España

El nuevo código ético de Podemos permite a Pablo Iglesias no dimitir de momento

El partido ya no exige la renuncia de sus cargos públicos u orgánicos en el momento de la imputación, sino cuando son procesados

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en el Congreso de los Diputados.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en el Congreso de los Diputados. EP

Una modificación introducida este año en el código ético de Podemos permitirá a Pablo Iglesias seguir manteniendo sus cargos público (vicepresidente segundo del Gobierno) y orgánico (secretario general del partido) si el Tribunal Supremo lo investiga formalmente como posible autor de delitos de denuncia falsa, daños informáticos y descubrimiento y revelación de secretos, como aprecia el juez que ha investigado el caso Dina.

El documento que la formación aprobó cuando se constituyó en 2014 obligaba a sus cargos electos e internos a renunciar desde el mismo momento que un juzgado les imputara. Esa exigencia se ceñía a las faltas y delitos que se detallaran en el reglamento a redactar por la Comisión de Derechos y Garantías y a diversos delitos penales, entre los que citaba de forma expresa los de corrupción, económicos, acoso sexual, violencia de género, pederastia y maltrato infantil, contra los derechos de los trabajadores, ecológicos y urbanísticos.

Versión inicial del código ético de Podemos (2014).

De ese párrafo de seis líneas desapareció la palabra «imputado», condición que puede adquirir Iglesias si el Supremo finalmente abre causa como le ha ha pedido el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. En virtud de esta modificación, ningún cargo de Podemos está obligado a dimitir si no hay un auto de procesamiento que lo siente en el banquillo de los acusados para ser juzgado.

Versión del código ético de Podemos actualmente en vigor.

En sintonía, el Consejo de Coordinación tampoco podrá acordar la suspensión cautelar de militancia de ningún afiliado antes de que se dicte auto de apertura de juicio oral y la acusación esté relacionada con alguno delito de corrupción, en línea con lo que establece la Ley orgánica de partidos políticos en su artículo 3.2.s.

Podemos ya no exige la renuncia de sus cargos públicos u orgánicos con la imputación sino cuando sean procesados

La rebaja de la exigencia ética que el partido de Pablo Iglesias ha adoptado -a la que se sumó en mayo la eliminación de la limitación de mandatos y la modificación del techo salarial para sus cargos públicos- permitirá ahora al líder del partido seguir ocupando sus responsabilidades tanto en el Ejecutivo como en la formación sin contravenir ninguna norma interna. El PP ya ha pedido a Pedro Sánchez que destituya de forma inmediata a su vicepresidente segundo.

En los próximos días, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tendrá que decidir si acepta la competencia para investigar a Iglesias, como le ha solicitado el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional en la exposición razonada que le ha elevado este miércoles. El magistrado Manuel García-Castellón no puede investigar ni al vicepresidente segundo del Gobierno ni a la vicepresidenta tercera del Congreso –María Gloria Elizo, también señalada por el instructor- dado que ambos gozan de aforamiento.

En caso de declararse competente y considerar suficientes los indicios reunidos por el juez, el alto tribunal nombrará a un magistrado ponente y tendrá que dirigir suplicatorio a la Cámara Baja para que le autorice a proceder contra uno de sus representantes, según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 755.

Iglesias buscó «ventaja electoral»

García-Castellón defiende que el Supremo investigue al líder de Podemos por haber instrumentalizado supuestamente la instrucción del caso Dina -en el que se investiga el robo del móvil de su ex asesora en el Parlamento Europeo a finales de 2015, la filtración de mensajes contenidos en su interior publicados en la prensa en julio de 2016 y la aparición de una copia del volcado de éste en casa de José Manuel Villarejo- para presentarse como víctima de la trama policial del comisario hoy en prisión preventiva y obtener «algún tipo de ventaja electoral».

El magistrado sostiene que, bajo las instrucciones dadas por Iglesias y con el beneplácito de la dirección de la asesoría jurídica de Podemos, presentaron la desaparición del teléfono de Dina «como un encargo realizado por el Gobierno del PP al ex comisario Villarejo, para publicar en el digital OKdiario, en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos».

Comentar ()