Un reciente informe publicado por la Agencia EFE, en base a datos del Ministerio de Empleo, desvela una desproporción entre los beneficiarios de la tarifa plana y la evolución de los afiliados al RETA. En concreto, el aumento de autónomos desde que se puso en marcha la medida sólo equivale al 15% de los beneficiados por la tarifa. Según la propia información de EFE, el  Ministerio busca fórmulas para que la medida sirva para crear empleo perdurable, y no para esconder prácticas fraudulentas o favorecer el auge de falsos autónomos.

A estas dudas, se unen las críticas de algunas asociaciones de trabajadores por cuenta propia. UPTA, por ejemplo, sostiene que en la tarifa plana ha contribuido a generar una «burbuja de emprendimiento». Proponen analizar la viabilidad de la idea de negocio del profesional, para que esta sea plausible una vez que se terminan las ayudas. Por su parte, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), defiende retirar las bonificaciones cuando un autónomo, desde el primer año, ya está teniendo rendimientos netos de 30.000 o 40.000 euros.

Una nueva tarifa

Pues bien, a pesar de lo anterior, la Ley de Presupuestos Generales acaba de poner en vigor una nueva tarifa plana. En este caso, para incentivar el empleo autónomo en municipios con menos de 5.000 habitantes.

Este nuevo beneficio es similar al que se otorga para la denominada tarifa plana, con la salvedad de que la cuota de 50 euros mensuales (o bien, una reducción del 80%, si se eligiera una base superior a la mínima), tendrá una duración de 24 meses.

Actualmente, la tarifa plana dura doce meses. En las mencionadas localidades, se doblaría el tiempo de permanencia. La fecha de inicio de la actividad deberá ser igual o posterior al 1 de agosto de 2018. Los requisitos para el acceso a este beneficio son, además de los establecidos hasta ahora, estar empadronado en un municipio de menos de 5000 habitantes y estar dado de alta en el Censo de Obligados Tributarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o de las Haciendas Forales, correspondiendo el lugar de desarrollo de la actividad declarada a un municipio de menos de 5.000 habitantes.

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