El mismo día en que anunciaba que Cataluña está entrando ya oficialmente en la segunda oleada de expansión de la pandemia del Covid-19, la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, ha reconocido que el servicio telefónico de emergencias médicas, el 061, vuelve a ser de cobro en esta comunidad.

Budó ha reconocido que las operadoras de telefonía están cobrando de nuevo por este servicio, que en la mayoría de las comunidades es gratuito, y ha asegurado que el Govern "hablará con las compañías telefónicas" para que el servicio vuelva a ser gratuito.

"Durante el confinamiento garantizamos la gratuidad, pero cuando cae el estado de alarma las operadoras volvieron a cobrar el servicio" ha reconocido Budó, quien ha apuntado que "estamos buscando una solución al tema y viendo cómo habilitar partidas económicas para cubrir el coste de este servicio y pendientes de encuentro con operadoras".

Lo cierto es que el pasado marzo, tras declararse el estado de alarma y colapsar el sistema de información telefónica de la sanidad catalana, que además es de pago, el vicepresidente Pere Aragonés anunció que la Generalitat asumiría el coste telefónico de esas llamadas, además de duplicar el número de operadores del servicio. El 061, señalado por los medios oficiales como puerta de acceso de los enfermos covid al sistema, se había convertido en un muro inútil, que empujaba a los enfermos a acudir a sus centros de atención primaria, ya saturados.

Pagan los enfermos

Ahora, el sistema de atención telefónica vuelve a dar muestras de agotamiento, al tiempo que el Govern ha dejado de pagar el coste de las llamadas, que vuelven a recaer en el usuario.

"El fin del estado de alarma no tiene nada que ver" advierte la portavoz sanitaria del PSC, Assumpta Escarp, quien señala que se trata únicamente de falta de voluntad política para asumir el coste de esas llamadas. "Tienen 1.300 millones de euros para el covid" recuerda Escarp en referencia a los fondos del Gobierno a las comunidades autónomas, para reclamar que inviertan una parte en un buen sistema de atención telefónica, a poder ser, desde los CAP.

El PSC ha presentado una batería de preguntas al Govern para cuestionar el coste de las llamadas al 061, además de la política laboral de Ferroser en este servicio. La compañía, a la que la Generalitat ha subcontratado el servicio de atención telefónica, ha cambiado a prácticamente todo su equipo con fecha 31 de agosto para no tener que hacerlos fijos, según los socialistas, perdiendo así a personal ya formado en la atención telefónica sobre el covid "en el peor momento".