Será la sesión más complicada de cuantas se han celebrado en el último año. Por primera vez, sobre la mesa, el grupo de expertos encargado de elaborar un texto articulado para definir un nuevo Estatuto en Euskadi que fije un renovado ‘estatus’ con España, tendrá el quid de la cuestión: el diseño del nuevo estatus político de Euskadi que permita una relación confederal entre el País Vasco y España. Lo hará sobre las bases aprobadas con el único respaldo del PNV y Bildu hace más de un año y que establece que el modelo debe ser un sistema de garantías bilaterales, de ‘igual a igual’ entre Euskadi y España, a imagen y semejanza del establecido en el Concierto Económico vasco. La fórmula ya está inventada, según subrayó el lehendakari en el Pleno de Política general del pasado viernes, bastaría con reformularlo en una suerte de ‘Concierto político’.

Hoy los expertos debatirán sobre el eje en torno al cual se debería construir la defensa y justificación de la transformación hacia un sistema confederal del País Vasco con España. Urkullu ha defendido en reiteradas ocasiones que existen vías para garantizar la constitucionalidad de ese nuevo Estatus político. Cita la disposición adicional primera de la Constitución, que ampara los derechos históricos de los territorios forales y su actualización “en el marco de la Constitución”. También la disposición adicional del Estatuto de Gernika, en la que se señala que la aceptación del régimen de autonomía “no implica la renuncia del Pueblo vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia”.

La principal pugna radica en definir quién es el titular de los derechos históricos; el ‘Pueblo vasco’ o los territorios forales»

Es precisamente la titularidad de los derechos forales uno de los aspectos que mayor fricción está generando. La cuestión que enfrenta a nacionalistas y no nacionalistas es si el titular de esos derechos es “el pueblo vasco” o lo son cada uno de los tres territorios forales; Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Entre las propuestas presentadas en torno a esta cuestión figura incluso la de suprimir el actual peso igualitario que se concede en el Parlamento vasco a Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, con 25 escaños cada uno.

Euskadi pondrá letra a su ‘nueva relación’ con España el 30 de noviembre

La apuesta por situar la titularidad de los derechos históricos en el ‘pueblo vasco’ llevaría a primar la representatividad de los territorios más poblados en detrimento de los menos habitados. De ser así, los dos territorios de mayor voto nacionalista tendrían más peso, al ser Vizcaya la más poblada seguida de Guipúzcoa, en detrimento de Álava, menos nacionalista. Una cuestión que probablemente hoy volverá a centrar las diferencias de los expertos.

Sin acuerdos

A lo largo de las próximas semanas el grupo de trabajo debería acelerar la concreción de su labor para poder aflorar un texto cerrado. Hacerlo con el consenso de todos los participantes parece un reto imposible. Las diferencias entre PNV y PP, que el propio presidente de los populares vascos desgranó en el Parlamento vasco el viernes, o incluso con el PSE y sus socios en el Gobierno vasco, será complicado salvarlas. Cada comisionado contará con un voto en torno a cada uno de los textos propuestos en los distintos apartados. Se podrán presentar textos alternativos y votos particulares a la totalidad o a parte de su contenido.

Tras un año de trabajo, las diferencias políticas ha impedido que el grupo de expertos cierre un sólo texto articulado»

El que hoy abordarán es el apartado más complicado y sensible de cuantos ha trabajado hasta ahora el grupo técnico designado por los partidos con representación en el Parlamento Vasco. Desde que les fue realizada la encomienda el 12 de septiembre, el apartado dedicado a la plasmación de los derechos y libertades en el futuro texto estatutario ha sido el que más tiempo de debate y discrepancia ha acumulado, cerca de ocho meses.

Los expertos también han analizado, sin que en ningún caso se hayan observado grandes consensos, las bases relacionadas con la definición de las relaciones exteriores que tendría la futura Euskadi -con Europa y Navarra, por ejemplo-, la reforma del propio Estatuto, la nueva Hacienda que se alumbraría o los poderes que tendría el tejido institucional vasco.

Bases de Bildu y PNV

Por ahora en ninguno de los apartados se ha logrado cerrar un texto final. El optimismo que tanto desde el Gobierno vasco como desde el propio PNV se ha escenificado no parece ser tal en el seno del grupo de expertos. No al menos en términos de consenso y acuerdo. Las diferencias que en la antesala de su conformación se visualizaron entre las distintas sensibilidades políticas continúan entre los expertos nombrados por las formaciones: Mikel Legarda (PNV), Iñigo Urrutia (EH Bildu), Alberto López Basaguren (PSE), Arantza Elizondo (Elkarrekin Podemos) y Jaime Ignacio del Burgo (PP).

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La fecha límite para conocer el texto articulado propuesto por los expertos para su posterior debate en el Parlamento Vasco es el 30 de noviembre próximo. En el seno del grupo técnico se confiaba en poder incluso adelantarlo a mediados de octubre, si bien por ahora parece complicado que en menos de un mes se culminen los pasos para lograr el consenso que reclamó Urkullu. El lehendakari valoró como “empeño loable”, “actitud constructiva” e “ilusión compartida” la labor realizada hasta ahora.

El punto de partida de todo el proceso lo fijaron las bases aprobadas en la Cámara vasca. Un documento que contó con el único apoyo de PNV y Bildu, el voto particular del PSE, el apoyo parcial de Podemos a sus contenidos de carácter social y la petición del PP de su retirada.