España ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO

Por qué pide el juez que se investigue a Iglesias aunque la Audiencia le devolvió la condición de perjudicado

Manuel García-Castellón da por concluida la investigación del 'caso Dina' contra Villarejo y expone los indicios encontrados contra el vicepresidente al tribunal ante el que está aforado

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, envió este miércoles al Tribunal Supremo una exposición razonada con la que solicitó que se investigue al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por presuntos delitos de denuncia falsa, descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género y daños informáticos.

Considera que el líder de Podemos instrumentalizó la causa abierta en su Juzgado para investigar el robo del móvil de su exasesora en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, al saber que se encontró una copia del volcado de éste en casa del comisario Villarejo. El juez explica que Iglesias se presentó como víctima de la red del comisario para sacar un rédito político de ello inmediatamente después de publicarse en prensa (en Okdiario) mensajes entre miembros de Podemos contenidos en el interior del móvil.

Manuel García-Castellón basa sus sospechas ante el Supremo en que el líder de Podemos supo desde enero de 2016 que la propia Bousselham compartió los pantallazos de dichas conversaciones entre miembros del partido. Aún así, el líder de Podemos fue a declarar ante él, afirmó que Villarejo pudo estar tras el robo del móvil y filtrar los mensajes a la prensa para «perjudicarle» y encuadró la operación en una trama de las denominadas cloacas policiales del Estado que ya habían tratado de perjudicarle en ocasiones anteriores (con la difusión del informe falso Pablo Iglesias SA). Durante la campaña electoral, explotó el relato de las cloacas policiales contra él.

Podemos dice que se ha saltado a la Audiencia

Desde Podemos han criticado la decisión del instructor del ‘caso Dina’, afirmando que ha presentado el escrito ante el Supremo «sin pruebas materiales, reabriendo asuntos cerrados y saltándose a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía», afirmó el secretario de Programa, Pablo Echenique.

Se refería a que a mediados de septiembre la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional corrigió al instructor admitiendo el recurso de apelación de Iglesias contra la decisión de retirarle la condición de perjudicado o víctima en el caso y obligándole a devolvérsela.

En mayo, el juez tomó la decisión de retirarle dicha condición (compartida con la Fiscalía Anticorrupción, que lo solicitó previamente) tras declarar Dina Bousselham y reconocer que ella misma envió los pantallazos de las citadas conversaciones que se publicaron en prensa después de haber dicho lo contrario. Incurrió en otras contradicciones, como afirmar que nunca intentó acceder a la tarjeta móvil que le devolvió Iglesias a pesar de que antes había dicho que cuando se la dio no pudo hacerlo porque estaba dañada y pidió a una empresa su recuperación.

García-Castellón consideró que «no puede justificarse en este momento la ilicitud de la obtención ni de la publicación de dicha información por parte del medio digital Okdiario, o de sus responsables, como se sostuvo por la acusación particular» y consideró que los hechos «requieren un mayor esfuerzo probatorio» y «resulta apremiante averiguar a qué empresa llevó la tarjeta y determinar si esta llegó a realizar alguna actuación sobre la misma».

Calvente y la vía de la denuncia falsa

En ese momento, el instructor ya recababa indicios contra Iglesias de los presuntos delitos de revelación de secretos y daños informáticos por quedarse con la tarjeta de su asesora y devolvérsela dañada cuando lo hizo. Comenzó a sospechar también de que pudo haber una estrategia para utilizar la causa con una intención de rédito electoral. Entonces, citó a declarar al abogado expulsado de Podemos, José Manuel Calvente, que durante una entrevista en El Mundo dijo que el robo del móvil de Bousselham fue un «montaje» de la cúpula de Podemos para presentarse como víctimas de Villarejo. Precisamente la información que éste ofreció en el Juzgado es la que presenta el juez como indicios de un presunto delito de denuncia falsa contra Iglesias ante el Tribunal Supremo.

La Sala dijo que no es competente

El 16 de septiembre, los magistrados de la Sala de lo Penal dictaron que Iglesias debía mantener su condición de perjudicado en el caso Villarejo mientras continuara la investigación. Afirmaron que los indicios obtenidos apuntaban únicamente a Villarejo como líder de una organización criminal y que la difusión de los contenidos que se encontraron en su domicilio buscó «causar un quebranto al señor Iglesias».

Sobre los indicios que el juez comenzó a reunir contra Iglesias, la Sala consideró que se trataba de «meras hipótesis alternativas» y que los delitos que pudiera haber alrededor del «origen de las informaciones publicadas, así como la naturaleza y autoría de los desperfectos de la tarjeta que Iglesias entregó a Bouselham» no serían competencia de la Audiencia Nacional al haberse cometido presuntamente fuera de la organización criminal investigada y por personas ajenas a ésta.

Ahora el juez -que ya da por concluida su investigación por descubrimiento y revelación de secretos contra Villarejo y los dos periodistas de la revista Interviú que le entregaron la copia de la tarjeta de Bousselham continuando el procedimiento para juzgarles- presenta ante el Supremo los indicios que ha encontrado contra Iglesias por presunta denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos. Este sí sería el tribunal competente para investigarle como aforado y por eso García-Castellón remite en su exposición razonada los hechos que ha encontrado contra el vicepresidente en el curso de la investigación a Villarejo y que considera debería investigar la Sala de lo Penal del alto tribunal.

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