El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene su advertencia de acudir a los tribunales para impedir que se autorice el llamado ‘pin parental’ en Murcia y por el cual los padres podrán no autorizar la asistencia de sus hijos a determinadas charlas y talleres extraescolares. La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha asegurado esta mañana en la localidad de Llodio, en Alava, que el Gobierno de Murcia tiene un mes para dar marcha atrás y evitar que el Ejecutivo activa las vías judiciales para «restaurar la legalidad».

Celaá ha señalado que el Ejecutivo tomará medidas para impedir lo que considera «un veto parental» y una muestra de «censura previa» que atenta contra «la libertad de cátedra». La ministra ha lamentado que tras el revuelo suscitado y el rechazo manifestado de modo reiterado por parte de su ministerio y su Gobierno no se produzca ningún tipo de reconsideración de la medida que a propuesta de Vox ha tomado el Gobierno de Fernando López Miras. Por ello, ha considerado que esperarán «un tiempo prudente», que ha establecido en un mes, antes de acudir a los tribunales para recurrir la medida que se aprobó en agosto pasado.

Celaá también ha expresado su «sorpresa» al constatar que el Partido Popiular, «al menos su dirección» haya hecho suyo el planteamiento de Vox, «de manera acrítica». Ha destacado que en cambio Ciudadanos ha mantenido una posición más alejada de los posicionamientos de las formaciones que lideran Santiago Abascal y pablo Casado.

Precisamente hoy Abascal ha reclamado a PP y Ciudadanos que «se aclaren» ante la posición que mantendrán en la posible extensión del ‘pin parental’ en comunidades que gobiernan los populares gracias al apoyo de Voy Ciudadanos. La formación de Abascal ya ha avanzado su intención de extender el ‘pin parental’ en Madrid y en Andalucía, comunidades gobernadas por el PP. Por su parte las comunidades en manos del PSOE han emitido un manifiesto en contra de la medida y denunciado que limitaciones como estas en los procesos educativos no tienen cabida.

Victoria Rosell y el 155 en Murcia

Precisamente, esta misma mañana, la delegada de Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, se pronunciaba sobre la polémica iniciativa y planteaba la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española en Murcia para que se suspenda el ‘pin parental’.

Así lo ha sugerido Rosell en unas declaraciones en la Cadena Ser, donde ha asegurado que existen una serie de «cauces jurídicos», no «necesariamente judiciales», para que las autonomías cumplan la Carta Magna. A su juicio, el Gobierno autonómico de Murcia se está negando a «tratar a todo su alumnado por igual» y a «garantizar los derechos de las personas más vulnerables».