, de acuerdo con fuentes jurídicas presentes en la declaración consultadas por este periódico.

La primera ejecutiva de la entidad compareció el jueves en calidad de testigo ante el magistrado encargado del caso, José Luis Calama, tan solo un par de semanas después de que lo hiciera Luis de Guindos, exministro de Economía.

El ahora vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) afirmó en su declaración, también como testigo, que ninguno de los grandes bancos españoles, entre ellos Santander, tuvo interés en comprar Popular antes de la resolución dado que consideraban que tenía un patrimonio neto negativo.

Otras fuentes jurídicas explican que Botín no confirmó esta versión en su turno de comparecencia, sino que la presidenta del banco explicó que Popular no tenía un déficit de provisiones desde el punto de vista regulatorio.

Tras unos meses de parón debido al confinamiento impuesto por la pandemia, las declaraciones del caso Popular se reactivaron a mediados del mes pasado con cuatro testificales muy mediáticas, entre las que se encontraban las del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, y la de De Guindos. Después era el turno de Botín y la próxima semana deberá hacerlo quien fuera presidente de Popular tras su absorción por parte del grupo, Rodrigo Echenique.

La declaración de Botín se extendió durante algo más de tres horas, en las que la mayor parte del tiempo fueron las acusaciones las que interrogaron a la presidenta. El juez lo hizo en primer lugar durante, aproximadamente, una hora, mientras que el cuestionario por parte de la Fiscalía Anticorrupción fue breve.

Durante la misma, Botín explicó que en ningún caso recibió presiones por parte del Ministerio de Economía, que entonces dirigía Luis de Guindos, ni del Banco de España, que gobernaba Luis María Linde. Si bien es cierto que percibió la preocupación que el ministro tenía por el banco, en ningún momento se sintió presionada para absorberlo, según relató al juez.

Por qué no comprarlo antes

Uno de los puntos en los que tanto el fiscal como las acusaciones pusieron más interés fue en saber por qué Santander no vio rentable hacerse con el banco durante los procesos de venta privada puestos en marcha por Popular (al menos, uno a finales de 2016 y otro en mayo de 2017) pero sí en el marco del proceso de resolución, que tuvo lugar en junio de 2017.

En efecto, el banco no quiso acudir a ninguna de las oportunidades de adquirir el banco antes de aquel momento. Como relató Botín al juez, ambas situaciones eran distintas y el banco ya había decidido a finales de mayo que solamente bajo un escenario de resolución le saldría rentable quedarse con Popular. Además, únicamente a un precio de cero euros.

Finalmente, en la subasta que tuvo lugar por parte de las autoridades la noche del 6 de junio de 2017 el precio fijado fue de un euro, el mínimo que impuso el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob). Fue posible fijarlo en ese importe porque solamente se materializó una oferta, la de Santander.

Venta de activos

La presidenta de la entidad también reconoció ante el juez que, con anterioridad a la resolución de Popular, el banco había realizado una exploración en el mercado para valorar el hipotético interés que tendría una venta de los activos inmobiliarios de Popular, de acuerdo con fuentes jurídicas.

Esa venta finalmente tuvo lugar en agosto de 2017, dos meses después de la resolución. Santander llegó a un acuerdo con Blackstone para venderle el 51% del negocio inmobiliario y créditos dudosos de Popular a través de una operación que implicaba la creación de una sociedad conjunta que sería titular de activos con un valor bruto contable de unos 30.000 millones de euros, así como del 100% de Aliseda, el servicer de Popular.

La oferta de Blackstone fue la ganadora, pero no la única, de acuerdo con Botín. Al menos tres compañías internacionales se mostraron interesadas en los activos de Popular, aunque finalmente el acuerdo se materializó con este fondo.

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